Desde que Javier Milei llegó a la presidencia de Argentina en diciembre de 2023, Amnistía Internacional ha alertado de un deterioro de las condiciones para ejercer los derechos humanos. Los recortes en servicios públicos y protección social, las restricciones a la protesta, el hostigamiento a periodistas y la expansión de la vigilancia plantean importantes preocupaciones sobre las libertades y las garantías democráticas.
¿Qué está ocurriendo y cómo afecta a la población? Repasamos diez ámbitos en los que las políticas del Gobierno argentino están poniendo en riesgo derechos fundamentales.
1. Recortes sociales en Argentina: cómo afectan a los derechos humanos
La «motosierra» se ha convertido en el símbolo de la política económica de Javier Milei. Desde su llegada a la presidencia, en diciembre de 2023, su Gobierno ha situado la reducción del gasto público y el equilibrio fiscal entre sus principales prioridades. Pero ¿qué ocurre cuando los recortes afectan a servicios esenciales para la población?
La sanidad, la educación, la vivienda, la alimentación y la protección social son fundamentales para garantizar una vida digna. Cuando disminuyen los recursos destinados a estas áreas, las consecuencias pueden ser especialmente graves para las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes tienen menos recursos para afrontar las dificultades económicas.
Entre 2023 y 2026, el gasto público argentino se redujo más del 37% en términos reales. En contraste, mientras se preservaban o aumentaban partidas destinadas a seguridad, defensa e inteligencia, el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que depende directamente de la Presidencia, aumentó un 88,9 % en el mismo periodo.
El debate no se limita, por tanto, a cuánto gasta el Estado, sino a qué prioridades establece y cómo afectan sus decisiones a los derechos humanos.
El presidente de Argentina, Javier Milei. Amnistía Internacional advierte sobre el deterioro de los derechos humanos bajo su Gobierno. © Michtof / PsnewZ / SIPA
2. Jubilaciones insuficientes: los derechos de las personas mayores en riesgo
Después de toda una vida de trabajo, llegar a la jubilación debería significar poder vivir con dignidad. Sin embargo, más de la mitad de las personas jubiladas en Argentina viven en situación de pobreza, y muchas tienen dificultades para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la vivienda o los medicamentos.
La situación se ha agravado con el encarecimiento de los tratamientos médicos y las restricciones en su cobertura. En 2026, la jubilación mínima no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Además, Javier Milei vetó en 2024 y 2025 dos leyes destinadas a mejorar las pensiones. El fin de la moratoria previsional en marzo de 2025 también dificultó el acceso a la jubilación de quienes no habían cotizado durante treinta años, afectando especialmente a las mujeres que dedicaron parte de su vida a los cuidados no remunerados.
Ante esta situación, miles de personas mayores se han manifestado para reclamar pensiones dignas. En numerosas ocasiones, estas protestas pacíficas han recibido respuestas policiales desproporcionadas.
3. Discapacidad: recortes y riesgo para los apoyos esenciales
Las personas con discapacidad y sus familias necesitan apoyos y servicios adecuados para poder ejercer sus derechos y desarrollar su vida con autonomía. Sin embargo, los problemas de financiación y los retrasos en los pagos están poniendo en dificultades a las instituciones y profesionales que prestan estos servicios en Argentina.
En agosto de 2025, Javier Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), aprobada para responder a la crisis del sector. El Congreso rechazó el veto, pero continuaron los problemas relacionados con la financiación y el pago de prestaciones. Además, el proyecto de Presupuesto para 2027 prevé recursos para políticas de discapacidad un 24% inferiores, en términos reales, a los de 2023. También contempla cambios regresivos en prestaciones y pensiones.
Estos recortes pueden comprometer la continuidad de apoyos esenciales y agravar las dificultades de las personas con discapacidad y sus familias, especialmente cuando dependen de servicios públicos o prestaciones para cubrir sus necesidades cotidianas.
