Saltar al contenido
Actuamos por los derechos humanos en todo el mundo
Buscar

Córdoba acoge la XXXVI Asamblea General Federal de Amnistía Internacional España

Justicia para las víctimas de la pobreza, defensa de la justicia universal y abolición de la pena de muerte, prioridades para 2010

Córdoba.- Más de 200 activistas, en representación de los más de 58.000 socios y socias de la Sección española de Amnistía Internacional (AI), se reúnen en Córdoba los días 24 y 25 de abril para celebrar la XXXVI Asamblea General Federal de la organización. Durante dos jornadas, los participantes abordan la situación de los derechos humanos en España y en el mundo, y fijan las prioridades de actuación para el próximo año.

Amnistía Internacional seguirá luchando contra la pobreza a través de Exige Dignidad, campaña que intenta visibilizar la vinculación entre la pobreza y las violaciones de derechos humanos y para que se establezcan mecanismos de mecanismos de rendición de cuentas de sus responsables. A través de la campaña Justicia Universal promoverá en el ámbito internacional el funcionamiento e integridad del Tribunal Penal Internacional y tratará en el ámbito nacional de frenar los recortes que se están poniendo en marcha para su ejercicio. Por otra parte, la organización seguirá impulsando una moratoria universal para la Abolición de la pena de muerte. Algunas de estas cuestiones también se están impulsado con la campaña que AI está realizando con motivo de la Presidencia española de la Unión Europea (UE).


Prioridades en el mundo
► De cara a la lucha contra la pobreza, la Sección española centrará sus esfuerzos para que en la Cumbre sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio, prevista para el próximo mes de septiembre, se incorpore el enfoque de derechos humanos y se destaquen aspectos relacionados con los derechos de las mujeres, la no discriminación, la participación y la rendición de cuentas.

Además, AI trabajará especialmente en la protección de las mujeres frente a la violencia, en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y en el acceso sin discriminación a la salud materna en Estados Unidos, Burkina Fasso, Sierra Leona y Nicaragua. Igualmente pedirá mecanismos de rendición de cuentas para garantizar el derecho a la justicia y reparación a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por empresas en países como India, Brasil, Colombia o Costa de Marfil. Y solicitará el fin de los desalojos forzados en Rumanía e Italia, entre otros.

► Amnistía Internacional sigue trabajando en la defensa de los derechos de los refugiados e inmigrantes, pidiendo avances en Europa en relación con los derechos de los solicitantes de asilo. La tendencia de la UE sigue siendo dejar en manos de terceros los controles fronterizos sin garantizar sus derechos. Acuerdos como el existente entre la UE y Libia preocupan especialmente a la organización por tratarse de un país que no ha firmado la Convención de Ginebra para Refugiados, carece de procedimientos de asilo y donde las personas pueden ser deportadas a países donde podrían ser sometidas a tortura y sufrir otras violaciones muy graves de sus derechos humanos.

► Impulsar medidas eficaces para acabar con la discriminación que millones de personas siguen sufriendo en Europa por motivos de origen étnico seguirá siendo uno de los temas prioritarios de Amnistía Internacional, con 12 millones de personas la población gitana constituye la principal minoría de la UE y también la que más discriminación padece. A lo largo de 2010, la organización impulsará la adopción de la Directiva Europea de la No Discriminación y la Igualdad de Trato como herramienta de protección contra toda discriminación por identidad sexual o de género, creencias religiosas, situación de discapacidad o por edad.

► En el ámbito de la “guerra contra el terror”, AI velará para que en el proceso del cierre de Guantánamo se garantice un destino seguro para los detenidos y para que se establezca un mecanismo de rendición de cuentas. Por ello es imprescindible que se emprendan investigaciones por la presunta complicidad de los Estados miembros de la UE en las detenciones secretas y entregas extraordinarias llevadas a cabo junto a Estados Unidos. Se cumplirían así las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de DDHH de la ONU que en un informe reciente sobre prácticas globales relacionadas con las detenciones secretas, identificaba a países de la UE (Alemania, Italia, Lituania, Polonia, Rumanía y Reino Unido) por su supuesta complicidad.    

