El Catalangate destapó el espionaje con Pegasus y Candiru a activistas, periodistas y personas del mundo de la política y de la abogacía, principalmente del entorno independentista catalán. Los ataques con el sofware espia Pegasus documentados por The Citizen Lab se produjeron sobre todo entre 2017 y 2020, y las consecuencias del espionaje alcanzaron también al entorno personal y familiar de las personas afectadas. ¿Cómo funcionan estos programas, qué derechos vulneran y por qué resulta tan difícil esclarecer lo ocurrido?
En un informe publicado en julio de 2026, Amnistía Internacional analiza diez procedimientos penales en Barcelona y denuncia que, seis años después de la primera querella, las víctimas siguen encontrando obstáculos para acceder a la verdad y a la justicia.
¿Qué es Pegasus y cómo funciona el programa espía?
Pegasus es un programa espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group que permite acceder de forma remota a la información de un teléfono móvil. Su capacidad para infiltrarse en los dispositivos y vigilar las comunicaciones lo ha convertido en una herramienta especialmente invasiva, cuyo uso ha sido relacionado con graves vulneraciones de derechos humanos.
Según explica Amnistía Internacional en su informe, NSO Group sostiene que vende esta tecnología a agencias de inteligencia gubernamentales y organismos encargados de hacer cumplir la ley para combatir el terrorismo y otros delitos graves. Sin embargo, distintas investigaciones han documentado su utilización por parte de los Estados contra periodistas, activistas, abogados y representantes políticos.
Una de sus características más preocupantes es que puede infectar un teléfono mediante un ataque de cero clic (zero-click). Esto significa que la persona no necesita abrir un enlace, descargar un archivo ni pulsar sobre ningún contenido para que se produzca la infección. El ataque puede aprovechar una vulnerabilidad del dispositivo o de una aplicación para acceder a él sin que su propietario o propietaria realice ninguna acción.
Además, Pegasus está diseñado para operar de forma clandestina, lo que dificulta detectar la infección y conocer el alcance del espionaje. Ni siquiera las personas que adoptan medidas estrictas de seguridad digital están necesariamente a salvo de este tipo de ataques.
El problema no es únicamente que alguien pueda acceder a información relativa a la persona infectada . Un teléfono móvil también contiene datos sobre las relaciones personales, la actividad profesional y los contactos de quien lo utiliza. Por eso, el espionaje puede afectar no solo a la persona vigilada, sino también a su entorno familiar, laboral y social.
Pegasus puede acceder a información del teléfono y activar su cámara o micrófono. Algunos ataques permiten infectar el dispositivo sin que la persona pulse ningún enlace.
¿Qué es el Catalangate y cuántas personas fueron espiadas?
El Catalangate es el caso de espionaje con Pegasus y Candiru que afectó principalmente a personas del entorno independentista catalán, entre ellas activistas, representantes políticos, abogados y miembros de la sociedad civil. El informe de Amnistía Internacional también menciona a algunos políticos vascos entre las personas afectadas. Los ataques con Pegasus documentados por The Citizen Lab se concentraron entre 2017 y 2020, aunque la investigación identificó un intento de infección en 2015.
El alcance del caso se conoció el 18 de abril de 2022, cuando The Citizen Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto, publicó un estudio que identificó al menos 65 personas cuyos dispositivos habían sido objeto de ataques o infecciones con Pegasus o Candiru.
Pero esa cifra requiere una aclaración: no significa que se confirmaran 65 infecciones. La investigación reúne tanto casos en los que se comprobó que el programa espía había accedido al dispositivo como intentos de infección cuyo éxito no pudo verificarse. Solo en el caso de Pegasus, The Citizen Lab confirmó mediante análisis forenses la infección de al menos 51 personas.
¿Qué reconoció el Centro Nacional de Inteligencia?