Una mujer mayor protesta con el puño en alto rodeada de agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) durante una manifestación por pensiones dignas en Buenos Aires. © Sebastian Motta / SIPA
4. Derechos laborales en Argentina: salarios, precariedad y reforma laboral
Tener trabajo no siempre garantiza poder llegar a fin de mes. En Argentina, la pérdida de poder adquisitivo y la precariedad laboral hacen que muchas personas trabajadoras sigan viviendo en hogares pobres. En el primer semestre de 2026, una de cada cinco personas ocupadas vivía en un hogar en situación de pobreza. La tasa de desempleo alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre de 2026.
A esta situación se suma la reforma laboral sancionada en febrero de 2026, que permite organizar jornadas de hasta doce horas y reduce determinados componentes de las indemnizaciones por despido, además de dar mayor peso a los acuerdos individuales frente a la negociación colectiva. También amplía las actividades consideradas esenciales, lo que plantea preocupaciones sobre el ejercicio del derecho de huelga.
Además, el 43% de las personas ocupadas trabajaba en condiciones de informalidad, sin acceso pleno a las protecciones asociadas al empleo formal, según los datos del INDEC.
5. Libertad de reunión: la represión de las protestas pacíficas
Salir a la calle para reclamar derechos es una parte esencial de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, en Argentina, las personas que participan en manifestaciones se enfrentan a intervenciones policiales que han suscitado preocupación por el uso excesivo de la fuerza y las restricciones al derecho de reunión pacífica.
En diciembre de 2023, el Gobierno aprobó un protocolo de orden público para regular las protestas, cuestionado judicialmente por Amnistía Internacional y pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En los dos últimos años, se registraron al menos 156 detenciones y 3.000 personas heridas en manifestaciones. Entre los casos más graves está el del fotógrafo Pablo Grillo, que sufrió una fractura de cráneo tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un agente de Gendarmería Nacional.
Además, la consigna oficial “el que corta no cobra” genera preocupaciones al vincular la continuidad de las prestaciones sociales con la abstención de participar en movilizaciones.
Manifestantes sostienen pancartas contra los recortes y el veto a la financiación de programas de discapacidad frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires. © Sebastian Motta / SIPA
6. Libertad de prensa en Argentina: hostigamiento y autocensura
El periodismo es esencial para que la ciudadanía pueda informarse, cuestionar al poder y exigir responsabilidades. Sin embargo, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, los insultos y las descalificaciones contra periodistas y medios críticos han contribuido a deteriorar el clima para el ejercicio de la libertad de prensa.
Hasta noviembre de 2025, se habían registrado 257 casos de violencia contra la prensa en Argentina, 111 de ellos con el presidente identificado como principal agresor. La presión también se ha trasladado a los tribunales: Milei promovió al menos ocho querellas penales por calumnias e injurias contra periodistas. En varios de estos casos, los tribunales rechazaron las acciones por tratarse de expresiones protegidas. Este tipo de acciones (conocidas como SLAPP, o acciones judiciales abusivas contra la participación pública) puede generar costes y desgaste, e incluso fomentar la autocensura aunque no prospere la demanda.
Las mujeres periodistas afrontan, además, formas específicas de violencia digital. La investigación de Amnistía Internacional reveló que el 63,5% de las periodistas y personas de identidades de género diversas encuestadas había sufrido violencia digital, y que cinco de cada diez víctimas se autocensuraban en redes sociales.
7. Vigilancia digital: riesgos para la privacidad y las libertades
¿Qué ocurre cuando expresar una opinión en redes sociales o participar en una protesta puede generar el temor a estar bajo vigilancia? En Argentina, la ampliación de las capacidades estatales de vigilancia plantea riesgos para la privacidad y para el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, reunión y asociación.
El Gobierno de Javier Milei ha impulsado reformas que amplían las facultades policiales (Decreto 383/2025) y modifican el sistema nacional de inteligencia (DNU 941/2025). A ello se suma la adquisición, entre 2024 y 2025, de tecnologías de vigilancia por al menos 1,2 millones de dólares, incluidos programas para monitorizar redes sociales, herramientas de reconocimiento facial, drones y cámaras térmicas.
