Imagina que eres una mujer con una vida relativamente normal. Vas al trabajo, quedas con amistades, publicas selfies. Pero antes de salir, debes comprobar si llevas el pelo cubierto y brazos y piernas tapados. De no hacerlo, podrías ser detenida, torturada o azotada por no cumplir el estricto código indumentario que impone el Estado iraní.
Esta es la realidad de millones de mujeres en Irán desde 1979, agravada por campañas represivas como el Plan Noor y por el uso sistemático de la pena de muerte para aplastar el movimiento Mujer, Vida, Libertad, que desde 2022 desafía décadas de opresión.
El velo obligatorio en Irán
Puede sonar a relato distópico, pero no lo es. Es la realidad de millones de mujeres y niñas en Irán, donde el Estado ejerce un estricto control sobre su cuerpo.
De conformidad con las leyes sobre uso obligatorio del velo, las mujeres y las niñas –incluidas las de apenas nueve años, aunque en la práctica el velo obligatorio se impone desde los siete años en las escuelas primarias–, están obligadas, contra su voluntad, a cubrirse el pelo con un velo. Las que no lo hacen, son consideradas delincuentes por el Estado.
La policía de la “moral” iraní vigila a toda la población femenina: 40 millones, entre mujeres y niñas. Los agentes conducen por toda la ciudad, y tienen facultades para dar el alto a cualquier mujer y examinar su vestimenta, estudiando detenidamente cuántos mechones de cabello tiene a la vista, la longitud de sus pantalones y su abrigo y la cantidad de maquillaje que lleva.
El castigo por dejarse ver sin velo en público puede ser de detención, pena de prisión, multa o latigazos. Todo eso por el “delito” de ejercer su derecho a llevar puesto lo que quieran.
“En Irán las mujeres deben usar velo obligatoriamente en espacios públicos. Si no lo cumplen, se enfrentan a multas o penas de cárcel.”
Incluso cuando una mujer lleva el cabello cubierto con un velo, puede considerarse que no cumple la legislación sobre la indumentaria si, por ejemplo, deja a la vista unos mechones de pelo o se estima que su ropa es demasiado colorida o demasiado ajustada. Son innumerables los casos de mujeres abofeteadas, golpeadas con palos e introducidas en furgones por la policía de la “moral” a causa de su vestimenta.
Desde abril de 2024, con el lanzamiento del Plan Noor (Plan Luz), las autoridades intensificaron estas patrullas de seguridad a pie, en motocicleta y en vehículos para hacer cumplir el velo obligatorio, incluyendo persecuciones de automóviles, confiscación de vehículos y castigos que equivalen a tortura.
Jóvenes iraníes se sientan al atardecer en el «Techo de Teherán» (Bam-e Tehran), en el norte de la capital iraní, y contemplan la metrópolis. © picture alliance/dpa | Arne Immanuel Bänsch
El movimiento Mujeres, Vida, Libertad en Irán
En los últimos años, en Irán ha emergido un amplio movimiento social de rechazo a las leyes del velo obligatorio y a la discriminación estructural contra las mujeres. Este movimiento alcanzó una dimensión histórica tras la muerte bajo custodia estatal de la joven kurda Mahsa/Jina Amini en septiembre de 2022, detenida por la policía de la “moral” por no llevar correctamente el velo.
A partir de ese momento, el lema Mujeres, Vida, Libertad se convirtió en el eje de un levantamiento nacional contra décadas de opresión de género, represión política y violencia estatal. Las protestas se extendieron por todo el país y rápidamente trascendieron las fronteras de Irán, recibiendo el apoyo de mujeres y hombres de todo el mundo y situando la lucha de las mujeres iraníes en el centro del debate internacional sobre derechos humanos.
Como parte de esta política represiva (descrita anteriormente a través del Plan Noor) las autoridades intensificaron desde abril de 2024 el control policial en el espacio público para imponer el uso obligatorio del velo, recurriendo a detenciones arbitrarias, confiscaciones y castigos que constituyen tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En otoño de 2024, el Consejo de Guardianes aprobó el Proyecto de Ley de Apoyo a la Familia mediante la Promoción de la Cultura de la Castidad y el Hiyab, con lo que se afianzaba aún más la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas. Estaba previsto que la ley fuera firmada por el presidente y entrara en vigor el 13 de diciembre de 2024, pero su promulgación quedó suspendida tras una intervención del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que ordenó su aplazamiento en un contexto de intensas críticas internas e internacionales y ante el temor de nuevas protestas sociales.
