Madrid.- Tras analizar los reales decretos ley sobre vivienda publicados ya en el Boletín Oficial del Estado, Amnistía Internacional da la bienvenida a estas medidas y “considera que el poder ejecutivo y legislativo deben utilizar todas las vías jurídicas que el ordenamiento facilita para legislar en favor del derecho a la vivienda, en medio de la grave crisis en la que nos encontramos”.
La organización considera que es positivo que se hayan añadido algunas medidas que los anteriores decretos rechazados en el Congreso no incluían, como las prórrogas extraordinarias de un año en el alquiler, tanto en caso de situación de vulnerabilidad y en el caso de que la propiedad sea un gran tenedor, como en las relativas a las zonas tensionadas. “Esto favorece la seguridad de tenencia y protege a las personas”, indica Marta Mendiola, investigadora sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España.
En cuanto a las medidas relacionadas con la compra especulativa de vivienda, estas mejoran el texto anterior. En este sentido, la organización recuerda que Naciones Unidas ha pedido a los Estados en diversas ocasiones adoptar las medidas necesarias para frenar los factores que provocan una falta de vivienda asequible, como la especulación inmobiliaria.
Otras medidas positivas incluidas en estos decretos son, para Amnistía Internacional, las que mejoran el derecho de información de las personas inquilinas en la publicidad de anuncios de vivienda, y las que indican que, en caso de alquilarse la vivienda adquirida con financiación de la Línea Tu CASA deberá hacerse con límite de precios.
Sobre los desalojos, aunque la organización lleva años pidiendo medidas estructurales para hacer frente a este problema, estos decretos incluyen como novedad una medida para que las Comunidades Autónomas paguen las costas procesales de las personas demandantes, incluso pagando con intereses los posibles retrasos en la compensación a propietarios. Con respecto al régimen de enervación extraordinaria previsto para evitar desahucios, que ya estaba en el anterior decreto, Amnistía Internacional señala que Naciones Unidas ha recordado que corresponde al Estado demostrar que ha considerado las circunstancias particulares de cada caso hasta el máximo de sus recursos disponibles para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan permanecer en sus casas si no hay alternativa habitacional. Es esencial que se adopten medidas que protejan a las personas de enfrentar una situación de sinhogarismo como consecuencia de un desalojo. Asimismo, insta a las administraciones a adoptar medidas para proteger a las personas que no están cubiertas por estas normas, es decir, las personas que enfrenten desalojos de vivienda cuya propiedad tenga dos o menos viviendas.
“Los grupos parlamentarios de la Diputación Permanente ahora deben aprobar estos decretos para que estas medidas se consoliden y se atienda a la situación de urgencia de las personas. Es hora de hacer frente a esta crisis de un derecho humano como es el de la vivienda, que afecta a millones de personas en el país”, declara Mendiola.
Sobre la huelga general convocada para el 11 de noviembre
Amnistía Internacional reconoce que hay motivos de sobra para salir a la calle y apoyar las manifestaciones a favor del derecho a la vivienda, y la huelga es una forma de protesta pacífica, amparada por el derecho a la libertad de expresión, y también por el Tribunal Constitucional, que ya dejó claro en 1981 que la protesta frente a decisiones de política económica y social, aunque no exclusivamente laborales, que afectan a miles de personas sí está permitida dentro del derecho a la huelga. Por ello, Amnistía Internacional defiende el derecho a que las personas que así lo consideren la lleven a cabo sin injerencias ni temor a represalias.