► Amnistía Internacional aunará esfuerzos para que se impulse la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, especialmente en el marco de la Presidencia española, ya que hasta el momento sólo 13 de los 27 Estados miembros lo han ratificado. También trabajará por la ratificación universal del Tribunal Penal Internacional, promoviendo el ejercicio de la justicia universal. Y contribuirá a la aprobación en 2012 de un tratado sobre el comercio de armas que pretende controlar las transferencias internacionales de armas convencionales, y que cuenta con un amplísimo respaldo de la Asamblea General de Naciones Unidas.


Prioridades en España
► Amnistía Internacional se enfrenta a lo largo de 2010 a importantes retos en materia de derechos humanos en España. En el ámbito de la pobreza, y dentro de la campaña Exige Dignidad, la organización trabajará para que se avance en el acceso a la justicia a las personas que han visto vulnerados sus derechos económicos, sociales y culturales, en particular en lo que respecta al derecho a la salud y a la vivienda. También en el marco de la campaña, intentará que haya medidas concretas y eficaces que garanticen el derecho a la salud y los derechos humanos de los menores en centros terapéuticos de protección.

► El próximo mes de mayo, España se enfrenta por primera vez al Examen Periódico Universal de Naciones Unidas. Para Amnistía Internacional se trata de una ocasión excepcional para que el Estado español asuma compromisos reales y concretos con los derechos humanos, especialmente en la lucha contra la tortura y los malos tratos.

► Aunque a lo largo de 2009 hubo reformas tanto en la ley de asilo, como en la ley de extranjería, AI denunciará algunas de las medidas incluidas en estas leyes como, por ejemplo, el hecho de que se excluya a los nacionales comunitarios de la posibilidad de pedir asilo en nuestro país, el aumento de obstáculos para el acceso al procedimiento de asilo, o medias como el aumento del plazo de internamiento de inmigrantes de 40 a 60 días, o la posibilidad de incoación de una orden de expulsión a mujeres extranjeras víctimas de malos tratos en situación irregular, aumentando su vulnerabilidad.

► Amnistía Internacional impulsará la correcta implementación de la Directiva sobre Igualdad racial del año 2000. Para ello se pedirá que se acabe con la desgana del Estado español para combatir el racismo y la xenofobia. España, junto a República Checa, Luxemburgo y Polonia son de los únicos países de la UE que no disponen de organismos oficiales para la recogida de quejas con carácter racista.

► También a lo largo de este año, Amnistía Internacional tratará de frenar los recortes que se están poniendo en marcha en la legislación española para limitar el ejercicio de la jurisdicción universal. Por ello trabajará para que en la reforma del Código Penal se incluyan los crímenes internacionales más graves contemplados en el Estatuto de Roma, ratificado por España: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, esclavitud. Igualmente, exigirá que se reconozca el derecho de las víctimas de la guerra civil y el franquismo a verdad, justicia y reparación.

 
Logros en el mundo
En el último año, activistas de la Sección española de Amnistía Internacional han trabajado por más de 400 casos de personas que han sufrido abusos y menoscabo en sus derechos humanos. Más de 60 han visto mejorada su situación como Hana Abdi, defensora de los derechos de las mujeres en Irán, que fue liberada tras cumplir 16 meses de una condena de cinco años de prisión por pedir la reforma de las leyes que discriminan a las mujeres en su país, Nabil Manakli, español de origen sirio a quien las autoridades de Yemen conmutaron la condena a muerte, Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena mexicana acusada de haber secuestrado a seis policías y que fue puesta en libertad sin cargos, Murat Gasayev, que tras ser extraditado de España a Rusia, fue puesto en libertad sin cargos, o de Kartika Sari Dewi Shukarno cuya condena a flagelación por beber cerveza en Malasia fue aplazada indefinidamente.

En la lucha contra la pobreza, decenas de miles de activistas solicitaron la firma y ratificación del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Más de 31 Estados, entre ellos España, lo firmaron dando vida a un instrumento que permite el acceso a la justicia para las personas que han visto vulnerados derechos como el acceso a la salud, al agua potable, a la educación o a una vivienda, entre otros.

