Madrid.- El próximo lunes 20 de julio Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, viajará a Argelia en visita oficial y se prevé que se reúna con su homólogo, Abdemayid Tebune. Por este motivo, Amnistía Internacional ha enviado una carta al presidente del gobierno español en la que le señala los principales motivos de preocupación en materia de derechos humanos en Argelia, y le insta a que aproveche esta oportunidad para plantearlos durante sus encuentros con las autoridades del país. Entre otros aspectos, la organización ha destacado cómo desde el surgimiento del movimiento de protesta Hirak en 2019, las autoridades argelinas han emprendido una represión sostenida del espacio cívico. Decenas de manifestantes, activistas, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos han sido detenidos de forma arbitraria, procesados de forma injusta y condenados a penas de prisión —en ocasiones mediante procesos que no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos— por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, en particular por acusaciones infundadas relacionadas con el terrorismo.
Personas como el defensor de los derechos humanos y sindicalista Ali Mammeri, condenado a diez años; el reconocido activista y poeta, Mohamed Tadjadit; el exoficial del ejército y denunciante, devuelto por la fuerza a Argelia por las autoridades españolas, Mohamed Benhlima; o la activista política, Mira Moknache, son algunos ejemplos.
Además, las autoridades argelinas han impuesto severas restricciones a la sociedad civil independiente, mediante la disolución, clausura o presión a organizaciones de derechos humanos. También los medios de comunicación han sufrido las consecuencias de esta represión: las autoridades argelinas han detenido, recluido y procesado de forma arbitraria a periodistas, tras disolver dos medios de comunicación en 2023.
Por último, la organización ha querido alertar acerca de la situación de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Las expulsiones colectivas y sumarias a Níger han alcanzado cifras sin precedentes en los últimos años: al menos 31.000 y 34.000 personas fueron expulsadas en 2024 y 2025, respectivamente, y más de 14.000 hasta mayo de 2026, según la ONG Alarm Phone Sahara. Entre ellas se encontraban personas nacionales de países de África Occidental y Central. Las fuerzas de seguridad han abandonado a las personas expulsadas —entre ellas, mujeres embarazadas y menores— en zonas desérticas remotas de la frontera entre Argelia y Níger, con el consiguiente peligro para su vida, y no han llevado a cabo evaluaciones individualizadas de cada caso ni les han dado la oportunidad de recurrir su expulsión o solicitar asilo, en vulneración del principio de no devolución. La ausencia de un marco nacional de asilo sigue dejando sin protección efectiva a miles de personas vulnerables.
"Desde la organización pedimos que toda cooperación con el gobierno argelino, también en el ámbito de la migración, incluya rigurosas salvaguardias en materia de derechos humanos para que no se corra el riesgo de propiciar violaciones de derechos humanos", señala Alfonso López Borgoñoz, portavoz sobre el norte de África en Amnistía Internacional España.
