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Túnez: Carta abierta pide al gobierno fin de la impunidad para las fuerzas de seguridad

FATHI NASRI/AFP/Getty Images


El gobierno tunecino debe poner fin a la impunidad para las fuerzas de seguridad acusadas de violaciones de derechos humanos”, ha dicho hoy Amnistía Internacional en una carta abierta al primer ministro que han firmado conjuntamente 15 organizaciones tunecinas e internacionales de derechos humanos.

La carta pide a las autoridades tunecinas que garanticen que todas las denuncias de tortura y otros malos tratos se investigan sin dilación y de forma independiente. También subraya que las personas sospechosas de cometer abusos contra los derechos humanos deben ser suspendidas inmediatamente de sus funciones, hasta tanto se conozca el resultado de una investigación imparcial y de un juicio justo, y añade que las víctimas deben ser protegidas de las represalias y de la intimidación. Además, las penas que se impongan a las personas declaradas culpables de tortura u otras violaciones de derechos humanos deben reflejar la gravedad de sus actos.

La carta llega tras un incidente el 26 de febrero en el que un sindicato de las fuerzas de seguridad pidió a sus miembros que boicoteasen la provisión de seguridad al tribunal de Ben Arous, en Túnez, hasta que salieran en libertad todos los agentes de seguridad acusados de tortura. Ese mismo día, un grupo numeroso de agentes de seguridad ocupó el edificio del tribunal, presionando al poder judicial para que pusiera en libertad a sus colegas. Estos sucesos fueron un intento grave de obstaculizar el curso de la justicia y continuar la impunidad de que gozan las fuerzas de seguridad por delitos como la tortura. Además, estos actos incumplen el artículo 109 de la Constitución de Túnez y otras leyes de este país.

“Las autoridades tunecinas deben redoblar sus esfuerzos para reformar el sector de la seguridad y erradicar la impunidad. La inmensa mayoría de las denuncias de tortura y otras conductas indebidas graves de las fuerzas de seguridad no se han enjuiciado aún de forma independiente e imparcial”, afirmó Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el norte de África.

“Con su falta de reacción significativa y pública a la injerencia del sindicato de las fuerzas de seguridad en el sistema de justicia, las autoridades tunecinas dejan de garantizar la independencia del poder judicial. Las autoridades deben cumplir sus obligaciones internacionales y la Constitución tunecina, y combatir la tortura y otros malos tratos”.

La carta insta a las autoridades tunecinas a que cumplan sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU. El documento está firmado por Amnistía Internacional, la Liga Tunecina por la Defensa de los Derechos Humanos, la Organización Tunecina contra la Tortura, el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos, el Comité Tunecino por el Respeto de los Derechos y las Libertades, el Observatorio Tunecino de Derechos y Libertades, Euromed Rights, la Organización Mundial contra la Tortura, Adli: Asociación Tunecina para la Defensa de las Libertades Individuales, Al Bawsala, Abogados sin Fronteras, el Foro Tunecino por los Derechos Sociales y Económicos, Human Rights Watch, la Asociación de Jueces Tunecinos y la Federación Internacional de los Derechos Humanos.

“Nuestras organizaciones piden a las autoridades tunecinas que aumenten urgentemente sus esfuerzos para garantizar que el poder judicial investiga a los sospechosos, concretamente garantizando que los miembros de las fuerzas de seguridad citados para ser interrogados comparecen ante los investigadores y los tribunales sin amenazas ni otras presiones de las fuerzas de seguridad. Dado el compromiso de Túnez con la promoción del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, las autoridades deben dar prioridad al avance destinado a acabar con la impunidad de las fuerzas de seguridad a fin de crear un clima de confianza entre las fuerzas de seguridad y la población”, concluye la carta.

En febrero de 2017, Amnistía Internacional publicó un informe que exponía cómo las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad en el contexto del estado de excepción, entre ellas torturas y detenciones arbitrarias, amenazan el camino del país a la reforma.

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