Cuando una mujer alza la voz para defender derechos (como periodista, activista, feminista o defensora de los derechos sexuales y reproductivos) sabe que puede convertirse en blanco de insultos, amenazas, acoso y hostigamiento. La violencia no ocurre solo en redes sociales, se manifiesta también en el espacio público, en los medios, en las instituciones y, en muchos casos, en forma de persecución, criminalización o agresiones.
No se trata de hechos aislados. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, llevamos años documentando cómo el hostigamiento y la violencia digital contra las mujeres que participan en la vida pública están creciendo en todo el mundo. Por eso queremos que este 8M hablar de igualdad también implique actuar frente a esa realidad y defender a quienes siguen alzando su voz pese a todo.
Por qué el 8M de hoy es también una lucha contra la violencia digital y el acoso
Cada vez que la igualdad avanza, también lo hace la reacción en contra. No siempre empieza con una ley ni con una decisión política: a menudo comienza con burlas, desinformación y discursos que cuestionan el derecho de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ a estar y participar en el espacio público.
En los últimos años, esta oposición se ha intensificado en un contexto marcado por el auge de prácticas autoritarias y por el uso de la incitación a la violencia como herramienta de movilización. La tecnología y las redes sociales amplifican ese clima, multiplicando la desinformación y las campañas de acoso, especialmente en periodos electorales, y consolidando entornos cada vez más hostiles.
Miles de personas se movilizan en Milán por los derechos de las mujeres. En el centro, un cartel recuerda que “la vergüenza debe cambiar de lado”. Las protestas visibilizan la violencia de género, incluido el acoso y la violencia digital contra mujeres que participan en la vida pública. © Nicola Marfisi/AGF/SIPA
Los retrocesos son profundos y tienen consecuencias reales
En Afganistán, los talibanes han impuesto restricciones tan graves que constituyen persecución por motivos de género. Han expulsado prácticamente a las mujeres de la vida pública y les han negado derechos básicos como la educación secundaria y superior o el trabajo en la mayoría de sectores.
En Irán, la represión contra mujeres y niñas que desafían las leyes abusivas sobre el uso obligatorio del velo se ha intensificado, incluyendo el uso de vigilancia digital y fuerzas de seguridad para castigar su presencia en el espacio público.
En Cuba, organizaciones de derechos humanos han denunciado que mujeres activistas y críticas con el gobierno son sometidas a formas específicas de represión que constituyen violencia estatal de género. Estas incluyen desnudos forzados y registros corporales invasivos, estigmatización por motivos de género, edad u orientación sexual, y la instrumentalización de la maternidad, los cuidados o las amenazas contra familiares como formas de presión y castigo.
En Argentina, desde la llegada al poder de Javier Milei, se han desmontado estructuras estatales clave para la igualdad de género, como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y se han recortado de forma drástica los presupuestos destinados a la prevención y atención de la violencia de género. Al mismo tiempo, el discurso oficial ha cuestionado derechos ya reconocidos, como el aborto legal, contribuyendo a un clima de estigmatización hacia el movimiento feminista y hacia quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos.
En este contexto, el 8M no es solo una fecha simbólica. Es también una respuesta frente a un clima que normaliza el odio y pone en riesgo avances que costaron décadas de lucha. Cuando se cuestiona la igualdad no solo se discuten políticas públicas: se disputa el derecho de las mujeres a estar, participar y decidir sobre sus propias vidas.
Del espacio digital a la calle: las múltiples formas de violencia contra las mujeres que opinan
Para muchas mujeres, el ataque empieza con una notificación. Un insulto. Después llegan decenas. O cientos. Amenazas de violación, mensajes que cuestionan su capacidad profesional, campañas coordinadas para desacreditarlas. Lo que parece una sucesión de comentarios aislados es, en realidad, una forma de violencia de género que se despliega tanto en el espacio digital como fuera de él.
La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer advirtió que la violencia online no puede considerarse un fenómeno aislado, ya que reproduce y amplifica desigualdades de género existentes y tiene consecuencias reales para los derechos humanos, por lo que debe abordarse como una forma de violencia de género.
Investigaciones de Amnistía Internacional confirman esa realidad. Las mujeres que participan en el debate público reciben niveles desproporcionados de abusos y amenazas en redes sociales. En el informe #ToxicTwitter, Amnistía documentó cómo estos ataques generan un impacto directo en la libertad de expresión y cómo muchas mujeres terminan autocensurándose, reduciendo su presencia pública o abandonando plataformas para proteger su seguridad y su salud mental.
La violencia tampoco afecta por igual a todas las mujeres. La iniciativa Troll Patrol, desarrollada por Amnistía junto con Element AI, evidenció que las mujeres negras y, en general, las mujeres racializadas, tienen muchas más probabilidades de recibir mensajes abusivos o problemáticos que las mujeres blancas.
Además del acoso masivo, la tecnología se ha utilizado como herramienta de vigilancia y control. Amnistía ha documentado el uso de programas espía altamente intrusivos, como Pegasus, contra activistas mujeres y personas LGBTIQ+ en países como Tailandia. La amenaza de estar siendo vigiladas, de que su información privada pueda ser utilizada en su contra, genera un fuerte efecto disuasorio y ha llevado a algunas a limitar o abandonar su activismo por miedo a represalias.
