Tras el brutal ataque de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), las comunidades de Kivu del Norte e Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, se enfrentan no solo al horror de la violencia sexual y los asesinatos masivos, sino al olvido de la comunidad internacional.
¿Por qué hay una crisis humanitaria en la República Democrática del Congo, especialmente en su región oriental?
La crisis de la República Democrática del Congo tiene su origen en una serie de luchas poscoloniales por el poder que comenzaron tras la independencia de Bélgica en 1960. Décadas de conflictos armados han sido alimentadas por tensiones étnicas, rivalidades políticas, corrupción y la lucha por el control de valiosos recursos naturales.
En los últimos años, el país se ha enfrentado a un prolongado conflicto armado no internacional cuya mayor intensidad se concentra en su región oriental. Esta zona, en particular las provincias de Kivu del Norte e Ituri, ha sido escenario de violencia sistemática y ataques generalizados contra la población civil por parte de diversos grupos armados, entre los cuales actualmente destacan las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF).
Los altos niveles de violencia provocados por los ataques de estos grupos armados contra la población civil, sumados al desplazamiento forzado masivo, han destruido economías locales e infraestructuras críticas como escuelas y centros de salud, y han contribuido a una de las mayores crisis humanitarias del mundo en la actualidad.
Masacres, trabajo forzado, esclavitud sexual y reclutamiento infantil: los crímenes de guerra documentados por Amnistía Internacional en el este de RDC.
¿De dónde surgen las ADF y cuál es su impacto en la región?
Las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) se originaron en Uganda en la década de 1990, a partir de la unión de diversos grupos opositores al gobierno ugandés. Posteriormente, se refugiaron en el entonces Zaire, hoy República Democrática del Congo, donde consolidaron su presencia armada.
A pesar de las operaciones militares llevadas a cabo en 2014 por las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), con el apoyo de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en el Congo (MONUSCO), la situación de seguridad continuó deteriorándose. En 2019, el reconocimiento oficial de las ADF por parte del Estado Islámico fortaleció aún más al grupo, incrementando su capacidad operativa y la letalidad de sus ataques, principalmente dirigidos contra la población civil.
El impacto de la violencia de las ADF es devastador. Según datos de la ONU, las ADF mataron al menos a 1.022 personas en 2025, una cifra que probablemente esté subestimada debido a las limitaciones en la recopilación de datos. Estos ataques no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia deliberada de terror colectivo para consolidar el control territorial y someter a las comunidades.
¿Cómo afecta el conflicto del este de la República Democrática del Congo a la población civil?
La violencia de las ADF ha generado una auténtica espiral de crisis humanitaria en esta región del país. Los ataques del grupo han provocado nuevos desplazamientos en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, obligando a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares. Los ataques contra instalaciones médicas han interrumpido servicios de salud ya de por sí frágiles, mientras que la violencia reciente en el territorio de Lubero, en Kivu del Norte, ha dejado a más de 10.000 estudiantes sin escolarizar. Los ataques contra agricultores y sus campos han obligado a muchas familias a huir y han interrumpido las cadenas de suministro de alimentos, agravando aún más la inseguridad alimentaria.
En este contexto, grupos armados como las ADF emplean el miedo como estrategia central de dominación sobre las comunidades. La violencia extrema no solo busca eliminar enemigos, sino también generar terror colectivo para consolidar el control territorial, someter a la población y evitar cualquier forma de resistencia o colaboración con el Estado.
Amnistía Internacional, en su informe “I’d Never Seen So Many Bodies” (2026), documentó diversos crímenes de guerra perpetrados por las ADF en el este del país, así como múltiples violaciones de derechos humanos cometidas contra la población congoleña, entre ellas asesinatos masivos, trabajo forzado, reclutamiento de menores, matrimonios forzados y esclavitud sexual.
¿Por qué las acciones de las Fuerzas Democráticas Aliadas «constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad»?
