Donald Trump ha adoptado una serie de decisiones, a través de órdenes ejecutivas y otras medidas, que nos han generado una profunda preocupación.
Aunque confiamos en que algunas de estas medidas terminen siendo anuladas por su carácter anticonstitucional, por contradecir leyes estadounidenses o incluso por decisión del propio Congreso, el impacto va más allá de su posible implementación. Los mensajes que transmiten y las ideas que refuerzan permanecen en el imaginario colectivo, perpetuando patrones de pensamiento que tienden a normalizarlas. Esto no solo abre la puerta a que sean percibidas como necesarias, sino que también pone en riesgo derechos que hasta ahora considerábamos logros sociales establecidos.
Aplicación de la pena de muerte, siempre que sea posible
La orden ejecutiva comienza con la afirmación, repetidamente desacreditada, de que la pena de muerte es una "herramienta para disuadir [...] los crímenes más atroces".No existen pruebas que respalden que la pena de muerte sea más efectiva que la prisión para reducir el crimen. Según esta directriz, el Fiscal General debe solicitar la pena de muerte para delitos graves, especialmente en casos de asesinato de agentes de la ley y crímenes capitales cometidos por personas extranjeras en situación irregular. Además, establece que los estados con pena capital deben asegurarse de contar con los medicamentos necesarios para llevar a cabo ejecuciones mediante inyección letal.
No podemos estar más en desacuerdo con esta decisión, ya que Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia y condición. Ejecutar a una persona implica negarle el derecho a la vida, tal y como lo proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Estados Unidos, se ha demostrado que las personas pobres o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas tienen más probabilidades que el resto a ser condenadas a muerte por el mismo delito, debido a la discriminación presente en el sistema judicial. A esto hay que añadir que estos colectivos suelen tener más dificultades para acceder a los recursos legales necesarios para defenderse. Otro argumento contra la pena de muerte es el riesgo de ejecutar a personas inocentes. Según el Death Penalty Information Center (DPIC), desde 1973, al menos 200 personas han sido exoneradas del corredor de la muerte. En algunos casos, la absolución llegó cuando ya habían sido ejecutadas.
Retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Campaña de vacunación contra la poliomielitis en Deir al Balah, Gaza. La campaña está siendo llevada a cabo por el Ministerio de Salud de Palestina en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones. © Naaman Omar \ apaimages/SIPA/2409011216
Esta medida representa una decisión que afecta al principal organismo internacional encargado de apoyar la salud pública mundial. La OMS implementa numerosos programas para prevenir, controlar y tratar enfermedades como el ébola, el sarampión, la malaria, el VIH/sida, la diabetes, las cardiopatías, el cáncer, entre otras, y desempeñó un papel crucial durante la pandemia de COVID-19. Según la orden, esta medida se justifica por "la mala gestión de la COVID-19 y otras crisis sanitarias globales, su incapacidad para adoptar reformas que demuestren su independencia y los pagos desproporcionados que exige a Estados Unidos en comparación con otros países".
Con esta decisión, el presidente Trump muestra un claro desprecio por la salud pública mundial y por la cooperación internacional necesaria para abordar los desafíos de salud global. Históricamente, Estados Unidos ha sido uno de los mayores financiadores y un socio clave de la OMS, contribuyendo a garantizar que exista una organización capaz de promover la salud, proteger al mundo y trabajar para que todas las personas, independientemente de sus circunstancias, puedan acceder a este derecho humano.
Esta decisión tendrá consecuencias devastadoras para la salud pública, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. La pandemia de COVID-19 es un claro recordatorio de que las enfermedades no respetan fronteras. La OMS es la institución mejor equipada para responder a emergencias sanitarias globales, y la retirada de la financiación y participación de Estados Unidos amenaza con poner en peligro los derechos y las vidas de millones de personas en todo el mundo, incluida la propia ciudadanía estadounidense. Además, esta decisión podría influir negativamente en cómo la población percibe los esfuerzos necesarios para defender la salud pública y la capacidad de las instituciones para llevar a cabo campañas destinadas a proteger la sociedad.
