Amnistía Internacional pide al Gobierno que en el próximo Consejo de Ministros impulse un Plan de Acción que incluya medidas urgentes para abordar la violencia sexual, un problema que podría afectar a más de 3 millones de mujeres en nuestro país. La organización reclama también a todos los partidos políticos un compromiso firme y sólido de cara a la próxima legislatura para seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género, incluida la violencia sexual.
"La violencia sexual sigue invisibilizada al no haber datos y cifras oficiales que permitan dimensionar el problema. Ha sido la gran ausente de las políticas públicas de este país en los últimos 30 años, también en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A ello hay que unir que la atención que reciben las mujeres es desigual según la comunidad autónoma en la que vivan, y la sensibilidad o los prejuicios de los y las profesionales que las atienden desde el momento en que ponen la denuncia" manifestó esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
El 13,7% de las mujeres de más de 16 años residente en España habría sufrido algún tipo de agresión sexual a lo largo de su vida, según datos de la Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres de 2015. En 2018, se denunciaron 1.702 violaciones (cerca de 5 violaciones al día), en un total de 13.811 denuncias contra la libertad e indemnidad sexual. Una cifra que sitúa a España muy lejos de la media europea en cuanto al número de denuncias, en el puesto 25 de un total de 32 países. La falta de confianza en las autoridades, el miedo a no ser creídas y la estigmatización contribuyen a que el número de denuncias, aunque aumenta, lo haga muy poco a poco.
Y aunque el Gobierno ha mostrado interés en abordar la violencia sexual, por ejemplo, con la reforma del Código Penal, lo cierto es que pocas medidas se han puesto en marcha. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por la mayoría de los grupos políticos en septiembre de 2017, reconoce que la violencia sexual es un problema ampliamente extendido. Pese a ello, en un total de 212 medidas aprobadas, solo 30 tienen en cuenta la violencia sexual y en algunos casos de manera muy tangencial. Es llamativo que no haya medidas para la prevención y sensibilización en áreas como el deporte, la sanidad o en el ámbito laboral, o que no haya ninguna dirigida a la protección y asistencia a menores, o a la formación especializada para profesionales en contacto con las víctimas y sus familiares. Por otro lado, una de estas medidas que está empezando a aplicarse, implicaba la necesidad de que las entidades locales establecieran puntos seguros y de información en violencia sexual, una medida impulsada por alguna comunidad autónoma, como la valenciana.
“Pese a que hay un compromiso de palabra de los partidos políticos para avanzar en violencia de género, es desesperante la lentitud con la que se ponen en marcha medidas eficaces para abordarla”Esteban Beltrán, Amnistía Internacional
Seguir avanzando en violencia de género
La violencia de género sigue cobrándose cientos de víctimas. Solo en lo que va de año 9 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, y 8 menores se han quedado huérfanos. Esto eleva a 984 las mujeres asesinadas desde enero de 2003. Aunque existen herramientas para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, como la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, o el propio Pacto de Estado, lo cierto es que éstas deben ir acompañadas de la implementación de todas las medidas y de los recursos necesarios para que sean efectivas.
"Aunque hay un compromiso de palabra por parte de la mayoría de los partidos políticos para seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género en todas sus formas, es desesperante la lentitud con la que se están poniendo en marcha las medidas contempladas en el Pacto de Estado. La protección de las mujeres que sufren violencia de género, de sus hijos e hijas, no puede depender de la coyuntura política del país. Ya ha pasado casi un año y medio desde su entrada en vigor y podría quedar paralizado hasta que haya nuevo gobierno. España sigue sin avanzar en la implementación de las recomendaciones del Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres, en vigor en nuestro país desde 2014", señaló Esteban Beltrán.
El Pacto de Estado tiene una vigencia de cinco años y plantea un conjunto de medidas sobre sensibilización y prevención, educación, mejoras de la respuesta institucional, protección de menores y formación especializada. Con motivo del Real Decreto-Ley 9/2018 del 3 de agosto, se aprobaron algunas medidas urgentes que suponen un avance, entre otras, la designación urgente de letrado y procurador y la acreditación de la condición de víctima mediante la modificación de la Ley Integral; la reforma del Código Civil en relación a la atención psicológica de los hijos e hijas menores de edad que ya no requerirá el consentimiento del progenitor agresor; la mejora de la situación de orfandad de los hijos e hijas víctimas de violencia de género; así como el impulso de la formación especializada para jueces y fiscales a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, y pese a estos pasos, la mayoría de las medidas recogidas en el Plan siguen sin haberse puesto en marcha.
Diez medidas urgentes contra la violencia sexual
Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia no pueden seguir esperando, por eso, Amnistía Internacional pide al Gobierno que para el próximo Consejo de Ministros impulse un Plan de Acción que recoja al menos las siguientes diez medidas.
A corto plazo
- Incluir en las estadísticas de violencia de género datos sobre la magnitud y la prevalencia de la violencia sexual.
- Realizar campañas a nivel estatal que expliquen qué es la violencia sexual y qué hacer en caso de sufrir una agresión sexual.
- Garantizar información adecuada a todas las mujeres y asistencia letrada gratuita de calidad desde el momento que se pone una denuncia.
- Establecer un teléfono de atención especializada en casos de violencia sexual, 24 horas al día, todos los días del año, en diferentes idiomas.
- Formar en violencia sexual desde un enfoque interdisciplinar a los diferentes agentes sociales.
- Revisar y aplicar un Protocolo Común ante la Violencia de género, incluida la violencia sexual, para garantizar el mismo tipo de atención en todo el territorio.
- Garantizar la existencia de centros especializados en todo el territorio español, y a largo plazo impulsar la creación de centros de emergencia multidisciplinares con atención permanente.
- Coordinar el trabajo de diferentes ministerios para garantizar una atención adecuada a las víctimas y formar a todos los operadores jurídicos, médicos y policiales en contacto con las víctimas en perspectiva de género y derechos humanos.
- Reformar el Código Penal en lo referente a los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas, garantizando que se garantiza la autonomía sexual y el consentimiento libremente dado, de acuerdo con los estándares internacionales. E incluir expresamente en la Ley de Extranjería, la no incoación de un procedimiento de expulsión a las mujeres extranjeras en situación irregular que denuncien violencia sexual.
- Impulsar la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia Sexual
Cerca de 90.000 personas dicen #NoConsiento la violencia sexual
Más de 90.000 personas apoyan la campaña NoConsiento.org contra la violencia sexual en España. Esperamos seguir consiguiendo más apoyos para exigir de cara a la próxima legislatura un compromiso a todos los partidos políticos para seguir avanzando en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, incluida la violencia sexual.
Información complementaria
Desde el 6 de febrero, representantes de Amnistía Internacional se han reunido con la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo; la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop; Diego Blázquez, asesor del Gabinete de la Vicepresidencia de Gobierno; la Ministra de Justicia, Dolores Delgado; la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella Gómez; el Director de gabinete del Defensor del Pueblo, Francisco Virseda y Elena Arce, Jefa del Área de Migraciones; y la Fiscal de Sala para la Violencia de Género, Pilar Martín Nájera. Las conversaciones han terminado en el Congreso de los Diputados, con representantes de todos los partidos políticos presentes en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género. A todos ellos les presentaron las preocupaciones de la organización sobre violencia sexual en España, y las diez medidas urgentes necesarias para abordar este problema. Más información sobre violencia sexual en España
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