El 5 de mayo de 2022, la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reconoció ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso el espionaje a 18 personas, entre ellas Pere Aragonès, que era presidente de la Generalitat cuando se hizo público el reconocimiento, aunque ocupaba la vicepresidencia durante el periodo de intervención autorizado por el Tribunal Supremo. Según la información que trascendió de aquella comparecencia a puerta cerrada, el CNI sostuvo que las intervenciones se habían realizado conforme a la legislación vigente.
Sin embargo, contar con una autorización judicial no despeja por sí solo las dudas sobre la protección de los derechos de las personas espiadas. Amnistía Internacional considera que la normativa del CNI no ofrece suficientes salvaguardas para garantizar un control judicial adecuado de sus actuaciones. El informe también señala que las personas afectadas no pudieron conocer el alcance y las consecuencias de la intervención de sus comunicaciones.
El reconocimiento de esos 18 casos tampoco esclarece el conjunto del Catalangate. En junio de 2023, tras la investigación de la comisión PEGA, el Parlamento Europeo pidió a España una investigación completa, justa y eficaz de todos los casos denunciados. Incluyó expresamente los 47 sobre los que seguía sin aclararse si las personas afectadas habían sido objetivo del CNI con autorización judicial o si otra autoridad había recibido autorización para espiarlas. También reclamó que las 18 personas cuyo espionaje había sido reconocido pudieran acceder adecuadamente a las autorizaciones del Tribunal Supremo.
Las cifras de 65 y 18 personas no deben sumarse: la primera corresponde a los ataques e infecciones documentados por The Citizen Lab; la segunda, a las intervenciones reconocidas por el CNI. The Citizen Lab no atribuyó de forma concluyente las operaciones a una entidad concreta, aunque identificó indicios sólidos que apuntaban a las autoridades españolas.
Para Amnistía Internacional, las investigaciones deben esclarecer tanto los casos reconocidos como los que no lo han sido y examinar sus posibles conexiones. Según NSO Group, Pegasus solo se vende a Estados o agencias gubernamentales. Ese dato, junto con los indicios y el contexto común de los ataques, debe tenerse en cuenta para investigar quién estuvo detrás del espionaje, sin dar por demostrada una misma autoría en todos los casos.
Pere Aragonès fue una de las 18 personas cuyo espionaje reconoció el CNI en mayo de 2022. En la imagen, durante una comparecencia en Barcelona en marzo de 2024. © Albert Llop/NurPhoto/Shutterstock / GTRES
¿Cómo se descubrió el espionaje y cuándo llegaron las denuncias?
Antes de la publicación del estudio de 2022 ya habían aparecido señales del espionaje. En 2019, WhatsApp notificó a unos 1.400 usuarios de distintos países que habían sido objetivos de ataques con Pegasus. Entre los casos catalanes figuraban Roger Torrent y Ernest Maragall. Estos casos comenzaron a conocerse públicamente en 2020.
Ese mismo año comenzaron también las denuncias ante los tribunales. En su informe, Amnistía Internacional recoge que al menos 28 personas habían denunciado ser víctimas de espionaje y analiza diez procedimientos penales de Barcelona.
¿Qué derechos humanos vulnera el espionaje con Pegasus?
El espionaje con Pegasus no se limita a acceder a la información privada de un teléfono móvil. Por sus capacidades, puede afectar a varios derechos humanos y tener consecuencias que van mucho más allá de la persona cuyo dispositivo ha sido infectado.
El derecho a la privacidad: mucho más que mensajes y fotografías
Un teléfono móvil contiene buena parte de nuestra vida: conversaciones personales, correos electrónicos, fotografías, contactos, citas y datos de ubicación. Si un programa espía accede a toda esa información, puede reconstruir relaciones personales, conocer rutinas y obtener datos sobre la actividad profesional de una persona.
Esta intrusión puede afectar también a quienes se comunican con ella. Una conversación privada, por ejemplo, puede revelar información sobre familiares, amistades, fuentes periodísticas o personas que han acudido a un abogado/a. Por eso, el alcance del espionaje no termina en el dispositivo atacado.
