Amnistía Internacional muestra su profunda preocupación por los informes que indican que hasta 300 manifestantes y transeúntes han resultado heridos por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en Siliana, una ciudad al suroeste de Túnez, durante las manifestaciones del 27, 28 y 29 de noviembre. Los manifestantes pedían la dimisión del gobernador de Siliana, medidas para el desarrollo económico de la ciudad, y la liberación de 13 personas detenidas durante las protestas de abril de 2011 que permanecen en detención preventiva. Según los informes, el 29 de noviembre hubo nuevas protestas, mientras continuaba una huelga general.
Al parecer, el 27, 28 y 29 de noviembre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizaron pistolas y otras armas de fuego, así como gas lacrimógeno.
Las autoridades deben respetar el derecho de reunión pacífica, y deben garantizar que la policía cumple las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego. Las autoridades tunecinas deben llevar a cabo sin demora una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre el incidente. La propuesta del primer ministro Hamadi Jebali de formar una comisión de investigación puede ser un avance positivo si se lleva a cabo de manera conforme con las normas internacionales de derechos humanos.
Más de 20 de los heridos han sido trasladados, según los informes, a la ciudad de Túnez para recibir tratamiento. Algunos tienen lesiones en los ojos y, según los informes, corren peligro de perder la vista.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos ha manifestado hoy en una declaración pública: “Nuestro personal visitó a víctimas que habían sido llevadas a hospitales de la capital, Túnez, y ha documentado casos de heridas por arma de fuego en la cabeza, la espalda y el rostro, así como lesiones en los ojos que, en algunos casos, podrían provocar ceguera. Algunos manifestantes sufren también fracturas de hueso”.
El informe de ACNUDH coincide con la información reunida por la propia Amnistía Internacional, que indica que muchas de las lesiones de Siliana parecen haber sido causadas por perdigones.
Houssem, de 22 años, dijo a Amnistía Internacional que había resultado herido mientras se manifestaba en Siliana el jueves por la tarde. Según su relato, cayó al suelo tras inhalar el humo del gas lacrimógeno utilizado por la policía, y recibió disparos de perdigones en el muslo mientras yacía en el suelo. Ha contado que pasó varias horas en el hospital y, la mañana de viernes, volvió a manifestarse. “No nos rendiremos”, ha dicho; “no tenemos miedo”.
Amnistía Internacional siente asimismo preocupación por los informes que indican que varios periodistas resultaron heridos durante las protestas en Siliana. En una declaración hecha pública el miércoles, la Unión Nacional de Periodistas Tunecinos manifestó que varios periodistas habían resultado heridos por piedras, balas de goma o perdigones, y que a algunos les habían impedido filmar los sucesos.
David Thomson, periodista de France 24, cubría los sucesos de Siliana cuando él y su colega Hamdi Tlili resultaron heridos por disparos. “Estábamos en una calle lateral, filmando a los manifestantes que se marchaban de la manifestación, cuando nos dispararon por la espalda”. David Thomson resultó herido en las piernas y Hamdi Tlili en las piernas y la espalda. “En la ambulancia que nos llevó al hospital había unas diez personas heridas; algunas tenían lesiones en la cara, la garganta y los ojos”. “Tuve suerte”, dijo David Thomson; “si me hubiera dado la vuelta en ese momento, me habrían disparado en la cara”. Aunque le extrajeron del cuerpo 14 perdigones, David Thomson dice que aún tiene al menos 20 más, que no pudieron ser extraídos porque era peligroso. “Está claro que la policía de Túnez no ha recibido formación sobre cómo mantener el orden en las manifestaciones", ha declarado. “Necesitan formación, y un equipo adecuado para impedir que la violencia vaya en aumento y evitar lesiones.”
