Amnistía Internacional ha solicitado información a las autoridades españolas sobre garantías procesales aplicadas a menores y solicitantes de asilo; la situación de los menores no acompañados en la calle; denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad o de violencia por parte de civiles contra inmigrantes tras la entrada de 72.000 personas en Ceuta, entre ellas menores de edad, desde Marruecos, muchas de ellas nadando.
Preocupación por devoluciones sumarias
El gobierno español, a través de declaraciones del Delegado del Gobierno en Ceuta, ha afirmado que la mayoría de las personas que han regresado a Marruecos —cerca de 70.000 de las 72.000 llegadas— lo han hecho de forma voluntaria. Sin embargo, Amnistía Internacional está alarmada por informes de devoluciones forzosas sumarias e ilegales en la frontera que contradicen esta afirmación.
La organización señala además informes, no confirmados por Amnistía Internacional, según los cuales a personas que cruzaron a Ceuta se les negó inicialmente el acceso al agua, los alimentos o la asistencia básica, e incluso fueron objeto de ataques por parte de algunos grupos de ciudadanos.
Amnistía Internacional observa asimismo la instalación de elementos de contención en el mar, en lo que parece una respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio y ha recibido informes de que a personas que nadaron más allá de estos dispositivos han sido objeto de rechazos en frontera. La organización recuerda que esa misma sentencia establece que las autoridades deben respetar en todos los casos el derecho internacional de los derechos humanos, lo que incluye evaluar cada caso individualmente, prestar especial atención a personas especialmente vulnerables, como menores o mujeres embarazadas, y permitir la formalización de solicitudes de asilo.
La organización recuerda que en 2025 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a España a abstenerse de aplicar devoluciones sumarias y expulsiones en la frontera, incluidas las devoluciones inmediatas de personas interceptadas en el mar o en las playas, y a garantizar que todos los procedimientos de devolución respeten las garantías del derecho internacional de los derechos humanos, incluido el principio de no devolución.
La organización lamenta profundamente la pérdida de vidas a ambos lados de la frontera. Según informes, se han recuperado al menos 83 cadáveres en el lado español, cifra que podría ser superior, ya que la organización Caminando Fronteras afirma haber recuperado 67 cadáveres en Marruecos. Amnistía Internacional recuerda que la pérdida de vidas en las fronteras europeas no es un hecho excepcional, sino la consecuencia mortal de las políticas de refuerzo del control fronterizo y de externalización de responsabilidades a terceros países, combinadas con la falta de vías seguras y legales, y de una política de asilo y migración centrada en las personas.
La organización rechaza con firmeza la retórica que ha calificado la situación de «invasión», como hizo el presidente de Ceuta, al reforzar estereotipos racistas y deshumanizar a personas migrantes y refugiadas, y pide a las autoridades que se opongan firmemente a este discurso. Amnistía Internacional recuerda que, aunque los Estados tienen la prerrogativa de gestionar sus fronteras, deben hacerlo con humanidad, respetando los derechos humanos de todas las personas sin discriminación y evitando situaciones que las expongan a abusos y peligro. La magnitud de la llegada no exime al Estado de sus compromisos en materia de derechos humanos, especialmente hacia la infancia y las personas con necesidad de protección internacional.
Solicitud de datos
Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades españolas datos actualizados sobre el número de llegadas, muertes, nacionalidades, edad y género de las personas que han cruzado desde el 30 de julio; información sobre las devoluciones a Marruecos, incluida la distribución entre retornos voluntarios y forzados y las garantías procesales aplicadas; datos sobre el acceso al procedimiento de asilo; la situación de los menores no acompañados; y las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad o de violencia por parte de civiles contra inmigrantes.
La organización pregunta también por la existencia de un supuesto acuerdo entre España y Marruecos para la devolución de todas las personas que hayan entrado en Ceuta, del que ha informado la prensa, y solicita que dicho acuerdo se haga público.
Según datos de la Delegación de Gobierno, actualmente hay unas 2.500 personas en Ceuta tras las llegadas del 30 de julio, cifra que el presidente de Ceuta eleva a entre 8.000 y 9.000. Entre las personas llegadas se encuentran nacionales de Marruecos, Sudán, Yemen, Eritrea, Malí, Bangladesh, Palestina, Chad, Gambia, República Centroafricana, Benín, Senegal y Guinea-Conakry, varios de cuyos países viven situaciones de conflicto armado activo y violaciones de derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional, por lo que es probable que algunas de estas personas tengan necesidad de protección internacional.
La organización toma nota del anuncio de la creación de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Ceuta, y acoge con satisfacción las medidas para ampliar la capacidad del sistema de acogida, pero insta a garantizar condiciones adecuadas y una acogida digna.
Situación de la infancia
Según el Gobierno, 1.527 menores no acompañados llegados desde el 30 de julio ya han sido identificados por las autoridades. Se han habilitado colegios para acoger a menores, algunos pensados específicamente para niñas. También se han recuperado centros que habían sido cerrados hace apenas semanas por no cumplir con condiciones adecuadas, como el centro Nueva Esperanza. No obstante, preocupan a la organización los informes sobre miles de menores que no tienen alojamiento y duermen en la calle.
Amnistía Internacional subraya la necesidad urgente de establecer procedimientos ágiles para identificar a estos menores, ponerlos bajo la protección de una entidad de tutela, garantizar su derecho a solicitar asilo y a la asistencia letrada en su idioma, y ofrecerles apoyo psicológico ante el posible trauma sufrido durante el viaje. La organización se ha dirigido a los gobiernos autonómicos, con ocasión de la Conferencia Sectorial de Infancia, para pedirles que acepten la acogida urgente de los niños y niñas que se encuentran ahora en Ceuta y proporcionen una solución duradera basada en el interés superior de cada niño y niña.
La organización espera poder iniciar un diálogo con las autoridades españolas y que éstas proporcionen información detallada de la respuesta del Estado a la llegada masiva de unas 72.000 personas desde Marruecos a partir del 30 de julio.
Entendiendo muy bien las difíciles circunstancias que las autoridades, fuerzas de emergencia y las fuerzas de seguridad han enfrentado en los últimos días es esencial evitar reforzar estereotipos racistas y deshumanizar a personas migrantes y refugiadas, y pide a las autoridades que se opongan firmemente a este discurso y que se tomen con prontitud las siguientes seis medidas urgentes:
Recomendaciones
Amnistía Internacional insta a las autoridades a:
• Abstenerse en todos los casos de llevar a cabo expulsiones colectivas o sumarias de personas en frontera que vulneren el principio de no devolución, garantizando que se respeten plenamente las garantías procesales individuales.
• Garantizar que los retornos voluntarios se basen estrictamente en el consentimiento libre e informado de la persona, sin coacción de ningún tipo, especialmente de menores.
• Facilitar un acceso rápido y efectivo a la protección internacional de las personas que están en Ceuta, garantizando el derecho a la información y a la asistencia jurídica.
• Trasladar a la península a los solicitantes de asilo que ya están en el procedimiento, priorizando a las personas más vulnerables: familias con niños o niñas, menores no acompañados, víctimas de trata, personas con discapacidad y personas LGBTI.
• Identificar con prontitud a los menores no acompañados para inscribirlos en el sistema de tutela y protección, y proteger a cualquier menor cuya edad esté en duda hasta que esta pueda determinarse debidamente
• Proporcionar asistencia humanitaria, sanitaria y psicosocial adecuada a todas las personas bajo jurisdicción española como resultado de su entrada en Ceuta, independientemente de cómo hayan llegado y sin discriminación.