El derecho a la privacidad protege frente a injerencias arbitrarias en la vida privada y las comunicaciones. Según Amnistía Internacional, la capacidad de Pegasus para acceder de forma intrusiva a la información de los dispositivos supone una grave amenaza para este derecho. La falta de garantías y controles efectivos agrava este problema.
La libertad de expresión y de asociación: el riesgo de dejar de hablar por miedo
Saber o sospechar que las comunicaciones pueden estar vigiladas puede cambiar la forma en que una persona se expresa, se relaciona y participa en la vida pública. Alguien puede dejar de hablar con determinadas personas, evitar compartir información sensible o renunciar a participar en actividades por temor a las consecuencias.
Este efecto resulta especialmente preocupante cuando el espionaje afecta a periodistas, activistas, representantes políticos o miembros de organizaciones de la sociedad civil. La vigilancia puede comprometer la confidencialidad de sus comunicaciones y generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión y los derechos de reunión pacífica y de asociación.
El derecho de defensa y el secreto profesional de los abogados y abogadas
El espionaje a profesionales de la abogacía plantea un problema especialmente grave. La relación entre un abogado/a y su cliente requiere confidencialidad para que este pueda explicar su situación con libertad y preparar su defensa.
Si un programa espía permite acceder a sus comunicaciones, documentos o contactos, puede comprometer el secreto profesional y el derecho de defensa de sus clientes. También puede poner en riesgo la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo, al exponer información que debería permanecer protegida.
Amnistía Internacional subraya en su informe que estas injerencias no afectan únicamente a la intimidad de los abogados y abogadas, sino también a las garantías de las personas a las que representan.
El derecho a un recurso efectivo: investigar el espionaje y reparar el daño
Las consecuencias del espionaje no terminan cuando se descubre una posible infección. Las personas afectadas necesitan conocer qué ocurrió, qué información pudo obtenerse, quién fue responsable y qué recursos tienen para reclamar justicia.
Sin embargo, las características técnicas de Pegasus, el secretismo que rodea su utilización y las dificultades para obtener pruebas pueden complicar las investigaciones. Cuando los procedimientos se prolongan sin avances suficientes, las víctimas pueden encontrar obstáculos adicionales para esclarecer los hechos y conseguir una reparación.
Amnistía Internacional identifica obstáculos para investigar el Catalangate en su análisis de diez procedimientos penales de Barcelona, publicado en julio de 2026.
¿Qué obstaculiza las investigaciones judiciales del Catalangate?
En su informe, Amnistía Internacional señala que, seis años después de la presentación de la primera querella, la mayoría de los procedimientos analizados seguía en fase de investigación. Dos de las causas se archivaron durante la elaboración del documento, aunque la Audiencia Provincial de Barcelona revocó el sobreseimiento de una de ellas. La organización examinó diez procedimientos penales en Barcelona y concluye que la actuación de la Fiscalía está dificultando que las víctimas accedan a una investigación efectiva y obtengan verdad, justicia y reparación.
Entre los obstáculos identificados figuran la exigencia de nuevas periciales antes de impulsar otras diligencias, la falta de coordinación entre procedimientos, la oposición a determinadas actuaciones de investigación y las demoras en la cooperación judicial internacional. Según el informe, en la mayoría de los procedimientos examinados la Fiscalía no había solicitado diligencias de investigación por iniciativa propia, por lo que el impulso de las actuaciones había recaído sobre las personas querellantes.
Las pruebas periciales: cuando nuevos análisis condicionan el avance de la investigación
Uno de los principales problemas es la dificultad para identificar a los responsables del espionaje. Las características técnicas de Pegasus hacen que el análisis de un teléfono pueda detectar indicios de infección, pero no necesariamente determinar quién la llevó a cabo, qué información obtuvo o adónde la envió.