De aplicarse finalmente esta ley, las mujeres y niñas que aparezcan sin velo en espacios públicos o en redes sociales, o que muestren lo que la normativa define de forma amplia como “desnudez” o vestimenta “indecente”, podrían enfrentar sanciones que incluyen multas progresivas de hasta 165 millones de tomanes, despido laboral, deducciones salariales, exclusión del acceso a servicios bancarios y otros servicios esenciales, restricciones administrativas, y penas de prisión de varios años. En los casos en que las autoridades consideren que existe “promoción” de estas conductas a gran escala, las sanciones pueden escalar hasta la pena de muerte bajo el cargo de “corrupción en la tierra”.
Pese a la brutal represión, el movimiento Mujeres, Vida, Libertad ha generado una resistencia social profunda y duradera, especialmente entre la juventud iraní. En ciudades como Teherán, un creciente número de mujeres continúa desafiando la ley caminando sin velo en lo que algunos describen como una “revolución silenciosa” que persiste más allá de las grandes movilizaciones callejeras.
En enero de 2026, nuevas protestas estallaron en todo el país tras el colapso económico, e incorporaron de nuevo demandas por la libertad de las mujeres y el fin del régimen, demostrando que las aspiraciones de Mujeres, Vida, Libertad siguen vivas en el corazón de la sociedad iraní.
Con carteles de Mahsa Amini, los participantes se manifiestan por la democracia y la libertad en Irán en la pradera del Reichstag, Berlín. © picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress
Personas detenidas por defender los derechos de las mujeres en Irán. La pena de muerte como represalia
Las autoridades iraníes han convertido la pena de muerte en su arma principal de represión contra cualquiera que defienda los derechos de las mujeres y se oponga a la legislación sobre velo obligatorio. Desde el levantamiento Mujeres, Vida, Libertad en 2022, han ejecutado arbitrariamente a al menos 11 personas por su participación en estas protestas, con decenas más corriendo el riesgo inminente de ejecución.
Mujeres defensoras condenadas a muerte
Entre las defensoras de derechos humanos perseguidas con la pena de muerte se encuentra la activista kurda Pakhshan Azizi, trabajadora humanitaria condenada por el cargo impreciso de “rebelión armada contra el Estado” (baghi), basado exclusivamente en su labor de ayuda a personas refugiadas. También está Verisheh Moradi, activista disidente y mujer kurda, condenada a muerte tras un juicio que nunca investigó sus denuncias de tortura, aunque su sentencia fue anulada en diciembre de 2025 por la Corte Suprema debido a graves violaciones del debido proceso. La defensora de derechos humanos Sharifeh Mohammadi fue igualmente condenada a muerte, pero en octubre de 2025 su pena fue conmutada a 30 años de prisión.
Personas ejecutadas por defender a las mujeres
Quienes se atreven a apoyar públicamente los derechos de las mujeres en Irán también son objeto de represalias letales. Desde 2022, al menos 11 personas han sido ejecutadas por su participación en las protestas del movimiento Mujeres, Vida, Libertad, tras procesos judiciales profundamente injustos.
Entre ellas se encuentra Mojahed Kourkouri, ejecutado en junio de 2025. Fue condenado a muerte por su supuesta implicación en el homicidio de Kian Pirfalak, un niño de nueve años, durante las protestas de 2022, a pesar de que la familia del menor refutó públicamente la acusación y atribuyó la responsabilidad a las fuerzas de seguridad iraníes. Su caso ejemplifica cómo las autoridades utilizan cargos fabricados y juicios de simulacro para ejecutar a manifestantes.
Juicios injustos y represión sistemática
Tanto mujeres como hombres defensores de derechos son juzgados ante Tribunales Revolucionarios que carecen de independencia judicial. Los acusados enfrentan procesos manifiestamente injustos en los que se les niega acceso a abogados de su elección, sus denuncias de tortura no son investigadas, y las sentencias capitales se imponen sin garantías procesales básicas. Los cargos ("rebelión armada" (baghi), "corrupción en la tierra" (efsad-e fel-arz), "enemistad contra Dios" (moharebeh) son formulados de manera deliberadamente amplia para incluir la defensa de derechos humanos como un acto criminal punible con muerte.
Esta represión contra defensores y defensoras ocurre en un contexto más amplio en el que, durante 2025, las autoridades iraníes ejecutaron a más de 1.700 personas, utilizando la pena de muerte como herramienta sistemática de terror estatal. Sin embargo, el enfoque específico en cualquiera que defienda la igualdad de género y se oponga al velo obligatorio revela una estrategia deliberada de represalia contra el movimiento Mujeres, Vida, Libertad.
Pese a esta política de represión brutal, la resistencia persiste. Dentro de las cárceles, prisioneros en 56 prisiones del país han realizado huelgas de hambre los martes durante 105 semanas consecutivas para protestar contra las sentencias de muerte, ganando apoyo de familias y grupos sociales dentro y fuera de Irán. El movimiento Mujeres, Vida, Libertad sigue vivo, incluso en las celdas de espera a ejecución.