En el ámbito de la “guerra contra el terror”, tras su toma de posesión, el presidente de Estados Unidos, Barak Obama ordenó cerrar Guantánamo, suspender los juicios militares, revisar los casos de los procesados, acabar con métodos de interrogatorio equiparables a la tortura y cerrar la red de prisiones ilegales de la CIA. También se hicieron públicas las órdenes que justificaban la tortura en la era Bush. La presión de la sociedad civil y de organizaciones como AI ha sido clave para hacer posible el cierre de Guantánamo, así como la colaboración de algunos países europeos en la acogida de detenidos, entre ellos, España.

La Justicia Internacional ha seguido avanzando en el mundo, excepto en España. A lo largo del 2009, la Corte Penal Internacional dictó una orden de arresto contra el Presidente de Sudán, Omar el Bashir por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, un hecho sin precedentes; inició el primer juicio contra Thomas Lubanga, de la República Democrática del Congo (RDC) por reclutamiento de niños soldado;  y confirmó los cargos contra Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de la RDC acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad, presuntamente cometidos en la República Centroafricana entre octubre de 2002 y marzo de 2003. Mientras que el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia condenaba a cinco responsables (políticos de alto rango, policías y militares) de crímenes de guerra en 1999 en Kosovo.

En 2009, el Gobierno español anunció su intención de liderar una iniciativa mundial para conseguir una moratoria universal de la pena de muerte en 2015, que cuenta con el apoyo de AI. Para la organización los países que todavía cometen ejecuciones son la excepción y no la norma. Además de China (que no hace públicos sus datos sobre ejecuciones), los principales Estados ejecutores fueron Irán, Irak, Arabia Saudí y Estados Unidos. Con todo, el mundo prosiguió su avance hacia la abolición. El número de países que han eliminado por completo la pena capital de su legislación se elevó a 95, los últimos en abolirla han sido Burundi y Togo.

Amnistía Internacional reconoce el gran esfuerzo realizado por la Presidencia española para combatir la violencia de género en el seno de la UE. Considera muy positivo el acuerdo de los 27 para la creación de una Estrategia europea contra la violencia de género en la que se incluye la puesta en marcha del Observatorio Europeo de Violencia de Género, que debe recoger información y diagnosticar todas las formas de violencia de contra las mujeres y las niñas.

 
Logros en España
Los activistas de Amnistía Internacional han contribuido a diversos logros en relación a los derechos humanos en España. El Estado español se mostró dispuesto a acoger entre dos y cinco detenidos de Guantánamo, siempre que hubieran elegido España como destino y no tuvieran antecedentes penales. El primero de los detenidos llegó a nuestro país el pasado mes de febrero. Amnistía Internacional seguirá trabajando para que los ex detenidos de Guantánamo sean protegidos física y legalmente para que puedan reconstruir sus vidas.

Continúan 14 casos en la Audiencia Nacional de jurisdicción universal. Se admitieron a trámite querellas contra varios militares y un ex ministro israelíes por presuntos crímenes de guerra cometidos en 2002 en la ciudad de Gaza;  contra 14 miembros del ejército de El Salvador por el asesinato en 1989 de ocho personas, entre ellas cinco jesuitas españoles; y se incoaron diligencias previas para investigar torturas en Guantánamo, tras las denuncias presentadas por cinco detenidos que estuvieron allí.

En esta línea, el Gobierno español anunció que seguirá apoyando y financiando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, tal y como pide Amnistía Internacional. Y ratificó sin reservas la Convención de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, petición largamente solicitada por la organización.

Por primera vez, se incluyeron en las estadísticas anuales de comercio exterior de armas un control del material de caza y tiro deportivo, así como de su munición, una demanda reclamada durante años por Amnistía Internacional.

Igualmente los activistas de AI ha contribuido a que España ratifique el Convenio del Consejo de Europa de lucha contra la trata de personas, la Convención para la eliminación de las bombas racimo, y los Protocolos 4, 7 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que regulan los procedimientos de expulsión de extranjeros y prohíben la aplicación de la pena de muerte.  
 
/// FIN

Cómo puedes ayudar