Según el informe, en varios procedimientos la Fiscalía ha supeditado a el análisis policiales de los dispositivos el impulso de otras diligencias de investigación que podrían contribuir este esclarecimiento. Amnistía Internacional cuestiona que se condicione el avance de las causas a pruebas que, por las propias características del programa espía, pueden no revelar la identidad de los responsables.
La organización también advierte del riesgo de revictimización que supone exigir a las personas afectadas que entreguen de nuevo sus teléfonos para nuevos análisis, cuando ya han aportado informes periciales y otros indicios. Por eso, pide que se tengan en cuenta todas las pruebas disponibles y cuestiona que se exija a las víctimas aportar pruebas concluyentes sobre quién las espió para avanzar en la investigación.
La falta de coordinación entre procedimientos judiciales
Las denuncias por el Catalangate presentan elementos comunes: afectan a personas del entorno independentista catalán y se refieren al uso de programas espía como Pegasus y Candiru. Por eso, las víctimas han solicitado que se acumulen procedimientos, es decir, que varias causas se investiguen conjuntamente, o que se comparta información relevante entre las distintas causas.
Sin embargo, el informe señala que la Fiscalía se ha opuesto a la acumulación en la práctica totalidad de los casos examinados, al considerar que no había indicios suficientes para atribuir las infecciones a los mismos autores. Amnistía Internacional cuestiona este enfoque porque puede dificultar que se investiguen las posibles conexiones entre los hechos denunciados.
Para la organización, compartir información podría evitar la duplicación de diligencias y periciales, aprovechar las pruebas ya obtenidas y contribuir a esclarecer si los ataques responden a una misma operación.
El logotipo de NSO Group, la empresa que desarrolla el programa espía Pegasus, en la pantalla de un teléfono móvil. Imagen de ilustración. © Omar Marques/SOPA Images/Shutterstock / GTRES
Las dificultades para investigar al CNI y a NSO Group
Otro de los obstáculos señalados por Amnistía Internacional es la resistencia a impulsar determinadas diligencias para esclarecer la posible participación del CNI y de NSO Group, la empresa que desarrolla Pegasus.
El informe recoge casos en los que la Fiscalía se ha opuesto a diligencias solicitadas por las acusaciones particulares, incluidas actuaciones dirigidas a investigar la posible implicación de estas entidades. También señala dificultades para obtener información sobre el uso del programa espía y acceder a documentación clasificada que podría ser relevante para las investigaciones.
Amnistía Internacional sostiene que la seguridad nacional no debe utilizarse para impedir que se esclarezcan posibles vulneraciones de derechos humanos y reclama que se desclasifique la información necesaria para avanzar en las investigaciones.
Investigar la posible participación del CNI y de NSO Group no equivale a dar por acreditada su responsabilidad penal. Precisamente, una de las cuestiones que deben esclarecerse es quién ordenó o ejecutó cada ataque y bajo qué circunstancias.
La cooperación internacional y los archivos prematuros
Investigar el funcionamiento de Pegasus y la posible responsabilidad de sus operadores requiere, en algunos casos, obtener información de empresas y autoridades situadas fuera de España. Para ello, los tribunales pueden recurrir a comisiones rogatorias internacionales y órdenes europeas de investigación, mecanismos que permiten solicitar asistencia a las autoridades judiciales de otros países.
El informe describe procedimientos en los que estas solicitudes han sufrido demoras, no han recibido respuesta o no se han ejecutado correctamente. También recoge casos en los que la falta de información obtenida mediante estos mecanismos se ha utilizado como argumento para solicitar el archivo, pese a que había diligencias pendientes.
La organización cuestiona que se cierren investigaciones por falta de indicios sobre la autoría cuando todavía quedan actuaciones relevantes por practicar para identificar a los responsables.
