Las organizaciones y colectivos de la sociedad civil que firmamos este manifiesto alzamos la voz para reclamar humanidad, derechos y dignidad ante el odio, la violencia, el racismo y la deshumanización que está habiendo con el foco en Ceuta y en el Estado español. Demandamos una sociedad en la que todas las personas podamos vivir con dignidad y sin miedo.
En las últimas semanas una enorme movilización viene impulsando desde las calles y plazas los derechos a techo, salud y educación para todos y todas. Pero al mismo tiempo a muchas personas migrantes y refugiadas, incluidas niñas y niños, están viendo cómo se les niegan sus derechos y sufren en Ceuta una situación constante de violencia, hostigamiento y desprotección. Los discursos de odio las señalan y criminalizan incitando el racismo y la xenofobia, las presentan como una amenaza, y pretenden convertir, con bulos y desinformación, su presencia, movilidad y necesidades más básicas en un problema.
Queremos situar en el centro la humanidad de la que todos y todas formamos parte, el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad de movimiento de todas las personas, como se reconoce en la Declaración de los Derechos Humanos.
Queremos una sociedad que sitúe la humanidad por encima del miedo, donde todas las vidas valgan por igual, también en las fronteras, donde todas las personas reciban un trato digno, y que entienda la solidaridad, el cuidado y la libertad como elementos esenciales de la convivencia.
Queremos otra manera de abordar la movilidad humana y otra forma de convivencia. La movilidad forma parte de la experiencia humana. Las migrantes son personas que toman decisiones, construyen vínculos, trabajan, cuidan, aman, buscan oportunidades y proyectan sus vidas. Luchar contra el racismo significa también reconocer su autonomía y capacidad para decidir dónde y cómo quieren vivir.
Ceuta es el espejo del fracaso de las políticas migratorias europeas, con su apuesta por la externalización de fronteras a países que también vulneran los derechos humanos. Es imprescindible un enfoque de derechos a la hora de abordar la movilidad humana, siendo necesario que se abran y mantengan vías legales, seguras y accesibles.
Las fronteras no suspenden la humanidad de quienes las atraviesan. Tampoco pueden convertirse en espacios en los que la violencia, la arbitrariedad o el abandono encuentren una justificación. No admitimos el racismo institucional ni en Ceuta ni en ningún otro lugar.
Rechazamos la deshumanización de las personas migrantes en nombre de una supuesta seguridad. La convivencia y la seguridad son incompatibles conperseguir a personas migrantes, impedirles acceder a determinados espacios, dificultar su acceso a servicios básicos o generar condiciones en las que teman acudir a un hospital, entrar en un comercio, pedir ayuda o acercarse a una autoridad.
No aceptamos el discurso del “nosotros” frente a “ellos” que pretende legitimar prácticas inaceptables. No aceptamos que a nadie se le golpee, persiga, expulse o abandone en la calle. La seguridad no se construye sobre el miedo, la falta de libertad o el sufrimiento de nadie sino por la construcción de un bienestar colectivo y universal.
Reclamamos humanidad, derechos y dignidad frente al odio, el racismo, la xenofobia y la islamofobia. Cuando determinadas personas son presentadas de manera sistemática como una amenaza, la violencia ejercida contra ellas corre el riesgo de dejar de reconocerse como violencia y empezar a justificarse como una respuesta necesaria o inevitable. Ese proceso de normalización debe detenerse.
Los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos de todas las personas y respetar la universalidad de los derechos humanos. Ninguna persona puede ser golpeada, humillada, perseguida o sometida a un trato degradante, como observamos en Ceuta. Nadie debería tener miedo de caminar por una calle, comprar comida, acudir a un hospital, pedir ayuda o desplazarse por ser migrante.
Es esencial atender a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, como las niñas, niños y mujeres en situación de calle, personas LGBTIQ+ y las personas solicitantes de asilo. Porque cuando el racismo se intensifica por motivos de género, edad, pobreza, condición migratoria, identidad u orientación sexual, las violencias se multiplican.
Exigimos a las administraciones de todos los niveles del Estado y a las instituciones implicadasque asuman sus responsabilidades:
- Impulsen vías legales y seguras accesibles;
- Garanticen condiciones de vida dignas;
- Protejan de manera efectiva a la infancia;
- Aseguren el acceso al asilo y el respeto del principio de no devolución;
- Cesen las prácticas de violencia y hostigamiento;
- Prevengan y persigan la violencia de género, incluida la violencia sexual hacia mujeres y niñas.
- Garanticen que ninguna persona que haya denunciado tortura, malos tratos u otros abusos sea expulsada o que se obstaculice su acceso a la justicia;
- Protejan la labor de quienes prestan asistencia, acompañan, documentan e informan
- Investiguen todas las denuncias de migrantes, organizaciones y periodistas;
- Actúen frente al racismo, la xenofobia y los discursos de odio.
Hacemos una llamada a la sociedad civil y a la ciudadanía para que, entre todas, situemos la dignidad humana y la solidaridad por encima de los discursos de odio y la discriminación.
