¿Cuál es la situación de los derechos humanos en España? Según el Informe Anual 2025/26 de Amnistía Internacional, persisten problemas estructurales en ámbitos como la vivienda, la migración, la libertad de expresión y protesta o el acceso a la sanidad, junto a nuevos retos relacionados con la vigilancia digital y la crisis climática.
En este artículo respondemos a las principales preguntas para entender la situación de los derechos humanos en España hoy y qué cuestiones siguen siendo motivo de preocupación.
Situación de los derechos humanos en España
1. ¿Cuáles son los principales problemas de derechos humanos en España hoy?
Según el Informe Anual 2025/26 de Amnistía Internacional, los principales problemas en la situación de los derechos humanos en España incluyen la crisis de acceso a la vivienda y el elevado número de desahucios, que afectan especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.
El informe también destaca preocupaciones en materia de migración, como la situación de menores no acompañados y posibles prácticas discriminatorias. En el ámbito de las libertades, advierte de riesgos para el derecho a la protesta y la libertad de expresión.
Además, señala retos en la lucha contra la violencia de género y sexual, las dificultades en el acceso efectivo al aborto y cuestiones relacionadas con la vigilancia digital y la protección de datos. A esto se suman los impactos de la crisis climática y las respuestas institucionales ante situaciones de emergencia.
Activistas del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid protestan durante el desahucio de una familia en Madrid, denunciando la falta de alternativas habitacionales. © David Canales / SOPA
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Crisis de vivienda y desahucios en España
2. ¿Por qué hay una crisis de vivienda en España?
España sigue inmersa en una grave crisis de vivienda, que Amnistía Internacional considera un problema de derechos humanos para millones de personas. Esta situación se explica por factores estructurales que dificultan el acceso a una vivienda adecuada, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Por un lado, el parque de vivienda social apenas supone el 3,4% del total, muy por debajo de países como Holanda (30%), Austria (24%) o Francia (16,8%), lo que limita gravemente la capacidad de ofrecer alternativas asequibles.
Al mismo tiempo, los precios de la vivienda se sitúan en máximos históricos y, desde 2016, el precio medio del alquiler se ha duplicado, obligando a muchos hogares a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a la vivienda y recortando otros gastos esenciales.
Además, aunque la Ley estatal de Vivienda introdujo herramientas como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, su aplicación sigue siendo limitada, lo que reduce su impacto real frente a la subida de precios y la precariedad residencial.
3. ¿Cuántos desahucios se producen en España y a quiénes afectan más?
En 2025 se produjeron 24.540 desalojos en España, un 11% menos que en 2024, pero dentro de una tendencia de largo recorrido en la que desde 2013 más de 600.000 hogares han sido desalojados.
La gran mayoría de los lanzamientos (alrededor del 75%) estuvieron relacionados con el alquiler y afectan especialmente a familias con bajos ingresos y personas en situación de vulnerabilidad, que en muchos casos se enfrentan a un desahucio sin alternativa habitacional adecuada.
4. ¿Qué son las zonas de mercado residencial tensionado y por qué son importantes?
Las zonas de mercado residencial tensionado son áreas donde el acceso a la vivienda es especialmente difícil debido al aumento de precios y a la presión del mercado. La Ley de Vivienda permite aplicar en ellas medidas como limitar los alquileres y reforzar la protección de los y las inquilinos.
Amnistía Internacional destaca que esta herramienta puede ayudar a frenar la crisis, pero recuerda que hasta ahora solo se han declarado zonas tensionadas en cuatro comunidades autónomas (Cataluña, Navarra, Galicia y País Vasco), lo que limita su impacto en la garantía del derecho a la vivienda.
Protesta en apoyo al pueblo palestino durante una etapa de la Vuelta Ciclista a España, en un contexto de debate sobre el derecho a la protesta. © Luis Soto / SOPA
Protesta, libertad de expresión y actuación policial en España
5. ¿Está en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la protesta en España?
La libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica siguen viéndose afectados en España por la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) y por la aplicación del Código Penal. Desde su entrada en vigor y hasta 2024 se han impuesto más de 480.000 sanciones por infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana, la mayoría por desobediencia o faltas de respeto a la autoridad, lo que puede tener un efecto disuasorio sobre la protesta.
