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Túnez: Abusos en nombre de la seguridad amenazan las reformas

Un miembro de las fuerzas de seguridad de Túnez delante del museo del Bardo durante el acto por el aniversario del ataque terrorista en marzo de 2016 FETHI BELAID/AFP/Getty Images

El uso en el pasado por las fuerzas de seguridad tunecinas de tácticas brutales como la tortura, la detención arbitraria, la reclusión y las restricciones de viaje contra personas consideradas sospechosas, así como el hostigamiento a sus familiares, amenaza el proceso de reforma de Túnez, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

En respuesta a una serie de ataques armados que sacuden el país desde marzo de 2015, las autoridades han intensificado las medidas de seguridad, usando de forma creciente leyes de excepción, muchas de las cuales son incompatibles con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

‘We want an end to the fear’: Abuses under Tunisia’s state of emergency detalla cómo las fuerzas de seguridad han impuesto estas medidas de un modo arbitrario, represivo y discriminatorio. Estos abusos podrían poner en peligro los avances realizados en los últimos seis años, que han logrado que la ciudadanía del país disfrute de una mayor libertad de expresión, reunión y asociación, derechos consagrados en la Constitución de 2014.

“No hay duda de que las autoridades tienen la obligación de contrarrestar las amenazas para la seguridad y proteger a la población de ataques mortales, pero pueden hacerlo respetando al mismo tiempo las protecciones de los derechos humanos previstas en la Constitución tunecina y en el derecho internacional, así como garantizando la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos que cometan los agentes de seguridad”, ha afirmado Heba Morayef, directora de investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.

El informe detalla el impacto de las medidas de excepción en la vida cotidiana de quienes están sometidos a ellas, e incluye casos de tortura, detención y reclusión arbitrarias, registros domiciliarios sin orden judicial, órdenes de asignación de residencia arbitrarias y restricciones de viaje (conocidas como órdenes S17). Muestra cómo en algunos casos estas medidas se imponen de forma discriminatoria basándose en el aspecto, las creencias religiosas o condenas penales anteriores, y sin respetar el debido proceso.

Amnistía Internacional transmitió estos motivos de preocupación a las autoridades tunecinas y en diciembre de 2016 recibió una respuesta por escrito del Ministerio del Interior. Dicha respuesta, que se incluye en el informe, expone el marco jurídico que permite la adopción de estas medidas, pero no aborda los motivos de preocupación sobre el modo en que las fuerzas de seguridad las están aplicando y el impacto que están teniendo en los derechos y la vida de las personas.

El comienzo de las vistas públicas de la Comisión de la Verdad y la Dignidad en noviembre de 2016 ha abierto un debate público sobre la rendición de cuentas por abusos cometidos en el pasado y la reforma del sector de la seguridad. Sin embargo, la Comisión tiene ante sí una ardua batalla, pues la rendición de cuentas por los abusos cometidos es hasta ahora muy limitada y su mandato no va más allá de 2013.

“El hecho de que se estén cometiendo abusos en nombre de la seguridad significa que hasta ahora las autoridades no han abordado la escala actual de las violaciones de derechos humanos en Túnez”, afirmó Heba Morayef.

“Las autoridades tunecinas que han declarado, en público y en privado, su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la ruptura con el pasado deben ordenar que se ponga fin a estas prácticas y garantizar que se investigan efectivamente.”

Reanudación del uso de tácticas represivas

Los escalofriantes relatos que se exponen en este informe indican un inquietante aumento del uso de tácticas represivas contra personas sospechosas de terrorismo en los últimos dos años, que recuerdan al régimen del ex presidente Zin el Abidín Ben Alí.

En el informe se detallan 23 casos de tortura y otros malos tratos perpetrados por la policía, la Guardia Nacional y brigadas antiterroristas desde enero de 2015, y el hostigamiento y la intimidación que han sufrido las víctimas tras su liberación. Las víctimas contaron a Amnistía Internacional que las habían golpeado brutalmente con palos y mangueras de goma, las habían obligado a mantener posturas en tensión como la del “pollo asado” o a permanecer de pie durante periodos prolongados, las habían sometido a descargas eléctricas o privado de sueño o habían vertido agua fría sobre ellas.

El informe también destaca dos incidentes de violencia sexual: sendas violaciones cometidas en la comisaría de Ben Guerdane en marzo de 2016 y en la prisión de Mornaguia en enero de 2015.

“Ahmed” (nombre ficticio para proteger su identidad), que fue detenido en marzo de 2016 en Ben Guerdane, contó a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad habían irrumpido violentamente en la vivienda de su familia y habían golpeado a su esposa, lo que le provocó un aborto, y detenido a dos de sus hermanos. Cuando lo detuvieron a él, cinco días después, lo torturaron y lo violaron con un palo en la comisaría de policía.

“Me golpearon hasta que perdí el conocimiento [...] Me pegaron en las piernas y los pies y en los brazos hasta que se llenaron de hematomas y se inflamaron. Todavía tengo pesadillas de la tortura que soporté. Me pegaron hasta que se me cayeron algunas uñas de los pies”, dijo, explicando que el hostigamiento continúa, pues las fuerzas de seguridad le dan el alto periódicamente para interrogarlo.

