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Diálogo de derechos humanos Unión Europea-China en Madrid

El ministro de Exteriores debe arrancar compromisos concretos sobre derechos humanos al Gobierno chino y darlos a conocer con transparencia

Madrid/Bruselas.- En China se producen al año miles de ejecuciones silenciadas bajo el pretexto de que es “secreto de Estado”, existen serias restricciones a la libertad de expresión, se acosa sistemáticamente a los activistas y defensores y defensoras de derechos humanos, y continúa la represión contra minorías como la uigur y tibetana. La Unión Europea (UE) no puede ignorar estas violaciones de derechos humanos en aras de intereses económicos y comerciales.

El 29 de junio se celebra la próxima ronda de Diálogos de Derechos Humanos de la Unión UE con China. Por ello, Amnistía Internacional (AI) se ha dirigido a la Presidencia española de la UE solicitándole que exija a las autoridades chinas compromisos firmes y concretos para la protección de los derechos humanos, y para pedirle que dé a conocer de manera transparente los resultados obtenidos en esta ronda de Diálogos.


La Unión Europea debe aprovechar esta oportunidad para abordar las serias violaciones de derechos humanos denunciadas a lo largo del país, y exigir al Gobierno chino una acción firme y contundente para impulsar las reformas necesarias para que de una vez por todas se respeten los derechos humanos”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Peticiones a la UE
Amnistía Internacional insta al Gobierno español, como Presidencia de turno de la UE, a que aproveche esta nueva ronda de Diálogos de Derechos Humanos con China para arrancar compromisos concretos a las autoridades chinas, como son:

El reconocimiento efectivo del derecho a la libertad de expresión y asociación de todos los ciudadanos chinos, así como garantizar que los defensores y defensoras de derechos humanos podrán llevar a cabo su labor sin sufrir ningún tipo de acoso, tortura, malos tratos o detención arbitraria.

La inmediata liberación de Yang Chunlin, encarcelado por hacer campaña a favor de los agricultores chinos cuyas tierras han sido confiscadas para proyectos de desarrollo. AI lo considera preso de conciencia. La Presidencia española, de acuerdo a las Directrices de la UE relativas a la tortura, debe manifestar preocupación por las torturas que se le han infligido.

La publicación de las estadísticas sobre el número de sentencias a pena de muerte y ejecuciones, desagregadas por tipo de delito, región, sexo y otras categorías. Asimismo, el Gobierno chino debe proporcionar información detallada sobre los procedimientos para la revisión de las sentencias a pena de muerte del Tribunal Supremo Popular y garantizar que los detenidos acceden a su derecho de asistencia letrada inmediata, visita de sus familiares, presunción de inocencia, así como la inadmisibilidad de confesiones extraídas bajo tortura.

La abolición del sistema de "reeducación por el trabajo" así como otras formas de detención administrativa sin cargos, juicio ni posibilidad de revisión judicial.

Una investigación independiente e imparcial por los hechos ocurridos en julio de 2009 en la región autónoma uigur de Xinjiang, permitiendo el pleno acceso a los escenarios de enfrentamiento, testigos y detenidos, y haciendo públicas todas las informaciones recabadas. Todos los juicios resultantes de la investigación deben también cumplir con todas las garantías de acuerdo con los estándares internacionales. Las autoridades chinas deben también poner en libertad a todas las personas de etnia uigur detenidas por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación.

Una investigación imparcial sobre las muertes bajo custodia registradas en el Tíbet en marzo de 2008, así como las denuncias de tortura y otros malos tratos a detenidos tibetanos, con el propósito de llevar a los responsables ante la justicia. Asimismo, la puesta en libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por el simple hecho de haber ejercido de manera pacífica el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, como es el caso del académico y escritor tibetano Tagyal.

Cumplir de forma efectiva con su decisión anunciada de invitar a dos Relatores Especiales de Naciones Unidas (el Relator Especial sobre libertad de religión y creencia, y el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación), aportando fechas específicas para sus visitas lo antes posible, y proporcionando toda la información requerida en muestra de su plena cooperación con su mandato. Asimismo, el Gobierno chino debe aceptar las visitas también solicitadas por otros procedimientos especiales tales como el Relator Especial sobre el derechos a la libertad de opinión y expresión, el Relator Especial  para los Defensores de Derechos Humanos, así como otros expertos independientes sobre minorías.

Más información: Violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno chino

Amnistía Internacional lleva años denunciando algunas de las principales violaciones de derechos humanos que se cometen en China.

