La atención primaria debería ser el pilar de cualquier sistema de salud. Es el primer lugar al que acudimos cuando algo no va bien, el espacio donde se detectan los síntomas a tiempo, se previenen enfermedades y se cuida de la salud en su dimensión más cotidiana y cercana.
Sin embargo, en ocasiones, las citas tardan días, a veces semanas. Los centros de salud están saturados, muchos carecen de personal suficiente y otros directamente han cerrado o funcionan a medio gas.
Y cuando la atención primaria falla, lo que se resiente es el equilibrio de todo el sistema. Porque sin una red sólida de cuidados en el primer nivel, se disparan los casos graves y se colapsan las urgencias, se cronifican dolencias que podrían haberse resuelto a tiempo, la enfermedad avanza más rápido que la atención, y eso tiene un coste que se mide en sufrimiento, en desigualdad y en el empeoramiento de la calidad de vida.
Los últimos datos del Barómetro Sanitario 2024 confirman la magnitud del problema: siete de cada diez personas que solicitan cita en atención primaria esperan más de 48 horas, y una de cada cuatro debe hacerlo más de once días.
Pese a que el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron que todas las citas fueran atendidas en las primeras 48 horas, ese compromiso solo se cumple en el 22% de los casos. La desigualdad territorial agrava la brecha: Comunitat Valenciana y Canarias apenas alcanzan el 13%, Ceuta el 14% y Andalucía el 14%, mientras que Melilla (68%), Navarra (54%), Asturias y Cantabria (43%) presentan mejores cifras, aunque aún lejos del objetivo.
Con estos datos sobre la mesa, resulta evidente que el sistema de atención primaria se encuentra en una situación crítica que exige medidas urgentes si queremos garantizar el derecho a la salud en España.
Miles de personas se manifiestan en defensa de la sanidad pública en las calles de Valladolid, 15 de marzo de 2025. © Jorge Contreras Soto/ZUMA Press Wire/Shutterstock
1. Tiempos para acceder a una cita en atención primaria
Pedir cita en atención primaria y conseguirla en el mismo día o al siguiente se ha vuelto, para muchas personas, una excepción más que una norma. Aunque debería ser la puerta de entrada ágil al sistema sanitario, lo cierto es que, según los datos del Ministerio de Sanidad en el Barómetro Sanitario, siete de cada diez personas que solicitan cita en atención primaria tardan más de dos días en ser atendidas por falta de disponibilidad y, de ellas, más del 40% tiene que esperar por encima de siete días.
Esta demora no es solo una cuestión de incomodidad. Supone riesgos reales: síntomas que se agravan, diagnósticos que se retrasan y un aumento de la presión sobre las urgencias hospitalarias. Las consecuencias las sufren sobre todo quienes viven con enfermedades crónicas, las personas mayores o quienes no pueden permitirse faltar varios días al trabajo esperando una cita.
Mientras tanto, el gasto público en sanidad sigue sin recuperarse del todo tras los recortes de hace más de una década, y la inversión en atención primaria continúa muy por debajo de lo necesario.
2. Enfermedades detectadas demasiado tarde
Cuando la atención primaria no funciona como debería, una de las consecuencias más evidentes y más graves es que las enfermedades se detectan demasiado tarde. Lo que podría haberse identificado en una consulta rutinaria, con una revisión a tiempo o con una simple analítica, acaba convirtiéndose en un problema mayor. Un dolor persistente, un bulto que preocupa, una tos que no cede… pueden pasar semanas y, para entonces, lo que era evitable se convierte en algo más difícil de tratar.
La atención primaria es la puerta de entrada al sistema de salud, pero también es el espacio donde se escucha con calma, donde se conoce el historial de la persona, donde se puede ver la evolución con perspectiva. Cuando esa puerta se cierra o se atasca, se pierden oportunidades.