El resultado es un entorno que desgasta, intimida y silencia. No se trata solo de comentarios ofensivos en internet, sino de un entramado de acoso, amenazas y vigilancia que busca restringir el derecho de las mujeres a participar en la vida pública en igualdad de condiciones.
Una activista toma la palabra con un megáfono. Alzar la voz por la igualdad y contra la violencia de género sigue implicando riesgos, desde el hostigamiento en redes hasta la persecución en el espacio público. © Nicola Marfisi/AGF/SIPA
Cuando hablar en público tiene consecuencia: historias que lo muestran
Los datos y los informes dibujan una tendencia global, pero detrás de esas cifras hay vidas concretas. Mujeres que han sido detenidas, vigiladas, amenazadas o castigadas por hablar, por opinar o por defender derechos.
En Marruecos, la activista feminista y cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI), Ibtissame “Betty” Lachgar, fue detenida y posteriormente condenada por “ofender al islam” tras publicar en redes sociales una fotografía con una camiseta con el lema “Allah is lesbian”, acompañada de comentarios críticos con la religión y el patriarcado. Su caso ilustra cómo las leyes de blasfemia y la presión de sectores conservadores se utilizan para castigar y disciplinar a mujeres que cuestionan normas religiosas y de género, enviando un mensaje disuasorio a otras activistas que ejercen pacíficamente su libertad de expresión.
En Arabia Saudí, la instructora de fitness y activista por los derechos de las mujeres Manahel al Otaibifue condenada a 11 años de prisión por sus publicaciones en redes sociales en las que apoyaba los derechos de las mujeres, cuestionaba el sistema de tutela masculina y se mostraba en público sin abaya. Según documentación de Amnistía Internacional, fue procesada en virtud de la legislación antiterrorista y de delitos informáticos y llegó a ser víctima de desaparición forzada y malos tratos en prisión. Su caso refleja cómo el castigo ejemplarizante contra mujeres que usan las redes para reclamar derechos busca silenciarlas a ellas y disuadir a otras de hacer lo mismo.
En Argentina, periodistas y comunicadoras que abordan temas como el aborto legal, los feminicidios o la violencia de género sufren niveles especialmente altos de violencia digital, con insultos, amenazas y campañas coordinadas de hostigamiento. Investigaciones recientes muestran que una parte significativa del sector ha sufrido ataques en internet y que las mujeres son blanco frecuente de agresiones sexistas vinculadas a su trabajo.
El mensaje final es el mismo: hablar tiene consecuencias. El objetivo no es solo castigar a una mujer concreta, sino enviar una advertencia al resto para que sepan que opinar, participar o defender derechos puede convertirse en un riesgo personal.
En Barcelona, el 8M vuelve a llenar las calles para exigir igualdad y rechazar la cultura de la violación. “Mi vestido no es corto, tu educación sí”: un mensaje contra la culpabilización de las mujeres y contra todas las formas de violencia machista, también la digital. © SOPA Images/SIPA
Qué deben hacer los gobiernos frente al auge de las prácticas autoritarias y la violencia de género
Los Estados no son espectadores ante esta situación y tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia de género, incluida la que se comete y se amplifica en espacios públicos y a través de tecnologías y plataformas digitales.
Esto implica, en primer lugar, abstenerse de promover discursos estigmatizantes desde el poder y de tolerar procedentes de actores afines. Pero también adoptar leyes y políticas integrales que protejan a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ frente a la discriminación, el acoso y la violencia, tanto online como fuera de internet.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, los gobiernos deben respetar, proteger y garantizar estos derechos. Esto incluye derogar leyes que criminalizan o restringen injustificadamente el acceso al aborto y otros servicios de salud sexual y reproductiva, así como asegurar que la información y los servicios sean disponibles, accesibles y de calidad para todas las personas sin discriminación.
En el ámbito tecnológico, los Estados deben prohibir la vigilancia ilícita y someter herramientas como los programas espía o los sistemas de reconocimiento facial a controles estrictos, evaluaciones de impacto en derechos humanos y mecanismos de transparencia. Estas tecnologías no pueden utilizarse para reprimir a defensoras de derechos humanos, periodistas o activistas.
Además, los gobiernos deben regular eficazmente a las grandes plataformas digitales para que cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos.
Este 8M, defendamos a quienes alzan la voz
Frente al auge de las prácticas autoritarias y la violencia contra las mujeres que participan en el espacio público, el 8M es un momento para exigir responsabilidades a los Estados, como principales garantes de los derechos humanos, y para reforzar la acción ciudadana frente al odio.
La acción ciudadana también puede marcar la diferencia. Firmar peticiones y campañas para apoyar a activistas como Betty Lachgar en Marruecos o Manahel al Otaibi en Arabia Saudí, respaldar públicamente a periodistas y comunicadoras que sufren acoso y denunciar la violencia digital cuando aparecen en redes son formas concretas de romper el silencio y mostrar que quienes defienden derechos no están solas.
Al mismo tiempo, fortalecer la educación en derechos humanos, el pensamiento crítico y la empatía desde edades tempranas es clave para identificar narrativas discriminatorias y cuestionar la discriminación y la violencia antes de que se normalicen.
Porque cada vez que una mujer es silenciada, se debilita la libertad de expresión y de acceso a la información. Y cada vez que se le protege y se le escucha, avanzan los derechos de todas las personas.
