Entrevistamos a la activista salvadoreña Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, quien desde España no deja de luchar por los derechos de las mujeres de su país y de toda Centroamérica.
¿Cómo surge tu activismo a favor de los derechos de las mujeres y el aborto?
Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz en 1992, después de la guerra, me uní a un grupo de mujeres llamado Las Dignas, del que sigo siendo socia hasta hoy. En esa organización comenzamos a identificar las necesidades y demandas de las mujeres que no habían sido tomadas en cuenta durante el conflicto. Entre ellas, la violencia contra las mujeres y el derecho al aborto aparecían como temas urgentes que necesitaban ser abordados.
En ese tiempo tuve la oportunidad de asistir a un encuentro feminista en Argentina, donde participé en un taller sobre aborto. En ese espacio se acordó declarar el 28 de septiembre como el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. A partir de ahí empecé a comprender con mayor profundidad los problemas que enfrentamos las mujeres en torno a este tema, tanto en nuestra realidad como en mi propia vida.
Si quieres entender mejor por qué el aborto es también una cuestión de derechos humanos, puedes leer este artículo sobre la relación entre aborto y derechos humanos.
¿Cómo se puede hacer activismo y defender los derechos humanos de las mujeres en El Salvador desde fuera del país?
Tengo muchos vínculos con organizaciones feministas de la región. Llevamos años trabajando en esta clave regional, formo parte de redes y he apoyado a diferentes organizaciones de la región. Por eso puedo hacer activismo dentro y fuera, por esos vínculos construidos a lo largo de los años.
¿Qué medidas reclamáis al gobierno de El Salvador para garantizar los derechos de las mujeres?
En este momento, El Salvador mantiene una prohibición absoluta del aborto, una de las legislaciones más restrictivas del mundo. Las mujeres siguen siendo procesadas y condenadas incluso por abortos espontáneos o emergencias obstétricas. El Estado se comprometió a cambiar esta situación tras el caso de Manuela, una mujer condenada a 30 años de prisión que murió encarcelada, pero los avances siguen siendo mínimos.
Lo más urgente ahora es detener los procesos judiciales contra mujeres que enfrentan emergencias obstétricas. Durante un tiempo logramos que todas las mujeres presas por estos casos fueran liberadas, pero recientemente han vuelto a encarcelar a algunas de ellas.
Además, seguimos luchando por la despenalización del aborto, por la implementación de políticas públicas que protejan y acompañen a las mujeres, y por la educación integral en sexualidad, que hoy prácticamente ha desaparecido del sistema educativo.
¿Qué supone el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Manuela?
Ha sido un triunfo, la verdad. La Corte reconoció que la criminalización se produce cuando son mujeres pobres. No hay casos de mujeres con recursos acusadas por emergencias obstétricas, todas viven en situación de pobreza. Y esta criminalización ocurre en el contexto de la penalización absoluta. Además, estableció medidas de reparación para su familia, para sus hijos, y también medidas de no repetición. Estas medidas tienen que ver con protocolos no criminalizadores, asegurar el respeto al secreto médico y formación al personal.
Lamentablemente, no estamos consiguiendo que se respete ese secreto profesional: las mujeres siguen llegando a los hospitales en busca de asistencia médica y acaban como sospechosas de haberse practicado un aborto e inmediatamente son denunciadas. Hay un ambiente punitivo contra las mujeres, y este clima está exacerbado por el ‘régimen de excepción’.
¿Qué nos cuenta el documental, Imelda no está sola, que has presentado en Madrid?
Este documental de la cineasta salvadoreña Paula Heredia cuenta la historia de una muchacha que tuvo una emergencia obstétrica, tuvo un parto espontáneo en su casa, la trasladan al hospital y allí mismo la apresan, le llegan a esposan a la camilla. El documental se inicia con imágenes de Imelda en el hospital, los dos años que estuvo en la cárcel y la lucha por su liberación.
Por eso se llama Imelda no está sola, porque si hubiera estado sola seguramente estaría en la cárcel. Y también se cuenta el apoyo que recibe de mujeres activistas feministas para que rehaga su vida después de la cárcel. Ella se logra graduar y se puede ver ese proceso. Es un documental que narra una realidad muy dura, que todavía sigue existiendo, pero al mismo tiempo, da esperanzas.
¿Cómo ves el futuro de los derechos sexuales y reproductivos, y de los derechos humanos en general, en El Salvador?
Estamos atravesando un momento complejo, pero tengo la esperanza de que el autoritarismo no será eterno. No puedo decir que mi esperanza tenga un plazo definido, porque sería irreal, pero confío profundamente en que la gente joven va a reaccionar y va a exigir cambios.
No es una situación exclusiva de El Salvador. En Nicaragua también se han negado los derechos civiles y los derechos sexuales y reproductivos; en Honduras el aborto sigue penalizado con un candado constitucional, y ahora incluso buscan prohibir la anticoncepción de emergencia. En República Dominicana aún no se reconoce ninguna causa para la despenalización.
Vivimos en un entorno centroamericano muy duro y restrictivo, que parece querer convertirse en modelo de control sobre los cuerpos y las libertades de las mujeres. Pero estoy convencida de que esto no será para siempre. La resistencia, la conciencia y la organización de las mujeres y de las nuevas generaciones van a abrir caminos de libertad y justicia.
¿Qué podemos hacer tanto desde la sociedad civil como desde el Gobierno de España para que se produzcan avances en estas cuestiones?
Es importante poner atención, mirar, señalar ‘estamos viendo la situación de las mujeres’. En el caso de El Salvador hay un gobierno al que le importa lo que se diga. Así que contar lo que está pasando puede tener un efecto de rectificación, no total, pero sí de algunos casos. Nos hemos encontrado que en algunos juicios, jueces o fiscales nos dicen ‘no queremos que vuelva a pasar lo de Manuela…’.
Si la sociedad civil, las organizaciones, el gobierno español… ponen atención a esos problemas y dicen públicamente ‘estamos viendo lo que está pasando’ creo que puede tener una repercusión positiva para las mujeres.
