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Más de 210.000 personas piden a la presidenta de filipinas que no se ejecute a Paco Larrañaga

Activistas de Amnistía Internacional "inyectan justicia" a la embajada de Filipinas en Madrid
  • Un total de 86 países han abolido la pena capital hasta la fecha

Madrid.- Coincidiendo con el Día Internacional Contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional ha pedido una vez más que no se ejecute a Paco Larrañaga, español condenado a muerte en Filipinas. La organización ha entregado en la Embajada de Filipinas las peticiones de más de 210.000 personas que se han dirigido a la Presidenta del Gobierno de dicho país para pedirle que se conmute la pena de muerte mediante inyección letal a Paco Larrañaga, que se establezca una moratoria en todas las ejecuciones pendientes y que se produzca la abolición de la pena de muerte de su legislación. Amnistía Internacional a lo largo de la semana ha organizado diferentes actos de apoyo a Paco Larrañaga en diversas localidades españolas como Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Oviedo, Salamanca, Sevilla, Vigo y Zumárraga , entre otras. En la actualidad, un total de 1.100 personas están pendientes de ejecución en Filipinas. Desde la restauración de la pena de muerte en 1993 se han llevado a cabo 7 ejecuciones. Entre estas personas, al menos 21 jóvenes continuaban condenados a muerte por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años, aun cuando la ley establecía con claridad que los menores no podían ser condenados a muerte ni ejecutados. Antecedentes del caso de Paco Larrañaga Francisco Larrañaga, español de 27 años  lleva desde los 19 años en una cárcel filipina. El 5 de mayo de 1999 fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de primera instancia, junto con otros seis acusados, por secuestro, violación y muerte de dos mujeres filipinas: Maryjoy Chiong y Jacqueline Chiong (las “hermanas Chiong”). El 5 de febrero de 2004, el Tribunal Supremo de  Filipinas revisó la sentencia y la aumentó condenando a Francisco Larrañaga y a otros cinco imputados a pena de muerte. En cuanto al séptimo condenado, James Anthony Uy, se le ha mantenido la cadena perpetua ya que cuando se llevó a cabo el crimen era menor de edad. Según el Tribunal Supremo, Larrañaga y los demás condenados  secuestraron el 16 de julio de 1.997 en un centro comercial de la ciudad filipina de Cebú a las hermanas Maryjoy y Jacqueline Chiong, entonces con 19  y 21 años respectivamente. Los condenados, añade la sentencia, violaron repetidamente a las víctimas. El cadáver de Maryjoy apareció el día siguiente, mientras que el cuerpo de Jacqueline sigue desaparecido. Francisco Larrañaga ha manifestado en todo momento su inocencia, argumentando que en la mañana del 16 de julio de 1.997 se estaba examinando en la Escuela de Artes Culinarias en Manila, a 300 kilómetros por mar de la ciudad de Cebú, donde presuntamente se cometieron los crímenes. La coartada la ratificaron 15 testigos, entre ellos la profesora de la escuela, sus compañeros de clase, el guardia de seguridad del edificio donde vivía en Manila y los amigos con los que estuvo aquella noche. Además, el juez no permitió declarar a otros 20 testigos, que podrían haber corroborado la coartada. En marzo del 2004 los abogados elevaron una moción de reconsideración al Tribunal Supremo con la esperanza que debido a todas las irregularidades que caracterizaron al proceso se pudiera celebrar un nuevo juicio. Sin embargo, el 21 de julio 2005 el Tribunal Supremo desestimó la moción y confirmó la pena de muerte por inyección letal. Después de esta decisión del tribunal, su única posibilidad es el indulto presidencial. Si él acusado solicita el indulto, tiene que reconocer su culpabilidad, pero si lo hace un tercero, ese requisito no es necesario. Por esta razón, Paco ha manifestado en reiteradas ocasiones que él no va a pedir clemencia, porque siempre se ha declarado inocente. A finales de septiembre, el Gobierno español se ha ofrecido directamente a la familia para gestionar la solicitud de indulto, y según informaciones recibidas, está cumpliendo con este compromiso. Otros españoles condenados a pena de muerte Amnistía Internacional trabaja en estos momentos por la situación en la que se encuentras otros dos españoles condenados a muerte en el extranjero: Pablo Ibar, más de 4 años en un corredor de la muerte de Florida (Estados Unidos). En 1994 Pablo Ibar fue acusado junto a Seth Peñalver de asesinar a tres personas durante un robo en la mansión en la que se encontraban las víctimas. Según la familia y su abogado, el proceso estuvo lleno de irregularidades. Desde el 2 de diciembre de 2003 se permanece a la espera de que el tribunal decida si se repite o no el juicio. Nabil Manakli, desde el 11 de septiembre de 2003 vive en peligro de ejecución inminente en Yemen. Fue detenido en 1997 acusado de planear actos de sabotaje y asesinatos por un atentado con bomba ocurrido en Adén en ese mismo año. Las gestiones de las autoridades de las UE y de España, incluido el gobierno español consiguieron aplazar la ejecución, pero la condena a muerte continúa. Pena de muerte en el mundo A pesar de que existe una tendencia clara hacia su abolición en todo el mundo, siguen siendo muchos los países que continúan aplicando la pena de muerte. Según los datos de que dispone Amnistía Internacional, en el año 2004 se llevaron a cabo en el mundo 3.797 ejecuciones. La cifra real de ejecuciones puede haber sido mucho mayor. El 94% de estas ejecuciones tuvieron lugar en sólo cuatro países: China (3.400 ejecuciones conocidas), Irán (159 ejecuciones conocidas), Vietnam (64 ejecuciones conocidas) y Estados Unidos de América (59 personas). Hasta el 10 de octubre de 2005 la tendencia abolicionista ha crecido, sumándose México y Liberia a la lista de países abolicionistas. Y Bélgica reformó su Constitución en febrero de 2005 para prohibir la pena capital en toda circunstancia. En total son ya 86 los países que han retirado de su legislación la aplicación de la pena de muerte para ningún tipo de delito. Sin embargo hay que lamentar el reinicio de las ejecuciones por parte de la Autoridad Palestina y por parte del gobierno de Irak. El 1 de marzo 2005, el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibió la ejecución de menores, un ejemplo que podría ayudar a conseguir la erradicación total y definitiva de esta práctica internacionalmente ilegal en todo el mundo. Sin embargo, países como Irán han continuado ejecutando menores durante el 2005.

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