Desde que se reinstauró el estado de excepción en noviembre de 2015, tras el atentado mortal con explosivos dirigido contra la Guardia Presidencial en la ciudad de Túnez, han sido detenidas miles de personas. Amnistía Internacional ha documentado al menos 19 casos de detención arbitraria. Al menos 35 testigos describieron redadas y registros domiciliarios en los que las fuerzas de seguridad habían irrumpido en las casas sin orden judicial, aterrorizando a los residentes. Algunos familiares también sufrieron intimidación o detención arbitraria y tortura y otros malos tratos para coaccionarlos a fin de que dieran detalles sobre seres queridos presuntamente implicados en ataques armados.

El informe pone de relieve asimismo el trauma emocional y el impacto psicológico de estas reiteradas redadas. Más de una docena de personas dijeron que tuvieron que recibir tratamiento médico debido a la conmoción; en algunos casos, contaron que el hostigamiento constante las había llevado al borde del suicidio.

“Queremos que se acabe el miedo. Ya no salimos [...] Siento como si viviera en una jaula y siempre tengo miedo, y ni siquiera he hecho nada”, dijo “Meriem”, hostigada reiteradamente por agentes de seguridad.

“La lucha contra el terrorismo no es excusa para violar a personas. Esto es una injusticia”, declaró “Sofien”, ex detenido, a Amnistía Internacional. Su esposa, que estaba embarazada de dos meses, tuvo que ser hospitalizada porque la conmoción había afectado al feto. En al menos dos ocasiones, unos hombres contaron a Amnistía Internacional que sus esposas habían sufrido un aborto debido a la tensión y la ansiedad causadas por los registros domiciliarios forzosos o reiterados.

Además de hostigar con registros domiciliarios, arrestos arbitrarios y detenciones, las autoridades tunecinas han impuesto prohibiciones de viaje locales e internacionales al menos a 5.000 personas y órdenes de asignación forzosa de residencia que restringen sus movimientos a zonas concretas al menos a 138.

Han declarado que su finalidad es impedir que miles de tunecinos y tunecinas se incorporen a grupos armados que actúan en Oriente Medio y el Norte de África, y vigilar los movimientos de quienes han regresado de zonas de conflicto. Sin embargo, la investigación de Amnistía Internacional muestra que las restricciones a la libertad de circulación se han aplicado en ocasiones de un modo arbitrario y desproporcionado. Las personas afectadas no pueden trabajar, estudiar o llevar una vida familiar normal, y no han podido impugnar las restricciones ante los tribunales.

“Este informe expone cómo la impunidad arraigada ha fomentado una cultura en la que han podido prosperar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad”, añadió Heba Morayef.

Sólo un puñado de agentes de las fuerzas de seguridad han rendido cuentas de sus actos a pesar de que las autoridades han expresado en reiteradas ocasiones su compromiso con investigar todas las denuncias de tortura y otros malos tratos. En su respuesta escrita a Amnistía Internacional, el Ministerio del Interior afirmó que la Inspección General de Seguridad Nacional había investigado una denuncia de tortura en 2015 y 2016, y había concluido que era falsa. Los agentes de seguridad someten a víctimas y testigos presenciales a hostigamiento e intimidación para disuadirlos de presentar denuncias de tortura.

Las autoridades tunecinas han hecho algunos cambios positivos, cono las reformas legales introducidas en 2016 que refuerzan las salvaguardias frente a la tortura y otros malos tratos. Entre otras, se reduce el tiempo que una persona puede permanecer detenida sin cargos y se garantiza el acceso a familias, abogados y atención médica. Sin embargo, estos cambios no se aplican legalmente a las personas detenidas en casos de terrorismo.

Las autoridades también introdujeron una nueva y deficiente ley antiterrorista en 2015 que aumenta las facultades de vigilancia de las fuerzas de seguridad, establece la pena de muerte para determinados delitos e incluye una definición tan general de terrorismo que permite los abusos. En enero de 2017, el Ministerio de Justicia anunció que había 1.647 personas detenidas por cargos de terrorismo y blanqueo de dinero.

“El gobierno tunecino debe garantizar que los métodos empleados para combatir las amenazas a la seguridad no violan la prohibición de la tortura y otros malos tratos ni limitan de un modo ilegal, arbitrario, discriminatorio o desproporcionado los derechos de las personas a la libertad, la libre circulación, la privacidad, la vida familiar y el empleo”, concluyó Heba Morayef.

En virtud del estado de excepción, las autoridades tunecinas pueden suspender temporalmente ciertos derechos, pero el prolongado estado de excepción de los últimos años y el abuso manifiesto de las medidas de seguridad suscita serias dudas sobre su proporcionalidad o su compatibilidad con las obligaciones internacionales de Túnez. Ciertos derechos, como la prohibición de la tortura, no pueden suspenderse en ninguna circunstancia, ni siquiera durante un estado de excepción.

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