Retirada del Acuerdo de París
Un incendio de rápido movimiento estalló en el condado de Los Ángeles. © Chine Nouvelle/SIPA/2501231013
Esta medida que afecta al tratado internacional más ambicioso hasta la fecha en materia de cambio climático, representa un grave retroceso en la lucha global contra el calentamiento global. Según el acuerdo, Estados Unidos se había comprometido a reducir entre un 61% y un 66% sus emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2035, tomando como referencia los niveles de 2005, un objetivo clave para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2°C. Sin embargo, al abandonar el acuerdo, este objetivo se aleja, lo que no solo agrava la crisis climática, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales como el acceso a alimentos, agua y vivienda.
El cambio climático ya es una amenaza significativa para los derechos humanos. Genera hambre, desplazamientos masivos, pobreza y desastres humanitarios a una escala sin precedentes. Los recientes incendios forestales en California y los devastadores huracanes en Carolina del Norte son claros ejemplos de cómo el cambio climático está afectando directamente a los estadounidenses. A pesar de ello, parece que este mensaje no termina de calar en algunos sectores de la sociedad y del liderazgo político. Como segundo mayor emisor de carbono del mundo, Estados Unidos tiene una responsabilidad histórica y moral de liderar la transición hacia una economía global de cero emisiones. Su retirada del Acuerdo de París no solo incumple este deber, sino que además envía un mensaje negativo a otros líderes mundiales, dificultando la cooperación global necesaria para mitigar los efectos.
Las consecuencias de esta inacción son alarmantes: si no se toman medidas contundentes, se estima que la crisis climática provocará alrededor de 250.000 muertes anuales entre 2030 y 2050, causadas por malaria, malnutrición, diarrea y golpes de calor. Además, con un aumento de solo 2°C en la temperatura media global, más de 1.000 millones de personas verán drásticamente reducidos sus recursos hídricos, lo que podría llevar a al menos 600 millones de personas adicionales al borde de la hambruna para 2080, especialmente en los países de África Subsahariana. También se prevé que el cambio climático y los desastres naturales asociados desplacen a 1.200 millones de personas en todo el mundo para 2050, creando una crisis humanitaria de dimensiones nunca vistas.
Esta retirada no solo es un paso atrás para Estados Unidos, sino también para la humanidad, que necesita una acción climática concertada y decidida para hacer frente a los desafíos del siglo XXI. La inacción en este momento crítico no solo pone en peligro al planeta, sino que también hipoteca el futuro de millones de personas, incluidas las generaciones venideras.
Prórroga para TikTok
(Orden ejecutiva sobre la “Aplicación a Tiktok de la ley de protección de los estadounidenses frente a aplicaciones controladas por adversarios extranjeros”).
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Tribunal Supremo que suspendiera una ley que amenazaba con prohibir TikTok en Estados Unidos antes de su investidura oficial, el 20 de enero, a menos que la empresa china propietaria de la app la vendiera el 28 de diciembre de 2024. © Yassine Mahjoub/SIPA/2412301214
Tanto TikTok, Google y Meta, entre otras empresas gestionadas por diversos países y personas, controlan los principales canales que se utilizan en internet. Su modelo de negocio se basa en la vigilancia, es decir, cuanto más tiempo pasamos en sus plataformas, más datos recopilan y mayores son sus ganancias. Esto, por un lado, viola el derecho a la privacidad y genera un efecto en cadena que pone en riesgo otros derechos fundamentales, desde la libertad de expresión y opinión hasta la libertad de pensamiento y el derecho a la no discriminación. Por otro lado, fomenta la amplificación de contenido incendiario y de odio, que afecta de manera desproporcionada a mujeres y a grupos históricamente marginados, como minorías étnicas o religiosas, personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
Restaurar la “verdad biológica”
Este es el “curioso” título de la orden ejecutiva que establece que solo se van a reconocer el género masculino y femenino, borrando el resto de identidades. Desgraciadamente, el discurso homófobo y tránsfobo de Trump no cae en el vacío. En Estados Unidos, se ha documentado que la población LGBTIQ+ tiene una probabilidad nueve veces mayor que la población no LGBTIQ+ de ser víctima de delitos de odio con violencia. Además, la aprobación de legislación estatal contra la comunidad LGBTIQ+ sigue en aumento. En 2023, se aprobaron 84 proyectos de ley anti-LGBTIQ+, cuadruplicando la cifra de 2022. Esto refleja una creciente tendencia a promulgar leyes que limitan o eliminan de facto los derechos de este colectivo.