Además, se han abierto investigaciones o procesos penales contra activistas climáticos, defensores y defensoras del derecho a la vivienda o artistas por expresiones críticas. Según la Amnistía Internacional, este tipo de actuaciones puede limitar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, al generar un entorno en el que la protesta social se ve condicionada por posibles sanciones o consecuencias legales.
6. ¿Qué ha pasado con las protestas por Palestina en la Vuelta Ciclista a España?
Amnistía Internacional ha documentado actuaciones en protestas en solidaridad con Palestina vinculadas a eventos deportivos, especialmente durante la Vuelta Ciclista a España de 2025. En varias etapas se produjeron detenciones y la apertura de procedimientos penales por acciones de desobediencia civil, como cortar temporalmente la carretera o sentarse en la calzada.
Además, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte propuso sanciones de hasta 5.000 euros y prohibiciones de acceso a recintos deportivos para decenas de personas. Amnistía Internacional advierte de que estas medidas, junto con sanciones por la exhibición de banderas palestinas, pueden suponer una restricción injustificada del derecho a la protesta pacífica y de la libertad de expresión.
7. ¿Existe uso excesivo de la fuerza policial en España?
Amnistía Internacional mantiene su preocupación por casos de posible uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales en España. La organización ha documentado situaciones en las que el uso de material antidisturbios, como balas de goma, espráis irritantes o porras, podría haber sido desproporcionado, así como denuncias relacionadas con actuaciones policiales durante controles de identidad y en el momento de la detención.
El caso de Haitam Mejri, que murió tras recibir múltiples descargas de arma táser y otros malos tratos en Torremolinos, pone de relieve la gravedad de estas preocupaciones. Según Amnistía Internacional, este tipo de situaciones subraya la necesidad de contar con protocolos claros sobre el uso de estas armas, garantizar que su empleo sea siempre necesario y proporcional, y reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
Concentración feminista en Madrid para exigir el acceso al aborto en la sanidad pública y garantizar los derechos sexuales y reproductivos. © David
Canales / SOPA
Violencia de género, violencia sexual y derechos reproductivos en España
8. ¿Por qué sigue siendo un problema grave la violencia de género en España?
La violencia de género sigue siendo una de las principales preocupaciones de derechos humanos en España. En 2025, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y tres menores murieron en este contexto, pese a los avances legislativos y a la existencia de recursos específicos.
La organización señala deficiencias en la prevención, la protección y el acceso a la justicia, como la falta de verdadera especialización de algunos juzgados, la ausencia de intérpretes y de asesoría letrada de calidad, y la escasa incorporación de una perspectiva interseccional que tenga en cuenta situaciones de especial vulnerabilidad. Además, Amnistía Internacional advierte de que la revictimización en el proceso judicial y el uso de estereotipos de género pueden favorecer absoluciones cuando las víctimas se acogen a la dispensa de no declarar como testigo. Esta revictimización alimenta la desconfianza en el sistema y disuade a muchas mujeres de denunciar o de volver a hacerlo.
9. ¿Qué cambió con la ley del “solo sí es sí” y qué problemas persisten?
La Ley Orgánica 10/2022, conocida como la ley del “solo sí es sí”, supuso un avance al situar el consentimiento en el centro de la definición de violencia sexual y reconocer el derecho a una asistencia integral, incluyendo la creación de Centros de Crisis abiertos 24 horas todos los días del año y la formación específica para profesionales.
Sin embargo, Amnistía Internacional señala que, varios años después de su aprobación, siguen existiendo riesgos de desprotección para las víctimas debido a la lentitud en el despliegue efectivo de estas medidas y al funcionamiento desigual de los Centros de Crisis entre comunidades autónomas, lo que limita el acceso real a una atención especializada, multidisciplinar y coordinada. Amnistía Internacional insiste en la necesidad de reforzar la coordinación interinstitucional y aprovechar plenamente los recursos económicos disponibles para asegurar que estos centros funcionen correctamente en todo el territorio.
10. ¿Existen obstáculos para acceder al aborto en España?