En su respuesta a Amnistía Internacional, incluida en un anexo del informe, la Fiscalía General del Estado defendió que sus fiscales actúan conforme a la ley y la jurisprudencia. Sostuvo que no basta con sospechas para señalar formalmente a una persona o entidad como investigada: deben existir indicios sólidos de su participación en un delito concreto. También argumentó que no se pueden iniciar investigaciones para buscar posibles delitos sin indicios que las justifiquen. Por último, explicó que el carácter reservado de las actuaciones judiciales le impedía facilitar información o hacer valoraciones sobre los casos concretos. La respuesta está firmada por el Fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica.
WhatsApp notificó en 2019 a unos 1.400 usuarios de distintos países que habían sido objetivos de ataques con Pegasus. Imagen de ilustración. © Freepik
¿Qué reclama Amnistía Internacional para garantizar justicia en el Catalangate?
Para Amnistía Internacional, las víctimas del Catalangate deben tener acceso a investigaciones efectivas que permitan esclarecer qué ocurrió, identificar a los responsables y obtener reparación. En su informe, la organización reclama medidas concretas a la Fiscalía, al Gobierno y al Parlamento español para superar los obstáculos detectados y evitar que se repitan las vulneraciones de derechos humanos.
Una Fiscalía más proactiva para esclarecer los hechos
Amnistía Internacional pide a la Fiscalía General del Estado que revise si las actuaciones realizadas hasta ahora están contribuyendo al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. También reclama que el Ministerio Fiscal impulse las diligencias necesarias para determinar las circunstancias del espionaje y quiénes participaron en él.
Para ello, la organización considera fundamental que la Fiscalía tenga en cuenta el contexto común de las denuncias, promueva el intercambio de información entre procedimientos y evite la duplicación de pruebas que retrase las investigaciones sin aportar resultados nuevos.
También reclama que se investigue la posible participación del CNI y de NSO Group y que se impulsen los mecanismos de cooperación judicial internacional necesarios para obtener información relevante. Las víctimas, recuerda la organización, no deben cargar por sí solas con la responsabilidad de identificar a quienes las espiaron.
Acceso a la verdad y reparación para las víctimas
Amnistía Internacional reclama investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales, con medios suficientes y sin demoras injustificadas.
La organización también pide que las autoridades desclasifiquen la información oficial necesaria para esclarecer los hechos y que no se utilice el secreto de forma general para impedir el acceso a la justicia.
Además de conocer la verdad y determinar las responsabilidades, las víctimas deben disponer de mecanismos para obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida. Estas medidas deben acompañarse de garantías de no repetición, para que el espionaje ilegítimo no vuelva a vulnerar sus derechos.
Reformar las leyes y reforzar los controles sobre los programas espía
Amnistía Internacional considera que también es necesario cambiar el marco legal para impedir que herramientas de vigilancia tan intrusivas se utilicen de forma arbitraria. Por eso, pide al Gobierno y al Parlamento que reformen la normativa que regula el CNI, incorporando garantías adecuadas de control judicial y mecanismos sólidos de supervisión sobre el uso de estos programas y el tratamiento de la información obtenida.
La organización reclama asimismo una reforma de la Ley de Secretos Oficiales para adecuarla a los estándares internacionales y evitar que la clasificación de información pueda amparar vulneraciones de derechos humanos.
Entre sus recomendaciones figuran también la creación o el refuerzo de mecanismos independientes capaces de supervisar y auditar periódicamente el uso de programas espía por parte de los organismos de seguridad. Además, pide al Gobierno que suspenda el uso, la compra, la venta y la transferencia de herramientas de vigilancia e injerencia masiva que, por su naturaleza, vulneran los derechos humanos.
El informe también reitera la petición de prohibir la utilización por los Estados de herramientas de espionaje intrusivo e indiscriminado como Pegasus que no puedan auditarse de forma independiente o limitarse en sus funciones.
Por último, Amnistía Internacional reclama que el Gobierno colabore con las investigaciones de los organismos internacionales y que el Parlamento impulse la investigación sobre la denominada Operación Catalunya, incluyendo el impacto del espionaje en los derechos humanos.