La medida de Trump fomenta un clima de intolerancia y discriminación contra la diversidad sexual de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, e incluso alienta la violencia contra esas personas. La creciente tendencia a atacar los logros alcanzados por los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+ en las Américas se encontrará con una férrea resistencia y solidaridad, desde el extremo norte hasta el extremo sur del continente.
Restablecer la libertad de expresión
Según esta orden ejecutiva durante la administración Biden el gobierno “pisoteó los derechos de libertad de expresión censurando la expresión de los estadounidenses en plataformas en línea […] Bajo el pretexto de combatir la «desinformación", el Gobierno Federal infringió los derechos de expresión constitucionalmente protegidos de la ciudadanía estadounidense, de manera que promovió la narrativa preferida por el Gobierno sobre asuntos importantes del debate público.
Esta directiva se interpreta como una respuesta a la presión que la administración Biden ejerció sobre las empresas de redes sociales para que eliminaran contenido que consideraba desinformativo, especialmente en relación con la COVID-19 y las elecciones. Sin embargo, la orden contradice una decisión del Tribunal Supremo, que el año pasado dictaminó que el gobierno de Estados Unidos puede comunicarse con las empresas de redes sociales para informarles sobre la desinformación que circula en sus plataformas.
Amnistía Internacional ha trabajado desde sus inicios en defensa de la libertad de expresión en todos los países que monitorea. Sin embargo, esta orden ejecutiva, en su planteamiento y espíritu, podría tener consecuencias negativas, como reforzar la desinformación, fomentar la violencia contra las personas más vulnerables y facilitar agresiones e insultos. Además, decisiones recientes de algunas redes sociales, como Meta (propietaria de Facebook e Instagram), de reducir el uso de verificadores de datos cuestionan aún más el impacto de esta medida.
Acabar con el uso político del gobierno federal
En esta orden ejecutiva se acusa a la administración previa de usar agencias federales, incluyendo organismos de inteligencia y fuerzas del orden, para atacar a opositores políticos mediante investigaciones, procesos judiciales y otras acciones.
El poco respeto a la independencia entre estamentos y poderes y el uso arbitrario del poder acerca a la administración Trump a gobiernos tan poco ejemplares como Venezuela, Cuba o Nicaragua.
Desde Amnistía Internacional seguiremos demandando la libertad de expresión y asociación, la protección del espacio de la sociedad civil y de las personas que defienden los derechos humanos.
Reajuste del programa de admisiones de personas refugiadas
Un grupo de migrantes llegó al cruce fronterizo 'Paso del Norte', con la esperanza de cumplir con sus citas originalmente programadas a través de CBP One, a pesar de que fueron canceladas por Trump. © Alice MORITZ/SIPA/2501221137
Con este viraje lingüístico se suspende el programa de admisión de personas refugiadas, estableciendo un plazo de 90 días para analizar si la reanudación de la entrada “redundaría en interés de los Estados Unidos”. La suspensión ha sido tan tajante que hay personas que se han quedado con el asilo concedido y los billetes de avión comprados varados fuera de EEUU. Es evidente que los obstáculos a la admisión legal y organizada de las personas refugiadas no solo agravan el caos y la crisis humanitaria en la frontera, sino que también aumentan los cruces ilegales, poniendo en peligro la vida de quienes los intentan.
Esta medida fortalecerá el poder y el negocio de los coyotes, hará que algunas personas permanezcan en situaciones de riesgo y generará un declive económico en empresas y ciudades revitalizadas por la mano de obra de comunidades refugiadas.
Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense
En otras palabras, fin de la nacionalidad por nacimiento. A pesar de que la constitución de EEUU dice que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”, Trump pretende retirar la nacionalidad a las personas nacidas en EEUU cuyos progenitores no tengan permiso para residir en el país o cuya estancia sea solo temporal. Esta medida pone en riesgo de apatridia —la condición de no tener ninguna nacionalidad reconocida— a muchas personas que quedarían en situación de indefensión, con serios obstáculos para ejercer derechos como el de la salud, la educación y un empleo digno. Además, el derecho a una nacionalidad está consagrado en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
Esta orden presidencial contradice directamente la Constitución de EEUU, tanto es así que un juez ya ha emitido una suspensión temporal de la medida y los fiscales generales de 22 estados ya han presentado un recurso judicial contra su implementación.
Un helicóptero sobrevuela el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, intensificando la vigilancia fronteriza tras la toma de posesión de Donald Trump. © Alice Moritz/SIPA Press/SIPA
Listado de más órdenes ejecutivas de Trump referente a la migración:
- Congelación normativa pendiente de revisión
- Declaración de emergencia nacional en la frontera de los Estados Unidos
- Clarificación del papel de las Fuerzas Armadas en la protección de la integridad territorial de los Estados Unidos
- Garantizar la seguridad de nuestras fronteras
- Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión
- Garantizar la protección de los estados contra las invasiones
- Proteger a los Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública
Esta orden ejecutiva es extensa, preocupante y totalmente coherente con el historial de Trump durante su primera administración, marcada por declaraciones xenófobas y promesas de deportaciones masivas, declaración de emergencia nacional, detenciones arbitrarias y deportaciones sin el debido proceso. La medida se basa en la premisa falsa de que existe una “crisis sin precedentes en la frontera sur del país” debido a la “entrada masiva de migrantes indocumentados” en los últimos cuatro años.
Amnistía Internacional considera violatoria del derecho internacional cualquier medida que no garantice que sus leyes, políticas y prácticas no ponen en un peligro mayor de sufrir abusos contra los derechos humanos a las personas migrantes y las que buscan seguridad. Las deportaciones masivas privarán a las personas de la oportunidad de pedir protección, las someterá a detención arbitraria, devolverá a las personas a situaciones de peligro, separará a familias, destrozará comunidades, someterá a personas al uso de perfiles raciales, propagará el miedo y socavará la seguridad, prosperidad y dignidad humanas.
Expulsión de personas venezolanas a El Salvador desde EE.UU.
La expulsión de 238 personas venezolanas desde EE.UU. a El Salvador, pese a una orden judicial que lo prohibía, representa una grave violación del derecho internacional de derechos humanos. Muchas de estas personas estaban protegidas por tratados internacionales, en proceso de asilo o sin antecedentes penales, y fueron expulsadas de forma arbitraria y sin el debido proceso legal.
Estas expulsiones no son deportaciones formales, sino traslados forzosos para ser encarcelados en condiciones inhumanas en El Salvador, país que atraviesa una grave crisis de derechos humanos bajo el régimen del presidente Bukele. Amnistía Internacional ha documentado tortura, hacinamiento, falta de atención médica y más de 300 muertes bajo custodia estatal en centros como el CECOT.
La conexión entre las políticas migratorias recientes de EE.UU. y el modelo autoritario de “seguridad” de El Salvador es alarmante: ambos criminalizan a personas en situación vulnerable con base en prejuicios como tener tatuajes o provenir de ciertas regiones. Esta práctica vulnera el principio de no devolución, que prohíbe trasladar a personas a países donde corren riesgo de sufrir tortura u otros abusos.
Amnistía Internacional pide a EEUU, El Salvador y otros países americanos poner fin a programas de deportación y traslado injustos, al gobierno salvadoreño restablecer el debido proceso y garantizar los derechos de todas las personas detenidas; a EEUU devolver a las personas expulsadas, acatar las decisiones judiciales y suspender los programas de detención y deportación masiva, así como restituir el derecho al asilo.
Prohibir que las niñas y mujeres transgénero compitan en equipos deportivos
Para Amnistía Internacional este no es más que otro cruel ataque contra las personas transgénero que tiene como objetivo estigmatizar y discriminar aún más a las personas LGBTIQ+. Las personas transgénero, como cualquier otra persona, deben poder ejercer sus derechos humanos para poder participar plenamente en el deporte con seguridad y dignidad. La vigilancia de quién puede y quién no puede practicar deporte podría llevar a la realización de pruebas invasivas problemáticas a todos los deportistas.