Amnistía Internacional y otros consideran que las ADF están involucradas en un conflicto armado no internacional dentro de la RDC. Por lo tanto, se aplica el derecho internacional humanitario. En el informe “I’d Never Seen So Many Bodies” se documentan diversas acciones de las ADF que violan el derecho internacional humanitario y constituyen crímenes de guerra, como ataques directos contra civiles, saqueo y destrucción de viviendas, ataques contra instalaciones médicas, violación y otros actos de violencia sexual, toma de rehenes, reclutamiento de niños y niñas y tortura o trato inhumano. Dado que los abusos de las ADF se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, constituyen crímenes de lesa humanidad.
Integrantes de la Cruz Roja congoleña participan en un entierro colectivo de víctimas de la violencia armada en Bukavu, febrero de 2025. © Luis Tato / AFP vía Getty Images.
Masacres y destrucción de infraestructura civil
Entre la ola de violencia que azotó las provincias de Kivu del Norte e Ituri en 2025, la masacre de Ntoyo destaca como uno de los ataques más atroces y metódicos documentados por Amnistía Internacional.
El 8 de septiembre de 2025, la aldea de Ntoyo, en el territorio de Lubero, se convirtió en el escenario de una matanza que dejó más de 60 personas muertas. El ataque se produjo cuando parte de la población se había reunido para un velorio nocturno en la casa de una familia en duelo.
Los combatientes de las ADF emplearon una táctica de infiltración vestidos con ropas civiles y se mezclaron discretamente durante horas antes de iniciar el ataque. Para no levantar sospechas, incluso llevaron leña para el fuego ritual que se mantenía en el lugar del funeral.
Más tarde, la simulación terminó. Tras realizar disparos al aire como señal para otras células, los atacantes comenzaron a masacrar a la multitud utilizando un arsenal que incluía martillos, hachas, machetes y armas de fuego. Durante horas no apareció ninguna fuerza de seguridad, y el ataque se prolongó en medio del pánico generalizado. Mientras la gente trataba de huir, los combatientes gritaban: “¡No corráis! ¡Entrad en vuestras casas!”, para luego quemar las viviendas con las personas dentro.
La combinación de infiltración previa, ausencia total de protección estatal durante horas y la táctica deliberada de encerrar a la gente en sus casas antes de quemarlas muestra hasta qué punto se trató de una matanza planificada para sembrar terror colectivo.
“Desde mi escondite vi cómo mataban a mi hermana con un hacha”.
En noviembre del mismo año, combatientes armados atacaron el centro de salud de Byambwe, la única instalación sanitaria de la zona, dejando al menos 17 civiles asesinados en el centro de salud y al menos 23 personas en el ataque. Una persona mayor que logró escapar arrastrándose recordó: “No te podías poner en pie. Disparaban a cualquier cosa que se moviera”.
Meses antes, en septiembre de 2025, el centro de salud La Grâce, en Mbau, también fue atacado. Los combatientes incendiaron la sala de maternidad y saquearon la farmacia, llevándose medicamentos y destruyendo parte del centro sanitario.
“Los pacientes se escondían bajo las camas. No podían llorar. Si te oían, venían a por ti”.
Estos hechos evidencian que no se trataron de episodios aislados, sino de ataques recurrentes y sistemáticos dirigidos contra la población civil y la infraestructura esencial de supervivencia.
Soldados de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) inspeccionan los restos de un vehículo atacado en una emboscada de las ADF en Mbaou. Los ataques del grupo armado han causado miles de víctimas, desplazamientos forzados y una grave crisis de protección para la población civil. © Brent Stirton / Getty Images
Explotación de civiles mediante trabajo forzado y reclutamiento forzado
El grupo armado no utiliza a las personas capturadas únicamente con fines de combate, sino que las somete a trabajo forzado sistemático para sostener el funcionamiento cotidiano de sus campamentos establecidos en zonas remotas de la selva. El porteo de carga constituye la forma más común de explotación. Las personas secuestradas son obligadas a desplazarse durante largas distancias transportando suministros pesados, alimentos saqueados, municiones y bienes robados en ataques previos, en condiciones extremadamente duras y con castigos inmediatos en caso de agotamiento o retraso.