Los datos más recientes del sistema sanitario muestran que los retrasos en la cita médica tienen consecuencias directas sobre la detección temprana: si una de cada cuatro personas debe esperar más de once días para ser atendida en atención primaria, el riesgo de que una enfermedad avance sin diagnóstico aumenta exponencialmente. Esta demora no solo compromete la eficacia del tratamiento, sino también el derecho de las personas a recibir atención médica oportuna y de calidad.
La detección tardía no solo empeora el pronóstico, también multiplica el sufrimiento y el coste emocional. Las personas viven con la incertidumbre, con el miedo, con el cuerpo dándoles señales que nadie puede o quiere escuchar a tiempo. Y muchas veces, cuando por fin llega el diagnóstico, lo que sigue es un camino más largo, más difícil y más incierto, que podría haberse evitado con una atención primaria fuerte y accesible.
Protesta por la sanidad pública en el centro de Madrid. Activistas de movimientos vecinales de los municipios y barrios de Madrid presentaron más de 7.000 quejas al Gobierno de la Comunidad de Madrid, exigiendo que no se abandone a la Administración autonómica y que no se desvíen recursos hacia la sanidad privada. © Luis Soto/SOPA Images/Shutterstock
3. Colapso de hospitales y urgencias
Cuando la atención primaria falla, el colapso en hospitales y servicios de urgencias se vuelve casi inevitable. Lo que se resuelve en una consulta con el médico de cabecera —una fiebre persistente, una revisión rutinaria, un tratamiento para el dolor— acaba desplazándose a las urgencias hospitalarias, que se saturan con casos que deberían ser tratados en los centros de salud. No es solo una cuestión de recursos: es una cadena que se rompe por su base y arrastra a todo el sistema.
El Dr. Alberto Kramer, coordinador de Urgencias en SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) declaró en octubre de 2024 que hasta el 80% de los casos atendidos en urgencias no son emergencias reales. Y este colapso tiene efectos graves. Se retrasa la atención a quienes llegan con síntomas de infarto, se posponen intervenciones quirúrgicas y se compromete la calidad del cuidado en general.
Los profesionales trabajan bajo una presión insoportable, sin tiempo para evaluar con detenimiento y sin margen para descansar. Esta tensión permanente no solo compromete la atención que reciben los y las pacientes, también alimenta el agotamiento, la frustración y la huida de personal sanitario del sistema público.
4. Nuevas amenazas para la salud
La crisis climática no es un problema del mañana: ya está aquí, y su impacto sobre la salud es cada vez más evidente. Olas de calor más intensas y frecuentes están provocando un aumento de los golpes de calor y de la mortalidad, especialmente entre las personas mayores, entre quienes viven solas o entre quienes están en viviendas mal acondicionadas. Según el Instituto de Salud Carlos III, en 2022 se registraron 4.732 muertes atribuibles al calor durante el periodo estival, un fenómeno que también dispara las hospitalizaciones por insuficiencias renales (+77%) y enfermedades infecciosas (+34%).
El aumento de las temperaturas agrava las enfermedades respiratorias y facilita la llegada de patologías como el dengue, según alerta el Ministerio de Sanidad.
El aumento de las temperaturas también agrava las enfermedades respiratorias. La contaminación del aire y los episodios de sequía favorecen la aparición de alergias, asma y otras afecciones pulmonares. Y en paralelo, enfermedades que hasta hace poco eran propias de otras latitudes empiezan a hacer acto de presencia.
A esto se suman las amenazas globales como las pandemias. La COVID-19 dejó una lección dolorosa: sin una atención primaria fuerte que actúe como barrera de contención y primer escudo frente a la emergencia, el sistema se colapsa.
Residentes del barrio de Carabanchel en Madrid protestan contra el cierre de los servicios de urgencias de atención primaria en el Centro de Salud de Abrantes. © Richard Zubelzu/ZUMA Press Wire/Shutterstock
5. Desigualdad según el lugar donde vives
En España, la ubicación geográfica se ha convertido en un factor determinante en el acceso a la atención sanitaria. En las grandes ciudades y en zonas urbanas con recursos abundantes, la ciudadanía puede disfrutar de un acceso más rápido, la situación es completamente diferente en muchas zonas rurales, ciudades y zonas urbanas en los que no se invierte o en barrios empobrecidos. En estos lugares, la atención primaria está, en muchos casos, prácticamente ausente o es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población.