© Michael Nigro/PACIFIC PRE/SIPA
Reinstauración de ley mordaza global
Al reinstaurar y ampliar la “ley mordaza mundial”, el presidente Trump ha puesto en peligro a propósito la vida de millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas, y ha sumido la atención sanitaria reproductiva mundial en el caos más absoluto. Las consecuencias de la ley mordaza global del presidente Trump no son teóricas. Como vimos en su primera administración, esta medida tiene como consecuencia bloquear el acceso a la anticoncepción necesaria, forzar más abortos inseguros y aumentar las tasas de mortalidad materna. Es un ataque a los derechos humanos que causará daños devastadores para las personas de todo el mundo que necesitan atención sanitaria reproductiva. El acceso a la atención sanitaria es un derecho humano, y esta decisión de la administración Trump socava ese derecho.
Paralización de la ayuda exterior y desmantelamiento de USAID
La sorprendente decisión de la administración Trump de dictar órdenes de paralización de la ayuda exterior es muy preocupante, dado el impacto que tiene en tantos programas fundamentales, desde los que protegen a los defensores de los derechos humanos o ayudan a las personas a buscar seguridad hasta los que proporcionan asistencia sanitaria crítica y previenen atrocidades, y muchos más. El alcance total de los daños y el impacto en los derechos humanos de esta decisión tardará algún tiempo en comprenderse plenamente, pero hay vidas literalmente en juego y la administración Trump debe revertir el curso urgentemente. El abrupto desmantelamiento de USAID, la agencia de Estados Unidos de cooperación, pone en mayor riesgo los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo. USAID proporciona la financiación y gestiona los esfuerzos para la ayuda humanitaria crítica, el apoyo a quienes buscan seguridad, para que los gobiernos proporcionen educación básica, servicios de salud, saneamiento y mucho más. Gobiernos de todo el mundo están mejor equipados para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos gracias a los recursos técnicos y financieros que proporciona USAID.
Suministros de emergencia llegan desde el almacén de emergencia de USAID. Los suministros son transportados por el ejército estadounidense a zonas de difícil acceso. © Departamento de Estado/Sipa USA)/sipausa 12401158
Retirada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Estados Unidos ni siquiera es miembro titular del Consejo de Derechos Humanos de la ONU así que retirarse del mismo solo demuestra el desprecio por los derechos humanos y la cooperación internacional del Presidente Trump, aunque con esta medida se debiliten los intereses estadounidenses. El mundo necesita la cooperación multilateral en torno a intereses compartidos, especialmente la protección de los derechos humanos. Las instituciones internacionales seguirán funcionando, ya sea con Estados Unidos o sin él, pero parece que el presidente Trump no está interesado en tener un asiento en esa mesa para dar forma a las normas y políticas del futuro, o incluso para proteger los derechos humanos de las personas en Estados Unidos.
Sanciones contra la Corte Penal Internacional (la CPI)
No por anunciada esta medida es menos chocante: Estados Unidos castigará a una institución que garantiza que los individuos más responsables de cometer atrocidades no puedan escapar a la justicia. La CPI desempeña un papel vital al investigar crímenes de derecho internacional, a menudo cometidos por los individuos más poderosos, en situaciones en las que -sin su participación- los perpetradores se beneficiarían de una impunidad perpetua. Es un paso brutal que busca socavar y destruir lo que la comunidad internacional ha construido laboriosamente durante décadas, si no siglos: reglas globales que son aplicables a todos y tienen como objetivo impartir justicia para todos. Las sanciones constituyen otra traición a nuestra humanidad común.
Las sanciones son una afrenta a los 125 Estados miembros que han decidido colectivamente que la Corte debe ser capaz de hacer justicia de manera efectiva, lo que significa que debe ser capaz de llevar a cabo funciones judiciales independientes, como dictar órdenes de detención, por ejemplo, contra Benjamin Netanyahu o Vladimir Putin.