Durante una conferencia de prensa celebrada el jueves 29 de noviembre, el primer ministro Hamadi Jebali pidió a la sociedad civil que creara una comisión independiente de investigación sobre la violencia en Siliana y sobre sus responsables, ya fueran miembros de las fuerzas de seguridad o manifestantes. Según los informes, el primer ministro reconoció que había habido un uso excesivo de la fuerza y afirmó que quienes hicieran ese uso excesivo rendirían cuentas de sus actos. No obstante, según los informes, también señaló que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían tenido que defenderse tanto a ellos mismos como a la sede de la gobernación, ya que se enfrentaron a fuertes ataques que amenazaban su vida.
Ahmed Zoghbi, de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, dijo a Amnistía Internacional la mañana del 30 de noviembre que las manifestaciones continuaban, y que seguían pidiendo la liberación de las personas detenidas desde abril de 2011 y un diálogo con las autoridades. “Pedimos que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley abandonen el uso excesivo de la fuerza, y que las autoridades proporcionen los medios para que las familias de los heridos que han sido trasladados a Túnez para recibir tratamiento puedan visitarlos”, añadió.
La propuesta de que se establezca una comisión de investigación de la sociedad civil no debe utilizarse como táctica para eludir la responsabilidad del Estado de investigar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos y llevar a los responsables ante la justicia. Si las autoridades desean realmente que se forme una comisión de investigación, ésta debe establecerse en la ley y debe gozar de todos los recursos y poderes del Estado. Debe ser independiente del gobierno y de las instituciones u órganos a los que investiga, y debe estar facultada para recomendar medidas de reparación y garantías de no repetición. La comisión debe asimismo tener poder para recomendar cambios en la ley y en los procedimientos y prácticas políticos o administrativos, incluidos mecanismos de formación y de rendición de cuentas y medidas disciplinarias o de otro tipo contra los funcionarios y autoridades responsables. Cuando esté justificado llevar a cabo una investigación criminal, la comisión debe entregar sus conclusiones a la fiscalía. En cualquier caso, Amnistía Internacional insta a las autoridades tunecinas a hacer de la reforma de las fuerzas de seguridad una alta prioridad. En especial, las autoridades deben garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciben formación adecuada sobre el uso de la fuerza en general –y en particular durante las manifestaciones–, deben emitir instrucciones claras sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego –conforme a las normas internacionales– por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, deben establecer un órgano de supervisión para hacer que las fuerzas de seguridad rindan cuentas de todos los abusos, y deben establecer un sistema de investigación que garantice que, mientras se llevan a cabo las investigaciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o los miembros de las fuerzas de seguridad contra los que existan pruebas de violaciones graves de derechos humanos no permanecen en puestos en los que puedan repetir esas violaciones o no son asignados a ellos.
Normas internacionales Las autoridades tunecinas están obligadas, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 21), a defender y respetar el derecho de reunión pacífica. Amnistía Internacional reconoce tanto el derecho de los agentes de policía a defenderse como su deber de proteger la seguridad de la población. Sin embargo, esta labor debe llevarse a cabo de manera que garantice el pleno respeto por el derecho a la vida y la libertad y por la prohibición de la tortura y otros malos tratos durante las operaciones policiales relacionadas con las manifestaciones, incluidas aquellas en las que algunos manifestantes hagan uso de la violencia. Estas salvaguardias de derechos humanos están expuestas en el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1979) y en los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990), que establecen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo deben hacer uso de la fuerza cuando sea absolutamente necesario. Si en una manifestación hay personas que constituyen una amenaza, la policía sólo podrá usar contra ellas fuerza proporcionada. No deben utilizarse armas de fuego salvo en defensa propia o de otras personas, cuando exista una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves. Cuando el uso de la fuerza por la policía dé lugar a lesiones o la muerte, debe llevarse a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial sobre lo sucedido. Las investigaciones deben cumplir los Principios de la ONU Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.
Las investigaciones deben determinar si el uso de la fuerza era necesario y proporcionado, especialmente el uso de armas de fuego. Si se concluye que algún funcionario encargado de hacer cumplir la ley es responsable de uso arbitrario o abusivo de la fuerza, éste deberá comparecer ante la justicia.
