En muchos países de Europa, el derecho a protestar está siendo restringido de formas que no imaginábamos posibles. Fuerzas de seguridad abusando de su poder, leyes que limitan las manifestaciones... Esta es una alerta urgente: lo que está en juego es nuestra libertad misma. Descubre cómo nos están callando y por qué no podemos quedarnos de brazos cruzados.
¿Está en peligro el derecho a la protesta en Europa?
El derecho a protestar ha sido una de las herramientas clave para garantizar que la ciudadanía pueda expresar su desacuerdo con las políticas gubernamentales, exigir cambios y luchar por sus derechos. Sin embargo, en los últimos años nos enfrentamos a una situación alarmante: este derecho está siendo cada vez más restringido en toda Europa.
Amnistía Internacional en su informe Under protected and over restricted. The state of the right to protest in 21 european countries revela una tendencia preocupante que pone en riesgo el derecho a la protesta pacífica. De acuerdo con el análisis de la organización, 21 países europeos han implementado medidas que socavan o limitan la posibilidad de ejercer este derecho fundamental, de entre los cuales se encuentran España, Francia, Alemania y Polonia entre otros.
La restricción del derecho a protestar adopta diversas formas. En algunos países, los gobiernos están promulgando leyes que facilitan el control y la represión de las protestas bajo el pretexto de garantizar la "seguridad pública" o el "orden público". En otros casos, se recurre a tácticas violentas, con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar a los y las manifestantes.
El informe destaca cómo estas medidas se han intensificado en tiempos de crisis políticas, económicas o sanitarias, cuando las protestas suelen ser más frecuentes y críticas con las autoridades.
Activistas de Amnistía Internacional España en el evento celebrado durante la Asamblea General de 2023 de AI España, centrado en la campaña global: Protejamos la Protesta. © Amnesty International Spain
¿Por qué es grave esta situación?
El derecho a la protesta es la manifestación más visible de la democracia en acción. Cuando la ciudadanía pierde la capacidad de manifestarse públicamente, se debilita el sistema democrático y se limita la rendición de cuentas de los gobiernos. Las protestas son una forma de expresión y una herramienta legítima para presionar a las autoridades a actuar con justicia, visibilizar injusticias y defender los derechos humanos.
“El derecho a la protesta es la manifestación más visible de la democracia en acción”
Limitar este derecho restringe el pluralismo y la participación ciudadana en la vida democrática. Silenciar las voces críticas empobrece el debate público y debilita uno de los mecanismos más efectivos para influir en las decisiones políticas. Por eso, defender el derecho a la protesta es un principio esencial para cualquier sociedad libre. Si las restricciones actuales se consolidan, Europa corre el riesgo de retroceder en libertades fundamentales, erosionando derechos en nombre de la seguridad y el control.
¿Qué está pasando con el derecho a la protesta?
La tendencia más alarmante es la adopción de leyes y políticas que imponen restricciones estrictas sobre las manifestaciones públicas. Amnistía Internacional denuncia que, en 21 países europeos, se han implementado o están en proceso de implementarse leyes que restringen el derecho a la protesta de manera directa. Entre estas leyes se encuentran las restricciones a las marchas espontáneas, la criminalización de las protestas no autorizadas y la limitación del derecho a la libertad de reunión pacífica.
Los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica en España sufrieron un grave retroceso con la aprobación, en 2015, de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y la doble reforma del Código Penal, conocidas como Leyes Mordaza, las cuales entraron en vigor el 1 de julio de ese año.
Uno de los métodos más preocupantes que los gobiernos están utilizando es la excesiva criminalización de las manifestaciones. Las autoridades han comenzado a etiquetar a los manifestantes como "agresores" o "terroristas", lo que no solo pone en peligro la seguridad de los participantes, sino que también alimenta una narrativa de miedo y represión. La detención de manifestantes se ha vuelto más frecuente, y en algunos casos, las protestas se ven incluso prohibidas antes de que puedan llevarse a cabo, bajo el pretexto de que son una amenaza para el orden público.
“Silenciar las voces críticas empobrece el debate público. Protestar es un derecho, defiende la protesta.”
