Cuando ocurre un desastre natural de envergadura histórica como las recientes inundaciones, sobre todo en las provincias de Valencia y Albacete, que han ocasionado hasta el momento más de doscientos muertos y varios cientos de miles de personas afectadas solo en el levante español, las víctimas no solo necesitan ayuda humanitaria de inmediato, también requieren acceso a información completa, accesible, precisa, inclusiva, confiable y con escucha activa sobre sus problemas y dificultades en tiempos de emergencia.
La comunicación en estas situaciones no es solo una medida de apoyo opcional dentro de una estrategia de emergencia, sino una obligación de las autoridades. Este derecho, amparado por normas internacionales, permite que las personas comprendan la magnitud del desastre, los riesgos que enfrentan y los recursos que tienen a disposición para protegerse.
Una alerta de emergencia de Protección Civil aparece en un teléfono unos días después de las inundaciones repentinas que se han cobrado más de 200 vidas en Valencia. © Joan Cros/NurPhoto/Shutterstock
1.- Proporcionar información accesible
En estos momentos críticos, el acceso a la información debe ser universal. Es decir, las víctimas, sin importar su ubicación, deben tener los datos esenciales para mantenerse seguras. Esto implica que las autoridades deben asegurar que la información esté disponible en formatos accesibles. También deben usar diversos canales, incluidos medios tradicionales como la televisión y la radio, pero también métodos alternativos cuando los sistemas habituales de comunicación se ven interrumpidos.
Si estos medios no son suficientes, las autoridades pueden enviar equipos de comunicación a las zonas más remotas para llevar la información de primera mano. Estos equipos deben ser competentes y tener habilidades para interactuar con las comunidades afectadas de manera clara y efectiva.
2.- Proporcionar información precisa
En un desastre como la DANA, las autoridades tienen la responsabilidad de hacer evaluaciones informadas sobre la situación de la emergencia basadas en datos de expertos. Deben estimar cuánto durará la emergencia, cuáles son los riesgos a corto y largo plazo, y qué medidas deben tomarse para reducir los daños.
Es esencial que la gente afectada reciba esta información rápidamente, incluyendo detalles sobre evacuaciones, familiares perdidos o desaparecidos, ayuda médica, refugios temporales y otros recursos. La claridad sobre los recursos disponibles no solo facilita la recuperación de las personas, sino que también evita malentendidos que pueden empeorar la situación y el desamparo y el dolor de las víctimas.
En casos donde el daño supera lo previsto, es crucial que las autoridades actualicen y comuniquen cualquier cambio en sus evaluaciones, especialmente si afecta los plazos para que las personas desplazadas puedan regresar a sus hogares o se restablezcan los servicios básicos.
3.- Establecer confianza y comunicación inclusiva
Para una comunicación efectiva, las autoridades deben establecer una relación de confianza con las víctimas. Esta conexión es clave para transmitirles las implicaciones del desastre a corto, medio y largo plazo y las decisiones que se están tomando. Ser transparentes y ofrecer información clara y accesible fortalece este vínculo.
Incluso las personas que viven en la zonas más afectadas por las inundaciones, pero que no sufrieron daños directamente, deben recibir actualizaciones sobre la emergencia. Esto les permite conocer la situación de amigos y familiares y, a su vez, facilita que puedan organizarse para ayudar de manera eficiente.
Además, realizar una comunicación inclusiva puede cubrir diferentes necesidades de las comunidades que han sido víctimas del desastre, con lenguajes y formatos adecuados a la diversidad que tengan dichas comunidades, y que sean fácilmente entendibles. Esta comunicación inclusiva permitirá que las victimas puedan participar plenamente, y comprender las medidas de ayuda que se adopten por parte de las autoridades.
Muebles, escombros y objetos rotos que la gente ha ido colocando en las calles para despejar el interior de sus casas llenas de barro. © Axel Miranda/SOPA Images/Shutterstock
4.- La información debe ser completa aunque esté controlada por terceros
Cuando información relevante está en manos de terceros, como empresas u organizaciones de ayuda, las autoridades deben asegurarse de obtener y divulgar esos datos a las víctimas. Esto es particularmente importante en desastres donde la negligencia o acciones de empresas pueden haber agravado la situación, y la falta de información puede poner en mayor riesgo a la población.
Si un tercero retrasa o niega el acceso a información crucial, las autoridades deben actuar de inmediato, incluso con medidas legales o sanciones, para garantizar que los datos necesarios estén disponibles para proteger a la comunidad.
5.- Garantizar la escucha activa y la participación de las víctimas
La participación de las comunidades víctimas de desastres naturales en la adopción de decisiones sobre sus vidas debe ser facilitada por las autoridades en todas las etapas de la emergencia. Si las víctimas no reciben información adecuada se consideran excluidas de las decisiones que se tomen sobre sus vidas, y esto puede dar lugar a sensaciones de impotencia, ira, frustración e inseguridad, sensaciones que suelen aparecer durante los desastres naturales, como se ha podido comprobar durante los primeros días de la emergencia por la DANA.
Las víctimas de los desastres naturales tienen el derecho a ser consultadas sobre las medidas que pueden afectar a sus vidas, y tienen el derecho a proponer y participar en la planificación y puesta en práctica de las medidas para la recuperación de la vida habitual. Las autoridades deben asegurar estos mecanismos de información y participación a los grupos vulnerables o marginados, bajo un enfoque de género, e incluyendo a personas pertenecientes a minorías y personas con discapacidad, entre otras.
Conclusión: Transparencia y responsabilidad en tiempos de crisis
En situaciones de desastre natural, como es el caso de la DANA, el derecho a la información es esencial para proteger los derechos humanos. Proveer información completa, rigurosa, accesible confiable y con escucha activa de las dificultades ayuda a las víctimas a adoptar decisiones críticas en momentos de máxima tensión. Cumplir con esta obligación no solo fortalece la capacidad de recuperación de las personas, sino que también fomenta la confianza en las instituciones y reduce el riesgo de consecuencias negativas adicionales.