“De 10 personas secuestradas, solo 3 llegaron al campamento. Si te cansabas, te mataban”.
Un agricultor describió haber sido forzado a caminar durante horas con cargas pesadas, atado a un árbol por las noches y alimentado únicamente con un plátano al día durante cuatro días consecutivos.
La minería forzada constituye otra forma de explotación prolongada. Se ha documentado la utilización de civiles cautivos en minas de oro en la frontera entre Kivu del Norte e Ituri, donde son obligados a trabajar con herramientas rudimentarias bajo vigilancia armada constante. Una de las mujeres que pasó años en uno de estos campamentos explicó: “Éramos como esclavos. Mi única tarea era cargar bultos y rezar”.
En conjunto, estos patrones de secuestro, porteo extenuante, minería forzada y castigos letales no son simples abusos aislados, sino prácticas sistemáticas de explotación que, según el derecho internacional, constituyen crímenes de guerra y, en el marco de ataques generalizados contra la población civil, también crímenes de lesa humanidad.
Soldados del ejército congoleño durante un ejercicio de despliegue cerca de Mutwanga, una zona que ha sufrido repetidos ataques de las ADF. © Alexis Huguet / AFP vía Getty Images
Detenciones arbitrarias tras escapar de las ADF
La violencia no termina para muchas personas en el momento en que logran huir de los campamentos de las ADF. Tras días o meses de cautiverio en la selva, numerosos exsecuestrados relatan que, al entrar en contacto con las fuerzas de seguridad congoleñas o ugandesas, fueron inmediatamente detenidos y tratados como sospechosos en lugar de como víctimas. En varios casos documentados, al menos diez personas que habían estado retenidas por las ADF fueron privadas de libertad entre siete días y cinco meses por el ejército congoleño (FARDC) o por militares ugandeses (UPDF), sometidas a interrogatorios repetidos sobre una supuesta colaboración con el grupo armado.
Un hombre que había pasado meses en cautiverio explicó que, nada más salir del bosque, fue detenido durante tres meses y se perdió el nacimiento de su hijo. “Me meten en la cárcel”, recuerda que les dijo a los soldados. “Les digo: ¿Qué está pasando? Acabo de volver de un lugar peligroso y en vez de cuidarme, me encarcelan”. Una mujer que había sido liberada tras el pago de un rescate contó que fue interrogada de forma agresiva por las autoridades: “¿Cómo podría trabajar para los rebeldes si mataron a varios miembros de mi familia?”. Estos testimonios muestran cómo la falta de protocolos claros para identificar y proteger a las personas liberadas del cautiverio se traduce en una segunda victimización: primero a manos de las ADF, y después a manos de quienes deberían garantizar su seguridad y acceso a la justicia.
Reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes
Las ADF también se apoyan en el reclutamiento forzado de menores para sostener sus operaciones. En el informe se documentan al menos seis casos directos de niños, niñas y adolescentes secuestrados entre los 13 y los 17 años, utilizados como combatientes, porteadores, cocineros, mensajeros o vigías en los campamentos. Para muchas de estas personas, la infancia quedó interrumpida de forma abrupta: un joven que fue capturado cuando tenía menos de 15 años y permaneció alrededor de dos años con las ADF relató que era obligado a rezar bajo amenaza de muerte y a participar en las actividades del grupo. “No nos dejaban jugar”, recordó, como una síntesis dolorosa de cómo incluso las formas más básicas de ocio y protección desaparecían bajo el control armado.
En el caso de las niñas, el reclutamiento se superpone con otras formas de violencia. Amnistía Internacional ha documentado el caso de una menor de 15 años que fue entrenada con armas y participó en al menos cinco ataques: “Los combatientes mataban gente ante mis ojos. Mi tarea era recoger los teléfonos y documentos de quienes iban a matar”, explicó. El informe también señala que los niños nacidos en los campamentos terminan siendo integrados en las dinámicas del grupo, ya sea en tareas logísticas o en funciones directamente vinculadas al combate, lo que perpetúa un ciclo de violencia intergeneracional. Estas prácticas de reclutamiento y utilización de menores están prohibidas por el derecho internacional y constituyen crímenes de guerra, además de generar enormes desafíos de reintegración y estigmatización para quienes logran escapar.
