El grupo empresarial vasco CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA) aparece en el informe presentado hoy por la Relatora Especial de Naciones Unidas para Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, como empresa que se enriquece con la ocupación ilegal de Israel. En el informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, presentado hoy por la Relatora especial ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se detalla cómo las empresas se han beneficiado de la ocupación ilegal de Israel, del apartheid y ahora del genocidio en Gaza. Este informe debe servir como llamada de atención a las empresas y a los Estados.
Amnistía Internacional hace un llamamiento a todos los Estados para que actúen con urgencia ante estas conclusiones, evaluando los vínculos entre las empresas que operan en su jurisdicción y la conducta ilegal de Israel. A continuación, deben poner en marcha medidas que impidan que las empresas contribuyan a la ocupación ilegal, el apartheid o el genocidio, o se beneficien de ellos.
Asimismo, Amnistía Internacional está consternada por los ataques y amenazas contra la Relatora Especial de la ONU, incluidos los llamamientos del gobierno estadounidense para que sea destituida. Recordamos que los Relatores Especiales son expertos independientes, nombrados para cumplir su mandato. Esta independencia debe ser respetada y protegida.
Francesca Albanese ha presentado un informe importante y muy necesario sobre el papel de los agentes económicos en la ocupación ilegal, el apartheid y el genocidio de Israel. Los Estados deben ahora considerar las conclusiones y aplicar las recomendaciones.
“CAF no puede seguir mirando para otro lado, y no cumplir las recomendaciones internacionales. Amnistía Internacional lleva años recordando a la empresa que el tren ligero contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel. Le pedimos a CAF, una vez más, que abandone este proyecto y cualquier licitación impulsada por el Gobiernos de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”
La empresa vasca CAF aparece en el informe
En el informe se señala que: “Varias empresas contribuyeron al desarrollo de carreteras e infraestructuras de transporte público fundamentales para establecer y ampliar las colonias, y conectarlas con Israel al tiempo que excluían y segregaban a los palestinos. La empresa española/vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles se unió a un consorcio con una empresa [la empresa israelí Shapir] incluida en la base de datos del ACNUDH para mantener y ampliar la Línea Roja del Metro Ligero de Jerusalén y construir la nueva Línea Verde, en un momento en que otras empresas se habían retirado debido a la presión internacional. Estas líneas incluyen 27 kilómetros de nuevas vías y 50 nuevas estaciones en Cisjordania, que conectan las colonias con Jerusalén Oeste”.
En 2024, la empresa catalana COMSA se retiraba del consorcio en el que había ganado la construcción de la línea azul del tranvía de Jerusalén. Y esta semana, la acerera vasca SIDENOR anunciaba que dejará de servir acero a empresas israelíes.
CAF no puede seguir afirmando que este proyecto respeta los derechos humanos. En sus informes de sostenibilidad, CAF, asumiendo el lenguaje del Estado de Israel, señala que “el proyecto del tren ligero se encuentra en territorios que son objeto de controversia política”, y asegura que “no se ha detectado ninguna vulneración de derechos humanos derivada de la participación del grupo CAF en ningún proyecto”. Por el contrario, para Amnistía Internacional la empresa no ha hecho sino obviar las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la Corte Internacional de Justicia que consideran ilegales los asentamientos israelíes en Territorio Palestino Ocupado, así como el hecho de que el propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró ilegal el proyecto de este tranvía en 2016 y 2017 afirmando que “viola claramente el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU ”.
“CAF no puede seguir mirando para otro lado, y no cumplir las recomendaciones internacionales. Amnistía Internacional lleva años recordando a la empresa que el tren ligero contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel. Le pedimos a CAF, una vez más, que abandone este proyecto y cualquier licitación impulsada por el Gobiernos de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
“Pedimos también al Gobierno español, y al Gobierno vasco, accionista de la compañía, que, siguiendo las recomendaciones del informe Albanese, actúen con urgencia, evaluando los vínculos entre CAF y la conducta ilegal de Israe,además de poner en marcha medidas que impidan que esta empresa contribuya a la ocupación ilegal, el apartheid, el genocidio, o se beneficie de ellos”, añadió Esteban Beltrán.
Junto al Gobierno Vasco, entre los accionistas del grupo CAF figuran la entidad bancaria Kutxabank, Indumentaria Pueri S.L. matriz de la marca de ropa infantil Mayoral y los propios trabajadores de la compañía que aglutinan el 25% de las acciones. Amnistía Internacional se ha dirigido también a ellos en diferentes ocasiones solicitando que utilicen su influencia para que la compañía abandone el proyecto.
Otros inversores, como el fondo soberano noruego, han retirado sus participaciones de Shapir, socia de CAF en el proyecto, y reducido su presencia en CAF, tras indicar que los riesgos de las operaciones en territorios en guerra o conflicto no eran aceptables. Por su parte, Storeband, la mayor gestora privada de fondos en Noruega, excluyó a CAF de su cartera en 2024 debido a su participación en el sistema de transporte de los asentamientos ilegales.
Información de contexto
El proyecto de Línea Roja y Verde está valorado en 1.800 millones de euros, de los que CAF se quedaría con algo más de 500 millones por construcción y equipamiento, a los que habría que sumar los que deriven del 50% de su participación en la sociedad que gestionará la actividad de operación y mantenimiento de las dos líneas por un periodo de 15 a 25 años, y cuyo volumen de negocio se estima en unos 1.000 millones.
La empresa CAF ganó la adjudicación de este proyecto en 2019, en consorcio con la constructora israelí Shapir. Los 28 kilómetros de vía planeados conectan el territorio de Israel con asentamientos ilegales en Jerusalén Oriental, un territorio ocupado en 1980, cuya anexión no es reconocida por Naciones Unidas ni por la Unión europea.
Tras los ataques del 7 de octubre del año 2023 por parte de Hamás, perpetrando crímenes de guerra, el Gobierno israelí reaccionó cometiendo actos de genocidio en Gaza y deteriorando a extremos muy graves la situación de los derechos humanos en Cisjordania, donde ha aumentado la violencia contra la población palestina por parte de los colonos respaldados por el Gobierno, así como los desplazamientos forzados de decenas de miles de personas palestinas, y la destrucción de casas y de infraestructuras civiles en los campos de refugiados de Yenín y Tulkarem. A ello se une la expansión de los asentamientos ilegales a un ritmo sin precedentes.
Más información sobre CAF:
14 junio 2025: El tranvía de CAF en Jerusalén próxima parada apartheid.