En el informe publicado por el relator especial de la ONU sobre los defensores/as ambientales se denuncia la represión de las protestas ambientales en toda Europa y se señalan una veintena de casos en España. Por ejemplo 25 activistas climáticos están siendo investigados en España por delitos de pertenencia a organización criminal por haber participado en acciones directas no violentas en nombre de Futuro Vegetal. Algunas de las acciones de protesta objeto de investigación son las realizadas en el museo de El Prado en noviembre de 2022, o el bloqueo de la circunvalación de Madrid, M-30, en diciembre de ese mismo año. 15 activistas de Rebelión Científica y Extinción Rebelión están a la espera de juicio por haber arrojado zumo de remolacha a las escalinatas del Congreso de los Diputados, para protestar contra la inacción frente a la crisis climática, enfrentando penas de casi 2 años de prisión.
Por si fuera poco, en muchas ocasiones, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se ha convertido en una práctica habitual. Esto fue evidente en varias manifestaciones como las ocurridas en Francia tras la muerte de Nahel, un joven de 17 años de origen árabe que fue asesinado por un agente de policía. Durante estas protestas, miles de personas fueron reprimidas con una violencia extrema. Se utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma, cañones de agua y, en algunos casos, detenciones arbitrarias que afectaron a manifestantes pacíficos, lo que generó una alarma mundial sobre la falta de proporcionalidad en la respuesta de las autoridades.
Vigilia en Bruselas con fotos de personas desaparecidas en Turquía. © Amnesty International
En muchos países europeos también se han aprobado leyes que imponen restricciones adicionales, como exigir permisos previos para protestar, limitar los lugares y horarios donde se pueden llevar a cabo. En algunos casos, quienes protestan sin autorización sufren multas o detenciones, lo que genera miedo y desconfianza entre quienes se manifiestan.
Además, las protestas espontáneas –una de las formas más efectivas de manifestación en situaciones de crisis social o política– se han convertido en un blanco de represión. En varios países, los gobiernos ahora prohíben las manifestaciones no anunciadas o exigen que sean previamente registradas con detalles completos, lo que limita la capacidad de las personas para actuar rápidamente ante situaciones urgentes. En algunos casos, las fuerzas de seguridad han intervenido incluso antes de que los y las manifestantes pudieran congregarse, basándose en la idea de que cualquier forma de protesta no autorizada es ilegal. En España Amnistía Internacional impulsa desde hace años junto con más organizaciones una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en la que se reconozca el derecho a manifestación espontánea.
El informe además destaca que el derecho a protestar también se ve afectado por la legislación que obliga a las manifestaciones a cumplir con normativas rígidas sobre el tipo de lenguaje utilizado, el número de personas que pueden participar o el tipo de material que se puede usar en las protestas, como banderas, pancartas o megáfonos. Este tipo de leyes son, en principio, menos evidentes, pero igualmente eficaces para limitar la libertad de expresión y la capacidad de la ciudadanía para reunirse y expresar su descontento.
Cabe señalar en el informe como se realizan paradas y búsquedas a los manifestantes antes, durante y después de la manifestación, las cuales merman el derecho a la protesta al criminalizar a los manifestantes. Muestra de esto es el caso español de los 6 de Zaragoza y Javitxu, quien fue detenido en un bar después de una manifestación antifascista por “coautoría” de unos daños en la manifestación que los tribunales no han sido capaces de acreditar. La sentencia condenatoria de Javitxu se basa exclusivamente en los testimonios de seis agentes policiales. Ninguno de los tres tribunales que ha analizado el caso ha podido acreditar que ni Javitxu ni los otros tres jóvenes actualmente en prisión participasen en los actos concretos que causaron daños a los vehículos y las lesiones a los policías. Amnistía Internacional lleva más de un año pidiendo su inmediata puesta en libertad, la anulación de su condena y la reforma del Código Penal para que no se pueda seguir criminalizando el derecho a la protesta.
Amnistía Internacional Reino Unido organizó una vigilia silenciosa en solidaridad con la población de Gaza. © Marie-Anne Ventoura/AIUK
¿Cómo se está limitando el derecho a protestar?
