Ante fenómenos naturales la protección de los derechos humanos se convierte en una prioridad urgente. El acceso al agua potable y a servicios de saneamiento es fundamental para la supervivencia, la dignidad y la salud de las personas afectadas.
Un ejemplo reciente de cómo estos fenómenos pueden poner en riesgo la vida y el bienestar de las comunidades se vivió en varias zonas de España, especialmente en gran parte de la Comunidad Valenciana y áreas de Castilla-La Mancha y Andalucía, donde intensas lluvias e inundaciones causaron graves daños y provocaron la pérdida de vidas en varias localidades. En muchas de estas zonas gravemente afectadas por las inundaciones, el acceso al agua potable y a las instalaciones de saneamiento se vio seriamente interrumpido, lo que, sumado a las condiciones insalubres, incrementó el posible riesgo de enfermedades infecciosas. Esta situación evidenció la vulnerabilidad de las infraestructuras y la necesidad urgente de implementar medidas que garanticen el acceso a estos servicios básicos en situaciones de emergencia.
Trabajos en el Cercanías, afectado tras el paso de la DANA por Valencia
Este derecho al agua y al saneamiento fue reconocido de manera formal el 28 de julio de 2010, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas lo declaró oficialmente como un derecho humano esencial. Este hito histórico subraya la importancia vital de estos recursos para la salud, el bienestar y la dignidad, además de ser fundamentales para la realización de otros derechos.
1. El agua como derecho fundamental, incluso en situaciones de emergencia
Como mencionamos, en una situación de emergencia durante y después de un fenómeno natural, el acceso a agua segura y a servicios de saneamiento es esencial para la ayuda humanitaria y la recuperación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como otras normativas internacionales, reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. En situaciones extremas, este derecho se vuelve aún más urgente, ya que la falta de agua potable puede exponer a las personas a graves riesgos sanitarios, incluyendo la propagación de enfermedades infecciosas como el cólera, la diarrea y otras patologías relacionadas con el agua contaminada.
El derecho al agua no es solo una cuestión de supervivencia inmediata sino que también afecta la calidad de vida de las personas, exacerbando la desigualdad social y la marginalización. En este sentido, los Estados tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan acceder a agua potable y saneamiento adecuado, incluso en momentos de crisis. Esto implica la implementación de medidas de emergencia y la restauración rápida y eficiente de los servicios esenciales tan pronto como sea posible.
Equipos de construcción llegan para intervenir en la región y derriban numerosos edificios acompañados por las fuerzas de seguridad tras la devastadora inundación de Nairobi, Kenia. © Gerald Anderson/Anadolu vía Getty Images
2.- No discriminación en el acceso al agua y saneamiento
En estos contextos de crisis, ciertos grupos son particularmente vulnerables a quedar excluidos del acceso a recursos básicos como el agua y el saneamiento. Mujeres, niñas y niños, personas mayores o con discapacidades, personas en situación administrativa irregular, migrantes, trabajadoras sexuales y personas en situación de sinhogarismo suelen ser los colectivos más vulnerables tras un desastre natural, por lo que es esencial que las respuestas humanitarias prioricen la distribución equitativa de estos servicios. Según los principios establecidos, los Estados deben adoptar medidas específicas para protegerlos, garantizando que tengan el mismo acceso a agua potable y saneamiento, independientemente de su situación social o económica.
Desgraciadamente es común que la exclusión y discriminación preexistentes se agraven, por lo que personas racializadas y/o migrantes, personas en situación de vulnerabilidad económica y personas en riesgo de exclusión a menudo quedan relegadas en la distribución de recursos de emergencia. Para combatirlo, los Estados deben asegurarse de que la ayuda se proporcione sin discriminación, utilizando un enfoque inclusivo que no deje a nadie atrás.
Más de 200 personas murieron en las inundaciones que afectaron a los alrededores de Valencia, en particular a las localidades de Paiporta, Sedav y Benatusser, en lo que se considera la peor catástrofe natural de la historia de España y una de las peores de la historia de Europa. © SOPA Images/SIPA/2411040924
3.- El derecho a la información y la transparencia
El derecho a la información se convierte en un elemento fundamental para proteger la salud y la seguridad de las víctimas de catástrofes naturales. Las autoridades tienen la responsabilidad de proporcionar a la población información precisa y oportuna sobre la calidad del agua y los riesgos asociados con el saneamiento. Esto cobra especial relevancia cuando existen riesgos de contaminación que pueden poner en peligro la vida y la salud de la población. La información debe ser presentada de manera clara, accesible, en lenguas y en múltiples formatos para asegurar que todas las personas, incluidas aquellas en zonas aisladas por las consecuencias del fenómeno, puedan saber los riesgos y las precauciones que deben tomar.
La transparencia en la toma de decisiones y en las medidas adoptadas durante la emergencia es esencial para fomentar la confianza y la colaboración en los esfuerzos de saneamiento. Mantener a las comunidades informadas sobre los pasos de recuperación les permite participar activamente en la protección de sus propios derechos y facilita una mayor cooperación en las labores de reconstrucción.
