Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades rusas que investiguen de manera exhaustiva e imparcial todos los informes sobre malos tratos policiales, incluidos episodios de patadas y golpes con porras, durante las manifestaciones contra el gobierno en Moscú y San Petersburgo celebradas los días 14 y 15 de abril.
“Las autoridades rusas deben investigar todas las denuncias de brutalidad policial. Tienen la obligación de crear un entorno favorable a la presentación de denuncias por parte de quienes han sufrido agresiones físicas, así como de todas las personas que se hayan visto acosadas o intimidadas” ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
“La actuación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley pudo constituir una violación de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, que las autoridades tienen la obligación de garantizar, así como una violación de la prohibición de malos tratos.”
A pesar de que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley declararon oficialmente que los manifestantes serían tratados “correctamente” y de conformidad con lo dispuesto en la ley, según lo que presenció la delegación de Amnistía Internacional y la información aportada por varios participantes y observadores de las protestas, las autoridades no cumplieron su promesa. Los miembros de las fuerzas especiales antidisturbios de la policía (OMON) golpearon a personas que participaban pacíficamente en la “Marcha de los disidentes”, tanto en Moscú como en San Petersburgo. Según personal médico de un hospital próximo a los acontecimientos en Moscú, 54 personas acudieron el sábado al hospital en busca de asistencia médica, con lesiones que habían sufrido en el curso de la intervención violenta de la policía para dispersar la marcha.
Amnistía Internacional realizó un atento seguimiento de los hechos en Moscú y tomó nota de varias violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes de la ley a lo largo del día:
- Uso excesivo e ilegítimo de la fuerza - Detención arbitraria de participantes en la “Marcha de los disidentes” - Detención arbitraria de periodistas que informaban sobre la “Marcha de los disidentes” - Negación del derecho de defensa jurídica a las personas detenidas que comparecieron ante un tribunal
Entre las personas detenidas se encontraba el defensor de los derechos humanos Stanislav Dmitrievskii. Fue detenido antes de llegar a la plaza de Pushkin, en el centro de Moscú, donde los organizadores de la marcha tenían previsto celebrar la reunión. No fue puesto en libertad hasta unas cinco horas después, en contravención del derecho ruso. Varias personas que habían participado en la “Marcha de los disidentes” viajaron durante la noche a San Petersburgo para participar en una concentración autorizada por las autoridades de la ciudad. Según uno de los participantes, los detuvieron nada más llegar a la estación de tren y les impidieron participar en la concentración durante más de tres horas, que es el plazo máximo que permite la ley en tales circunstancias.
Los observadores de Amnistía Internacional vieron también cómo eran detenidos dos trabajadores del canal de televisión alemán ZDF que estaban grabando una reunión autorizada en la plaza moscovita de Turgenev, a pesar de haber mostrado a los agentes la documentación que los acreditaba como personal de prensa. Según ZDF, sus empleados quedaron en libertad al cabo de una hora.
Yurii Shmidt, abogado de derechos humanos de San Petersburgo, ha informado de que a varios de los detenidos en esta ciudad que fueron juzgados y condenados por actos de gamberrismo leve no les permitieron contar con representación letrada. No hubo presente ningún testigo que confirmara las presuntas infracciones del código administrativo.
Amnistía Internacional solicita a las autoridades rusas que investiguen los abusos cometidos durante la marcha y que respeten y protejan el derecho a la libertad de reunión y de expresión.
Información complementaria En los últimos meses, la policía antidisturbios (OMON) ha recurrido reiteradamente a la violencia para dispersar las pacíficas “marchas de disidentes”, como las denominan sus organizadores. En San Petersburgo, Nizhnii Novgorod y Moscú se ha impedido a los grupos de la oposición y activistas de la sociedad civil que expresen sus opiniones discrepantes en manifestaciones y marchas pacíficas. Cientos de personas han sido detenidas, acusadas de infringir el código administrativo y privadas de asistir a reuniones, tanto si eran autorizadas como no autorizadas.