Una de las tácticas más comunes es el uso de normas arbitrarias sobre la duración, el lugar y las condiciones de las manifestaciones. En varios países de Europa del Este, por ejemplo, las autoridades han cancelado protestas espontáneas argumentando pretextos legales dudosos que no se basan en hechos reales de alteración del orden público. Desde Amnistía Internacional denunciamos que estas anulaciones suelen ser previamente decididas por las autoridades, sin una justificación legítima y con el único objetivo de frenar cualquier disidencia que pueda hacer tambalear las políticas del gobierno. Estos movimientos suelen ser acompañados de advertencias legales que dejan claro que cualquier intento de llevar a cabo una manifestación no autorizada podría acarrear consecuencias graves, como detenciones o multas elevadas.
En algunos países, como Polonia, las autoridades han recurrido a leyes existentes para limitar las protestas no autorizadas. A menudo, se invoca el Estado de emergencia como justificación para suspender o restringir manifestaciones sin necesidad de presentar pruebas claras de que estas representen un peligro para la seguridad pública. Pero también hay buenas noticias, en mayo de 2024, un tribunal absolvió a Joanna Wolska, activista de la organización Women’s Strike, de las acusaciones relacionadas con la forma en que se llevó a cabo una protesta sobre el aborto.
Dos meses después, en julio, integrantes del grupo Last Generation se pegaron las manos al asfalto en una calle de Varsovia para manifestarse contra el cambio climático. Según relataron, la policía no actuó para protegerlos frente a las agresiones de algunos conductores que pasaban por el lugar.
“Cámaras de vigilancia, detenciones, censura: cuando el Estado reprime la protesta, erosiona nuestra libertad colectiva”
Otro mecanismo que están utilizando algunos gobiernos para frenar las protestas es la instalación masiva de cámaras de vigilancia en espacios públicos y áreas donde se suelen llevar a cabo manifestaciones. Estas cámaras, a menudo utilizadas bajo el pretexto de mantener el orden público y evitar disturbios, en realidad desempeñan una función de control social. Amnistía Internacional subraya que el uso excesivo de la videovigilancia invade la privacidad de los y las manifestantes, y crea un ambiente de sospecha y autocensura, ya que las personas se sienten constantemente observadas, lo que afecta su derecho a protestar de manera libre y anónima. Además, el uso de la tecnología en este sentido puede ser especialmente problemático si se combina con otras tácticas represivas, como la intercepción de comunicaciones o el seguimiento digital de los organizadores y participantes de las protestas. Esto puede desembocar en detenciones arbitrarias de personas no involucradas directamente en la manifestación, pero que fueron identificadas por las fuerzas de seguridad debido a su participación en actividades pasadas.
Por otro lado, el informe de Amnistía Internacional también menciona cómo se están restringiendo las zonas donde se pueden llevar a cabo las protestas. En algunos países, el gobierno ha establecido zonas específicas, generalmente en lugares alejados de las instituciones públicas o de la vía pública, donde la visibilidad de la protesta se ve limitada. Este tipo de regulaciones crea un ambiente de fragmentación de la protesta y disminuye el impacto que una manifestación masiva puede tener en la opinión pública y en las políticas del gobierno.
Un grupo de trece niñas y adolescentes activistas amazónicas llamado "Guerreras por la Amazonía" (GxA) enfrenta estigmatización e intimidación por proteger la Amazonía ecuatoriana de los mecheros de gas que contaminan sus comunidades y contribuyen a la crisis climática. © Private
En Rumanía, el gobierno impuso nuevas restricciones administrativas que limitan el acceso a la plaza pública para protestar y organizó operativos policiales preventivos para asegurar que las manifestaciones no llegaran a tomar fuerza. Esta represión, según el informe de Amnistía Internacional, se ha acompañado de una campaña de difamación contra manifestantes, acusándolos de ser parte de movimientos "antidemocráticos" y de fomentar el caos social. Esta criminalización de la protesta pacífica ha provocado que muchos activistas y organizaciones sociales opten por no movilizarse, para evitar represalias legales y personales.