1. Restricciones a la libertad de expresión. Aunque las autoridades chinas aseguran que su legislación ofrece plenas garantías para la libertad de expresión, decenas de periodistas y escritores siguen encarcelados, muchos de ellos acusados de "filtrar secretos de Estado" al exterior. Para el Gobierno chino la prohibición por ley sobre el uso de Internet y otros medios de comunicación, responde a la instigación contra el gobierno, el fomento de divisiones en el territorio nacional y el odio entre los grupos étnicos y religiosos. Con este argumento las autoridades chinas han cerrado masivamente sitios web, se han bloqueado otros como la web de Amnistía Internacional y la de la BBC, se han atacado cuentas privadas de correo electrónico y se ha creado una policía cibernética para controlar a los usuarios.

2. Acoso a los defensores de derechos humanos. Si bien la libertad de expresión y asociación están recogidas en la Constitución china en su artículo 35, Amnistía Internacional ha denunciado en numerosas ocasiones el riesgo al que están sometidos los ciudadanos chinos de sufrir severos castigos por expresar públicamente su opinión. Las restricciones a la libertad de expresión afectan a activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, abogados, periodistas, así como a aquellas personas que expresan su opinión sobre la represión de Tiananmen en 1989 o los recientes terremotos en Tíbet y Sichuan.

Un ejemplo es Yang Chunlin, uno de los 10 casos por los que Amnistía Internacional ha trabajado durante la Presidencia española de la UE. Yang Chunlin hacía campaña a favor de los agricultores chinos cuyas tierras habían     sido confiscadas para proyectos de desarrollo. Por ello, en 2008 fue declarado culpable de "incitar a la subversión del poder del Estado" y condenado a 5 años de prisión. Ha estado recluido en régimen de incomunicación y ha sido torturado. En varias ocasiones le estiraron y encadenaron las piernas y los brazos a las cuatro esquinas de una cama de hierro y le obligaron a comer, beber y defecar en esta posición. AI ha puesto en marcha una ciberacción a través de su web, www.actuaconamnistia.org, en la que pide al Gobierno español que desde la UE  interceda para la puesta en libertad inmediata de Yang Chunlin, a quien la organización considera preso de conciencia.


3. Pena de muerte. Las cifras anuales de ejecuciones en China siguen siendo “secreto de Estado”, si bien Amnistía Internacional estima que son varios miles. Hasta 2008, los medios de comunicación se hacían eco de algunas de estas ejecuciones, lo que señalaba a China como el mayor ejecutor del mundo. China castiga 68 delitos con pena de muerte, algunos de ellos no violentos. AI ha denunciado en numerosas ocasiones que las sentencias de muerte son el resultado de juicios injustos.  Las autoridades chinas continúan utilizando las ejecuciones para demostrar que las actividades consideradas dañinas para la estabilidad social se tratarán con mano dura.

4. La "reeducación por el trabajo" y otras formas de detención administrativa
. Amnistía Internacional sigue considerando motivo de preocupación el uso habitual por parte de la policía de formas de detención sin juicio como la “reeducación por el trabajo” y la "rehabilitación forzosa por drogas”. Estas formas de detención administrativa permiten a la policía enviar a personas a centros de reeducación por periodos de hasta 4 años sin supervisión judicial, privando a los detenidos del derecho a un juicio justo, a asistencia letrada y a la presunción de inocencia. Se estima que entre 300.000 y 500.000 personas están actualmente internadas en campos de reeducación, sin haber sido sometidas a ningún tipo de juicio previo.

5. La represión de las minorías uigur y tibetana.  La identidad étnica del pueblo uigur, mayor grupo racial no chino del país, es sistemáticamente menoscabada. Las políticas gubernamentales limitan el uso de la lengua uigur, la libertad religiosa y el flujo constante de migrantes chinos de etnia han hacia la región están destruyendo sus costumbres y, junto a la discriminación laboral, están avivando el descontento y las tensiones étnicas. Todo ello unido a una campaña del Gobierno que ha provocado el arresto y la detención arbitraria de miles de uigures. En julio de 2009 se produjo una fuerte represión de protestas de personas de etnia uigur en las calles de Urumqi, capital de la región autónoma uigur de Xinjiang. Según las cifras oficiales, cerca de 200 personas murieron, la mayoría de ellas de etnia han y 1.600 resultaron heridas. Sin embargo, tras las entrevistas realizadas a testigos por Amnistía Internacional, el número de muertos de etnia uigur podría ser muy superior.

Sigue preocupando también la situación en la Región Autónoma del Tíbet.     Los graves incidentes registrados durante las protestas de marzo de 2008 en el Tíbet y las regiones limítrofes dieron lugar a decenas de muertos y centenares de detenidos. Los derechos de los tibetanos a la libertad de expresión, asociación y religión siguen siendo fuertemente restringidos. Las autoridades chinas han hecho declaraciones públicas que manifiestan su firme intención de castigar económica y diplomáticamente a aquellos países que muestren su apoyo al Dalai Lama y a las exigencias del Tíbet.

 

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