Temor por la seguridad de detenidos y refugiados

Londres.- Amnistía Internacional teme por la seguridad de decenas de personas que, según informes, han sido detenidas arbitrariamente por agentes encargados de hacer cumplir la ley a causa de su presunta participación en los sucesos que tuvieron lugar el 13 de mayo en Andijan. El acceso a Andijan y las comunicaciones con la ciudad son todavía difíciles, pero el fiscal general dijo el 17 de mayo en una conferencia de prensa celebrada en Tashkent que hasta el momento habían sido detenidas 81 personas, todas las cuales eran insurgentes, y que se habían entablado acciones penales contra ellas por  los cargos de intentar derrocar el orden constitucional, organizar disturbios masivos y cometer asesinato. No se sabe si los detenidos han tenido acceso a un abogado y a sus familias y recibido asistencia médica, ni si se encuentran recluidos en régimen de incomunicación. El riesgo de tortura es especialmente grande durante la detención en régimen de incomunicación, y  Amnistía Internacional ha recibido en los últimos años centenares de informes sobre torturas infligidas a detenidos durante su reclusión preventiva en régimen de incomunicación para obligarlos a confesar su pertenencia a una organización islámica ilegal. Las autoridades uzbekas han acusado a miembros y partidarios del movimiento islámico local Akramia de intentar organizar un alzamiento violento en Andijan para instaurar un régimen islámico en Uzbekistán. También han vinculado a este movimiento con el Partido de la Liberación (Hizb-ut-Tahrir), grupo islámico de oposición prohibido, al que Uzbekistán califica de “terrorista”.   Amnistía Internacional considera especialmente preocupante que, según los informes llegados de Uzbekistán, entre los detenidos en Andijan en relación con las manifestaciones del 13 de mayo haya al menos tres defensores de los derechos humanos, pues la organización teme que hayan sido privados de libertad por sus actividades en favor de los derechos humanos: los defensores locales de los derechos humanos mantenían bajo observación los sucesos de Andiijan, incluido el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza hecho, según informes, por las tropas del gobierno contra los manifestantes, en su mayoría civiles desarmados, y habían intentado publicar sus conclusiones a pesar del riesgo que corrían. Las autoridades uzbekas han negado que las tropas del gobierno hicieran uso excesivo de la fuerza y mataran a civiles, incluidas mujeres y niños. Según informó el ministro de Asuntos Internos el 18 de mayo, 170 personas resultaron muertas en Andijan durante enfrentamientos armados entre las tropas y los rebeldes, entre ellas 37 agentes encargados de hacer cumplir la ley, así como viandantes contra los que, según los informes, dispararon los insurgentes. En la cifra oficial de muertos se incluía a tres mujeres y a dos muchachos que, según los informes, los insurgentes habían tomado como rehenes. Esta información oficial contrasta acusadamente con declaraciones de testigos presenciales según las cuales las tropas dispararon indiscriminadamente y sin previo aviso contra los manifestantes congregados en el centro de Andijan. Fuentes no oficiales calculan que la cifra de muertos asciende al menos a 500. Supervivientes que huyeron de Andijan al vecino Kirguistán han contado a algunos periodistas que los soldados continuaron disparando indiscriminadamente contra la gente incluso cuando ésta huía en busca de refugio. A Amnistía Internacional le preocupa que, según informes, los soldados puedan haber ejecutado extrajudicialmente a manifestantes. Periodistas de la ONG internacional de prensa Institute of War and Peace Reporting (IWPR) han entrevistado a testigos presenciales que vieron a soldados matar de un tiro en la cabeza a manifestantes que yacían heridos en el suelo. Asimismo, Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación los informes según los cuales las fuerzas del gobierno dispararon contra personas que trataban de cruzar la frontera con Kirguistán. Un hombre entrevistado por WPR, que resultó herido al intentar pasar al país vecino con un grupo de manifestantes que huían de Andijan, ha afirmado que agentes encargados de hacer cumplir la ley uzbecos dispararon contra ellos sin avisar cuando se estaban acercando a  la frontera en el pueblo de Teshiktash. Ha dicho que al menos dos mujeres y tres hombres resultaron muertos. Amnistía Internacional insta al gobierno de Kirguistán a hacer cuanto esté su mano para garantizar la seguridad y la protección de quienes busquen refugio en su territorio y a asegurar que no son devueltos a Uzbekistán, donde están expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos. Los relatos de testigos presenciales como los que acabamos de exponer hacen que cobren aún más urgencia los llamamientos hechos por Amnistía Internacional a las autoridades uzbekas para que permitan hacer un seguimiento público e independiente las acciones de sus agentes y realizar con prontitud una investigación transparente, independiente y con participación de expertos internacionales sobre estos sucesos, para hacer públicos los resultados y poner a los responsables a disposición judicial. Amnistía Internacional desea señalar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha instado a que se realice una investigación independiente sobre la causa y las circunstancias de los sucesos del este de Uzbekistán.