Finalmente, el informe destaca cómo, en algunos países, los gobiernos han utilizado las leyes contra el terrorismo para procesar a personas que participan en protestas contra el gobierno, acusándolas de estar vinculadas con "grupos extremistas". Esto es particularmente preocupante porque criminaliza la protesta política de forma injusta, y convierte a cualquier manifestante en un sospechoso de terrorismo sin pruebas claras.
El impacto de las restricciones al derecho a la protesta
Las restricciones al derecho a la protesta no son simplemente una limitación a la libertad de un grupo de personas; su impacto es mucho más profundo y afecta a toda la sociedad. Si no defendemos el derecho a protestar permitimos que se recorten las libertades individuales y erosionamos nuestra libertad colectiva. La capacidad de expresar nuestras demandas, nuestras inquietudes y nuestros derechos a través de la protesta es un pilar fundamental de cualquier democracia.
Desde Amnistía Internacional denunciamos que las restricciones a la protesta afectan de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, como activistas, minorías y movimientos que luchan por la justicia social.
El impacto de estas medidas puede ser físico o legal. La represión de las protestas tiene un efecto psicológico y cultural profundo. La censura del disenso fomenta la apatía política, y este enfriamiento de las pasiones democráticas puede hacer que las generaciones más jóvenes pierdan la confianza en los mecanismos democráticos. Si las personas dejan de ver las protestas como una forma legítima de expresar sus ideas y demandas, comienza a perderse una herramienta clave para garantizar que los gobiernos rindan cuentas por sus acciones. En el informe, se subraya que el silenciamiento de la protesta puede tener un efecto desgarrador sobre la cohesión social, pues aquellos que más necesitan un cambio en las políticas públicas se ven silenciados por las fuerzas del Estado.
“Protestar no es un delito. Criminalizarlo debilita la democracia y silencia la voz del cambio”
La criminalización de la protesta pacífica también tiene un impacto a largo plazo. Si los gobiernos continúan imponiendo restricciones a las protestas sin justificación adecuada, se está enviando un mensaje claro de que no hay espacio para el disenso. Esto debilita la democracia, pues se elimina una vía fundamental para la expresión política y la participación ciudadana. El informe de Amnistía Internacional resalta que las protestas históricas, que han sido motores de cambio y progreso, como las luchas por derechos civiles, derechos laborales o derechos de género, son precisamente el resultado de la capacidad de las personas para protestar.
El informe también menciona cómo estas restricciones pueden tener consecuencias que afectan a toda la sociedad. En muchos casos, la represión de las protestas contribuye a un ambiente de creciente autoritarismo, donde el poder del Estado se amplía a expensas de las libertades individuales.
Desfile por los canales del Orgullo de Ámsterdam 2023. © Pierre Crom para Amnistía Internacional
Cada protesta es una oportunidad para que la sociedad visibilice una necesidad urgente y presione para que se actúe. Si no podemos protestar, nuestras voces quedan ahogadas por las decisiones de unos pocos, lo que consolida el poder de los gobernantes. Esto afecta a la política nacional y a la legitimidad internacional de los gobiernos que adoptan medidas represivas. Cuando un gobierno limita las protestas, se pone en duda su compromiso con los derechos humanos y con las normas democráticas internacionales, y esta falta de rendición de cuentas puede dañar gravemente la imagen de dicho país en el mundo.
Defendamos el derecho a la protesta
La defensa del derecho a la protesta no es solo una lucha de quienes se movilizan en las calles; es una lucha por nuestra libertad, por nuestra democracia y por nuestros derechos humanos. No podemos permitir que la protesta sea criminalizada ni que la represión se normalice.
Desde Amnistía Internacional instamos a no dejar que este derecho se convierta en una excepción. Si los gobiernos continúan violando el derecho a protestar, estaremos dando un paso atrás en nuestra lucha por la igualdad y la justicia social. Las restricciones al derecho a la protesta son una respuesta a la presión que los movimientos sociales ejercen sobre las instituciones, un intento por mantener el statu quo frente a quienes piden un mundo más justo y equitativo.
Es por eso que alzamos la voz. El derecho a la protesta no es negociable. No se trata de un favor que los gobiernos nos otorgan, sino de un derecho fundamental que debemos exigir, proteger y defender en todo momento. Una sociedad sin protesta es una sociedad sin medios efectivos para corregir las injusticias.