En su informe “Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina” publicado en agosto de 2026, Amnistía Internacional advierte de que, sin controles adecuados y garantías suficientes, estas tecnologías pueden facilitar la recopilación y el análisis masivo de información personal. Además, el temor a ser identificadas o vigiladas puede llevar a periodistas, activistas y manifestantes a autocensurarse o limitar su participación en la vida pública.
El informe recoge testimonios de periodistas, activistas y personas que participan en manifestaciones que han modificado sus comportamientos por temor a ser identificadas o vigiladas, desde reducir su presencia en protestas hasta autocensurarse en redes sociales.
Un jubilado se manifiesta frente a los escudos de Gendarmería durante una protesta en el Congreso por pensiones dignas y recortes sociales en Argentina. © Sebastian Motta / SIPA
8. Derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+: retrocesos en igualdad
Los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ se han convertido en uno de los frentes de confrontación política del Gobierno de Javier Milei. Bajo la llamada “batalla cultural” contra la agenda woke, el Ejecutivo ha cuestionado las políticas de igualdad y ha difundido discursos que contribuyen a estigmatizar a estos colectivos.
Este discurso se ha acompañado de recortes en programas de prevención y atención de la violencia de género. Los recursos destinados a estas políticas se redujeron un 89% respecto a 2023. También se debilitó la asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas, se transformó la Línea 144 de atención a la violencia de género y se redujo la financiación de la Educación Sexual Integral (ESI), cuyo presupuesto en 2026 representó apenas el 2% de lo ejecutado en 2023. En febrero de 2026, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación por estos recortes y el debilitamiento de los mecanismos para implementar la ESI.
Además, el desmantelamiento del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), una política que había contribuido a reducir a la mitad la fecundidad adolescente entre 2018 y 2023, y las interrupciones en la distribución de anticonceptivos generan nuevas barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
9. Derechos de las personas migrantes y refugiadas: más restricciones y riesgos
Argentina cuenta con una tradición de reconocimiento de los derechos de las personas migrantes. Sin embargo, las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei están cambiando el enfoque de su política migratoria, con más restricciones y un mayor peso del control y la seguridad frente a la protección de derechos.
En mayo de 2025, el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 modificó la Ley de Migraciones e introdujo cambios que afectan al acceso a determinados servicios públicos, al cobro de algunas prestaciones y a los procedimientos de expulsión, incluso sin condena judicial. Estas medidas plantean preocupaciones sobre la igualdad de trato, el acceso a derechos esenciales y las garantías del debido proceso.
En noviembre de 2025, el Gobierno profundizó este giro al trasladar la política migratoria y de protección de las personas refugiadas al ámbito del Ministerio de Seguridad.
La situación administrativa o la nacionalidad de una persona no deben convertirse en motivos de discriminación ni impedir la protección de sus derechos fundamentales. Las políticas migratorias deben respetar las garantías legales, asegurar procedimientos justos y proteger a quienes necesitan refugio, sin alimentar la estigmatización ni la xenofobia.
10. ¿Qué cambio climático? Derecho a un medioambiente saludable
El gobierno de Milei mantiene contra viento y marea una muy preocupante postura negacionista en relación con el cambio climático, llegando a llamar “fanáticos” a quienes luchan contra él. Climate Action Tracker calificó de “sumamente insuficientes” las políticas y objetivos climáticos de Argentina porque son incompatibles con el límite de 1,5 °C en el aumento de la temperatura media mundial, establecido por el Acuerdo de París, del que ha amenazado con salirse.
Los subsidios destinados a las empresas hidrocarburíferas representan 93 veces el importe de los fondos destinados al fomento de energías renovables y de la eficiencia energética.
Qué pide Amnistía Internacional al Gobierno argentino
Amnistía Internacional subraya que ninguno de estos retrocesos es inevitable. Los Estados tienen la obligación de respetar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluso en contextos de crisis económica. La organización llama al Gobierno argentino a evaluar el impacto de sus políticas sobre los grupos más vulnerables, a garantizar el espacio cívico y a restablecer los mecanismos de protección que han sido debilitados desde diciembre de 2023.