Violencia contra las mujeres: matrimonios forzados y esclavitud sexual
Georgette Ndovya Kavugho sobrevivió a un ataque de las ADF en el que murieron 13 personas. Las heridas le dejaron secuelas permanentes y tuvo que hacerse cargo sola de sus ocho hijos. © Brent Stirton / Getty Images
La violencia contra las mujeres constituye una práctica sistemática dentro del sistema de control ejercido por el grupo armado. Las mujeres y niñas secuestradas son sometidas a matrimonios forzados, esclavitud sexual y control reproductivo, utilizados como mecanismos de dominación, castigo y recompensa dentro de la estructura del grupo.
“Eres suficientemente mayor. Aquí damos maridos a niñas de hasta 12 años. O aceptas un marido o te matamos”.
Las mujeres que se resistían a estas uniones eran sometidas a graves represalias, incluyendo ejecuciones públicas. Al menos dos entrevistadas presenciaron la ejecución de otras niñas que intentaron escapar, lo que evidencia el uso del terror como mecanismo de control.
La práctica de matrimonios forzados se integra en un sistema estructurado dentro del grupo armado, en el que los combatientes reciben esposas, en algunos casos múltiples, como forma de recompensa e incentivo de reclutamiento.
La esclavitud sexual está estrechamente vinculada a estas uniones forzadas, aunque también ocurre fuera de este contexto. Las mujeres no tienen autonomía sobre su cuerpo ni sobre sus decisiones reproductivas. De las siete mujeres y niñas “entregadas como esposas”, seis quedaron embarazadas durante el cautiverio. Los partos tuvieron lugar en condiciones precarias en zonas remotas de la selva, asistidos por parteras e incluso por personal médico asignado por el grupo, incluyendo cesáreas.
Una mujer separada de su bebé lactante durante el secuestro recordó haber sido informada: “Olvida ese niño. Aquí te daremos otro”.
Las consecuencias de esta violencia se extienden más allá del cautiverio. Varias mujeres señalaron que los bebés nacidos durante su detención fueron rechazados por sus familias y comunidades tras el retorno. Una de las entrevistadas relató haber considerado el suicidio debido a la presión de sus suegros para que abandonara o matara a sus dos hijos nacidos en el campamento.
Las ADF figuran entre los grupos armados responsables de graves abusos contra la infancia en el este de la República Democrática del Congo, incluidos secuestros y reclutamiento forzado. © Amnistía Internacional
Qué concluye Amnistía Internacional sobre las ADF
Durante años, las ADF han llevado a cabo una campaña de violencia brutal y sistemática contra la población civil en el este de la República Democrática del Congo, cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
A pesar de las operaciones militares del ejército congoleño, con apoyo de fuerzas internacionales y regionales, el grupo ha logrado mantener e incluso expandir sus actividades, aprovechando vacíos de seguridad y la distracción generada por otros focos de violencia en la región. Como resultado, la población civil continúa soportando las consecuencias más graves del conflicto, incluyendo desplazamientos forzados, asesinatos y la destrucción sistemática de sus medios de vida.
Ante esta situación, Amnistía Internacional subraya la necesidad de que las autoridades congoleñas refuercen de manera efectiva la protección de la población civil, con el apoyo de la comunidad internacional, incluido el fortalecimiento de mecanismos de alerta temprana y respuesta rápida. Asimismo, se requiere un enfoque integral que incorpore justicia y rendición de cuentas para los responsables, así como programas efectivos de reintegración para las personas liberadas del cautiverio, con el fin de favorecer la recuperación individual y la cohesión comunitaria.
En ausencia de una respuesta más decidida y coordinada, existe el riesgo de que la violencia se intensifique y el grupo amplíe aún más su capacidad operativa y territorial, agravando de forma significativa la situación humanitaria en la región.