Aunque el aborto es legal en España y se han introducido reformas para mejorar su acceso, persisten obstáculos que impiden que este derecho se ejerza en igualdad de condiciones en todo el territorio. Los últimos datos oficiales indican que alrededor del 79% de las interrupciones voluntarias del embarazo en 2024 se realizaron en centros privados, lo que refleja la dificultad para garantizar este servicio en la sanidad pública.
La organización advierte de que la objeción de conciencia de profesionales sanitarios, en ausencia de registros plenamente operativos y mecanismos eficaces de planificación, puede limitar la disponibilidad de servicios en la red pública, obligando a muchas mujeres a desplazarse a otras regiones o a asumir costes adicionales, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Estas barreras afectan de forma particular a mujeres en situación de vulnerabilidad, para quienes las dificultades de acceso a la sanidad pública pueden convertir un derecho reconocido en la ley en un derecho difícil de ejercer en la práctica.
Un bebé rescatado en el Mediterráneo llega al puerto de Málaga junto a otras personas migrantes, tras una operación de salvamento marítimo. © Jesus Merida / SOPA Image/SIPA
Migración, racismo y derechos de las personas migrantes en España
11. ¿Qué pasa con los menores migrantes no acompañados en España?
La situación de los menores migrantes no acompañados sigue siendo motivo de preocupación, especialmente en Canarias. La organización ha recogido denuncias sobre posibles malos tratos, saturación de centros de acogida y retrasos en trámites esenciales, como la documentación o la escolarización, que dejan a muchos niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección.
Amnistía insiste en la necesidad de que se realicen estudios individualizados guiados por el interés superior del menor y de que los traslados a la península garanticen una acogida digna, acceso a protección internacional y acompañamiento en su transición a la vida adulta.
12. ¿Existe racismo institucional en España?
Amnistía Internacional ha denunciado la existencia de prácticas como paradas, identificaciones y redadas policiales basadas en el perfil racial, que afectan de forma desproporcionada a personas migrantes y a minorías étnicas. Estas actuaciones tienen consecuencias graves: afectan a su bienestar físico y emocional, profundizan la estigmatización social y pueden derivar en multas, sanciones o incluso expulsiones que retrasan o impiden la regularización de muchas personas. Por ello, reclama medidas urgentes para erradicar el racismo institucional y garantizar que todas las actuaciones policiales respeten plenamente los principios de igualdad y no discriminación.
13. ¿En qué consiste la regularización extraordinaria de personas migrantes en España?
La organización destaca positivamente la regularización extraordinaria aprobada en 2026, que puede beneficiar a más de 500.000 personas que viven en España en situación administrativa irregular. La medida permite solicitar un permiso de residencia y trabajo a quienes cumplan una serie de requisitos relacionados con el tiempo de permanencia en el país, el empleo, la unidad familiar o la situación de vulnerabilidad, entre otros, y carezcan de antecedentes penales.
Amnistía Internacional valora esta regularización como un avance importante, fruto del trabajo de la sociedad civil, pero subraya la necesidad de aplicarla sin discriminación y de garantizar que las personas regularizadas puedan acceder plenamente a derechos como la sanidad, la vivienda o el empleo en condiciones de igualdad.
Jóvenes utilizan teléfonos móviles en un contexto de debate sobre el impacto de las redes sociales en los derechos digitales de la infancia. © Marymarkevich - Freepik
Tecnología, vigilancia y derechos digitales en España
14. ¿Qué ocurrió con Pegasus y otros programas de espionaje en España?
El uso de programas de espionaje como Pegasus sigue generando preocupación en España por su impacto en derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y la participación política, especialmente en casos en los que se habría utilizado contra activistas, periodistas y representantes políticos, incluidas personas vinculadas a movimientos políticos.
El informe subraya que la falta de transparencia, el recurso a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y la ausencia de controles independientes efectivos y de una rendición de cuentas adecuada plantean serias dudas sobre la compatibilidad de estas prácticas con los estándares internacionales de derechos humanos y refuerzan la preocupación por la falta de rendición de cuentas. Amnistía Internacional insiste en la necesidad de investigar de forma exhaustiva los casos conocidos, depurar responsabilidades y garantizar que cualquier uso de herramientas de vigilancia se ajuste a criterios estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
15. ¿Se están limitando los derechos digitales de menores de 16 años en España?