4.- Infraestructuras resistentes y adaptadas
Las infraestructuras de agua y saneamiento son la columna vertebral para asegurar el acceso al agua potable y condiciones sanitarias adecuadas, especialmente durante y después de un desastre natural. En este contexto, la resistencia de estas infraestructuras es esencial para mitigar los impactos de fenómenos climáticos extremos. Esto incluye el diseño y la construcción de redes de distribución de agua y sistemas de saneamiento que sean resistentes a inundaciones, sequías prolongadas, terremotos o tormentas intensas, que son cada vez más frecuentes debido al cambio climático.
Por ejemplo, los sistemas de drenaje y las plantas de tratamiento de aguas residuales deben estar diseñados para soportar volúmenes de agua inusuales y para minimizar los riesgos de contaminación durante eventos de inundación. Además, las redes de suministro de agua deben ser capaces de adaptarse a situaciones de sequía prolongada, como las que han devastado a muchas regiones en los últimos años, asegurando una distribución equitativa del recurso durante las crisis. La implementación de tecnologías que permiten el monitoreo en tiempo real del estado de las infraestructuras también es crucial para detectar problemas antes de que se conviertan en una emergencia.
Otro aspecto clave para lograr infraestructuras resistentes es la capacidad de almacenamiento de agua, que debe ser suficiente para garantizar el suministro en tiempos de crisis.
La adaptación de las infraestructuras a las condiciones climáticas extremas también implica una planificación a largo plazo, incorporando la previsión del cambio climático en el diseño y la construcción de nuevos proyectos.
Militares de la Guardia Nacional de Ucrania entregan alimentos a residentes de una zona inundada en Kherson. © Genya SAVILOV / AFP vía Getty Images
5.- Coordinación y respuesta rápida ante emergencias
La planificación y coordinación eficaz entre gobiernos, organizaciones internacionales, ONG y comunidades locales son fundamentales para garantizar el acceso inmediato y continuo a agua potable y saneamiento tras un desastre natural. Una respuesta rápida y bien organizada ayuda a minimizar los riesgos sanitarios y evita la propagación de enfermedades, que son una de las principales consecuencias de la falta de agua potable y de condiciones sanitarias adecuadas en situaciones de emergencia.
Las autoridades deben garantizar que los recursos necesarios para el abastecimiento de agua y saneamiento lleguen de manera equitativa y oportuna a las áreas que han sufrido un mayor impacto de las catástrofes naturales. Las comunidades locales deben ser involucradas desde el principio en las decisiones y acciones de respuesta, ya que son las más familiarizadas con sus propias necesidades y las mejores para identificar soluciones rápidas y apropiadas.
La creación de puntos de acceso a agua potable accesibles para todas las personas, incluidas las zonas más alejadas o aisladas, debe ser una prioridad. Estos puntos deben estar ubicados de manera estratégica y ser fáciles de identificar, garantizando que no se tengan que recorrer largas distancias o exponerse a riesgos adicionales para acceder a este recurso vital. Además, en los primeros momentos de la emergencia, es crucial instalar sistemas de saneamiento temporales, como letrinas portátiles y sistemas de tratamiento de aguas, que puedan ser rápidamente desplegados para prevenir la propagación de enfermedades.
La coordinación debe extenderse también a la gestión de información y el monitoreo. Una adecuada recopilación de datos sobre la situación del agua, los riesgos sanitarios y las necesidades de las poblaciones que sufren el impacto de fenómenos climáticos extremos permitirá que los esfuerzos de ayuda sean más dirigidos y eficaces. Además, los protocolos de intervención deben ser claros y previamente establecidos, para evitar duplicaciones y lagunas en la asistencia a las personas víctimas de desastres naturales.
En este sentido, la planificación a largo plazo también es esencial. Las lecciones aprendidas de crisis pasadas deben ser incorporadas en los planes de respuesta a futuras emergencias, y esto incluye la formación de personal especializado, la creación de redes de comunicación efectivas y la preparación de infraestructura crítica que pueda ser desplegada rápidamente.
Trabajos de saneamiento para limpiar sedimentos en el distrito de Wanzhou, en el municipio suroccidental chino de Chongqing. © CHINE NOUVELLE/SIPA/2307041236
Amnistía Internacional pide:
Amnistía Internacional pide que los derechos humanos, y en particular el acceso al agua potable y al saneamiento, sean una prioridad en la respuesta a los desastres naturales. Es esencial garantizar infraestructuras resistentes, una planificación adecuada y una coordinación eficaz entre gobiernos, organizaciones internacionales y comunidades locales para asegurar que todas las personas, sin discriminación, puedan acceder a estos servicios básicos. La protección del derecho al agua no solo previene crisis sanitarias, sino que también es fundamental para una recuperación justa y sostenible de las víctimas de desastres naturales. En un mundo cada vez más vulnerable a los desastres, la respuesta debe ser rápida, organizada y siempre centrada en los derechos humanos.