En localidades rurales, la falta de médicos y profesionales de la salud es un problema recurrente. Hay pueblos donde el médico solo acude una vez a la semana o, en el mejor de los casos, una vez cada pocos días. Este déficit de personal se traduce en tiempos de espera insostenibles y en una falta de seguimiento adecuado de enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión. La situación empeora en comunidades con un alto envejecimiento poblacional, donde las enfermedades asociadas a la edad requieren un monitoreo constante y cercano. Este sistema desigual socava el principio de igualdad en el acceso a la salud y pone en peligro la cohesión social.
6. Déficit de profesionales y destrucción de empleo sanitario
El funcionamiento de cualquier sistema de salud depende, ante todo, de las personas que lo sostienen. Sin embargo, el déficit de profesionales sanitarios se ha convertido en un problema estructural que amenaza la calidad de la atención y sobrecarga a quienes siguen en sus puestos. Desde septiembre de 2024, se han destruido 50.000 plazas en el ámbito sanitario, según ha denunciado el sindicato CSIF, dejando un saldo neto de 34.000 empleos menos incluso tras las contrataciones extraordinarias realizadas en diciembre.
Este recorte impacta en todas las áreas: desde los servicios de urgencias hasta las unidades de cuidados intensivos, pasando por la atención primaria, que ya partía de una situación frágil. Las consecuencias son claras: agendas colapsadas, consultas exprés, esperas interminables y una creciente sensación de abandono entre la ciudadanía. En las zonas rurales, donde el personal sanitario es escaso, el impacto es aún más profundo, con centros que apenas abren unos días a la semana o que carecen de médicos asignados.
A esta situación se suma otro problema que agrava la crisis: la fuga de talento. Muchos profesionales deciden marcharse incluso a otros países en busca de mejores condiciones laborales, sueldos más dignos y una mayor estabilidad.
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La salud es un derecho, no un privilegio
Desde Amnistía Internacional, alertamos de que las deficiencias estructurales en la atención primaria en España están comprometiendo el derecho a la salud, especialmente de los sectores más vulnerables de la población. La falta de inversión sostenida, el deterioro progresivo de los servicios y la precariedad laboral del personal sanitario son fallos del sistema e incumplimientos de las obligaciones internacionales del Estado español en materia de derechos humanos.
Los últimos datos del Barómetro Sanitario 2024 reflejan que siete de cada diez personas esperan más de 48 horas para ser atendidas en atención primaria y una de cada cuatro debe hacerlo más de once días. Este incumplimiento sistemático del compromiso institucional evidencia una falta de voluntad política para garantizar el acceso universal y oportuno a la atención médica.
La atención primaria es la puerta de entrada al sistema de salud y su debilitamiento agrava las desigualdades existentes, dejando a muchas personas sin acceso oportuno a diagnósticos, tratamientos o seguimiento médico. Amnistía Internacional ha documentado cómo la austeridad, la desinversión y la mala planificación han llevado a la saturación de servicios, al agotamiento del personal y a esperas inaceptables que afectan directamente a la salud y dignidad de las personas.
Desde una perspectiva de derechos humanos, instamos a las autoridades a fortalecer y proteger la atención primaria, asegurando una financiación suficiente, condiciones dignas para los y las profesionales sanitarios y una cobertura equitativa en todo el territorio. Es urgente garantizar que toda persona, sin importar su lugar de residencia, situación económica o condición social, pueda acceder a una atención sanitaria integral, accesible y de calidad.
La salud no puede seguir tratándose como una mercancía o un servicio opcional: es un derecho humano fundamental que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar.