Las sanciones impuestas darán alas a los perpetradores de violaciones de derechos humanos, presentes y futuros. Repercutirán negativamente en los intereses de todas las víctimas del mundo y de quienes acuden a la Corte en busca de justicia en todos los países en los que lleva a cabo investigaciones, como Darfur, Libia, Filipinas, Palestina, Ucrania y Venezuela. Ningún responsable de crímenes de derecho internacional debe ser protegido o ayudado en sus intentos de escapar a la rendición de cuentas individual, y menos aún con la ayuda del gobierno de Estados Unidos basada en las alianzas políticas del presidente Trump.
En un momento histórico en el que asistimos a un genocidio contra los palestinos en Gaza, a la agresión de Rusia contra Ucrania y en el que el Estado de derecho mundial se ve amenazado desde múltiples frentes, instituciones como la Corte son más necesarias que nunca para promover la protección de los derechos humanos, prevenir futuras atrocidades y garantizar la justicia para las víctimas.
Recortes del 50% en el Departamento de Educación
Departamento de Educación de los Estados Unidos
El Departamento de Educación ha anunciado el 11 de marzo que recortará a cerca del 50 por ciento de su plantilla. Trump ya dijo en campaña que eliminaría “a los radicales, fanáticos y marxistas que se han infiltrado en el Departamento de Educación federal”.
El Departamento de Educación gestiona múltiples programas federales y supervisa la aplicación de las protecciones de los derechos civiles que trabajan para garantizar que todos los y las estudiantes –independientemente de su raza, género, riqueza, (dis)capacidad, estatus migratorio y otros factores– no sufran discriminación y tengan acceso a la educación. Hacer recortes en este departamento significa debilitar estas protecciones. La administración, haciendo caso omiso de su obligación de garantizar el acceso al derecho a la educación, sabe que quienes provienen de sectores marginados serán los más perjudicados por esta medida. Si bien la educación es un derecho humano en sí mismo, es también un factor de empoderamiento, indispensable para el disfrute de otros derechos humanos, como la capacidad de participar activamente en la vida política del país. Una ciudadanía educada representa una amenaza solo para aquellos gobiernos que buscan restringir las libertades fundamentales.
El cierre de Radio Free Asia: un golpe a la libertad de prensa
Sede de Voice of America, Washington. © Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/Shutterstock
La decisión del ex presidente Trump de cerrar Radio Free Asia (RFA) y otros medios financiados por el gobierno de EE.UU., como Voz de América y Radio Martí, representa un grave retroceso para la libertad de prensa, especialmente en regiones como Asia y Oceanía, donde estos medios eran una de las pocas fuentes de información independiente. RFA ha sido crucial para visibilizar violaciones de derechos humanos en países como Corea del Norte, China, Myanmar y Vietnam, a menudo arriesgando la vida de sus fuentes.
Esta medida ha sido celebrada por gobiernos autoritarios como los de China y Camboya, quienes ven en el cierre una victoria contra la prensa libre. El régimen chino, por ejemplo, mantiene a su población aislada de Internet global y bombardeada con propaganda estatal, mientras que RFA ofrecía una ventana al mundo exterior. La ironía es que Trump tacha estos medios de “propaganda radical”, cuando históricamente han contrarrestado precisamente eso.
El cierre debilita el poder blando de EE.UU. y su papel como defensor de los derechos humanos. También silencia las voces de personas como el pescador norcoreano que fue ejecutado por escuchar RFA en secreto. La pérdida de estos medios implica menos acceso a la verdad, más impunidad para los abusos y un mundo más cerrado para millones de personas que dependen de la prensa libre para conocer la realidad.
El papel de Amnistía Internacional
Nuestra misión en Amnistía Internacional es defender los derechos humanos en cualquier lugar del planeta. Seguiremos movilizando a millones de personas comprometidas de todo el mundo para garantizar que estén protegidos, sin importar quién ocupe la Casa Blanca. Cuando un gobierno promete promover políticas contrarias a los derechos humanos es muy importante esta movilización. Especialmente en este caso, porque sabemos que el impacto de la política de Estados Unidos en los derechos humanos puede tener el efecto de una onda expansiva tanto en el resto del continente americano como en el resto del mundo. Ahora más que nunca es crucial poner la defensa de los derechos humanos en el centro y, por ello, seguiremos analizando la acción del gobierno del presidente Trump y denunciando todas las violaciones de derechos humanos que se puedan producir.