Hay un debate en España en torno a posibles medidas para limitar el acceso de menores de 16 años a redes sociales y plataformas digitales. Amnistía Internacional advierte de que cualquier restricción en este ámbito debe analizarse cuidadosamente para evitar vulneraciones de derechos o un aumento injustificado de la vigilancia sobre niños, niñas y adolescentes.
La organización subraya que las políticas dirigidas a proteger a la infancia en el entorno digital deben equilibrar la seguridad con el respeto a derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación, tal y como reconocen los estándares internacionales de derechos humanos y de derechos del niño. En este sentido, insiste en que las medidas deben estar basadas en evidencia, ser necesarias y proporcionales y contar con salvaguardas adecuadas para evitar efectos negativos no deseados, especialmente sobre los colectivos más vulnerables.
Daños en una zona afectada por la DANA, un fenómeno extremo que evidencia el impacto de la crisis climática en los derechos humanos en España. © AI
Crisis climática y derechos humanos en España
16. ¿Cómo afecta la crisis climática a los derechos humanos en España? El caso de la DANA en Valencia
La crisis climática tiene un impacto cada vez mayor en el ejercicio de los derechos humanos en España, especialmente cuando se producen fenómenos meteorológicos extremos. La organización advierte de que estos eventos afectan de manera desproporcionada a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, al agravar desigualdades existentes y poner en riesgo derechos como la vivienda, la salud o el acceso a servicios básicos.
El informe recoge el caso de la DANA en la Comunitat Valenciana como ejemplo de estos impactos. Este episodio puso de relieve las dificultades en la prevención, la gestión de emergencias y la protección de la población afectada, así como la necesidad de reforzar las políticas públicas para hacer frente a los efectos del cambio climático desde un enfoque de derechos humanos.
Amnistía Internacional insiste en que las respuestas a la crisis climática deben incorporar medidas de adaptación y prevención que tengan en cuenta a los grupos más vulnerables, garantizar el acceso a información adecuada y accesible y asegurar mecanismos de protección efectivos ante situaciones de emergencia. Asimismo, subraya la importancia de que las políticas climáticas se diseñen e implementen de forma coherente con las obligaciones de derechos humanos.
Mujer y niña en un contexto de desplazamiento forzado en Gaza, en medio de una crisis humanitaria que ha llevado a España a suspender la transferencia de armas a Israel y reclamar medidas internacionales. © Arif Hakim NH
Política internacional y memoria democrática en España
17. ¿Qué papel está desempeñando España frente al genocidio en Gaza y al comercio de armas con Israel?
España ha tenido un papel relevante en la denuncia del genocidio cometido contra la población palestina en Gaza. El gobierno español ha denunciado públicamente la situación en distintos foros internacionales, ha aplicado un embargo de armas a Israel y ha pedido la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, en línea con sus obligaciones internacionales.
Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para recabar pruebas sobre el genocidio en Gaza y se han iniciado investigaciones sobre la posible responsabilidad penal de empresas españolas, como la siderúrgica SINEDOR o la participación de CAF en el tranvía ligero de Jerusalén. Amnistía Internacional valora estos pasos como ejemplos positivos que deberían ser seguidos por otros Estados, y subraya la importancia de mantener y reforzar las medidas para asegurar que ninguna transferencia de armas o cooperación empresarial contribuya a crímenes de derecho internacional.
18. ¿Qué avances y límites hay en la memoria democrática en España?
Se han producido algunos avances en materia de memoria democrática en España, especialmente a través del desarrollo de políticas destinadas a investigar violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y a reconocer a las víctimas. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que estos avances siguen siendo insuficientes para garantizar plenamente el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
La organización advierte de que persisten obstáculos significativos para investigar los crímenes del franquismo, entre ellos las limitaciones del marco legal vigente y la vigencia de normas como la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que dificultan el acceso a documentación clave. Por ello, insiste en la necesidad de adoptar medidas adicionales que faciliten la identificación de las víctimas, el acceso efectivo a la justicia y el reconocimiento pleno de sus derechos.
