El conflicto sirio viene caracterizándose por detenciones arbitrarias prolongadas, tortura y otros malos tratos, y desapariciones forzadas a manos de todas las partes en el conflicto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso este mecanismo en un informe histórico publicado en agosto de 2022 sobre cómo reforzar las medidas para abordar la situación de los miles de personas detenidas y desaparecidas y proporcionar apoyo a sus familias.
“La práctica de hacer ‘desaparecer’ a personas en Siria ha dejado un devastador legado para cientos de miles de personas y sus seres queridos”, ha manifestado Adam Coogle, director adjunto para Oriente Medio de Human Rights Watch. “Una nueva entidad internacional que aborde esta desoladora situación inconclusa derivada del conflicto sirio que nunca se puede pasar por alto ofrece un atisbo de esperanza para las familias.”
El gobierno del presidente sirio Bachar al Asad es responsable de la inmensa mayoría de esas desapariciones, que a menudo tienen como consecuencia muertes bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales. Incluso antes del comienzo de la crisis en 2011, las autoridades sirias sometían a personas a desaparición forzada por su oposición política pacífica, la difusión de informaciones críticas y su activismo de derechos humanos. Los grupos armados no estatales también han secuestrado a personas, y algunos, como ISIS, han tomado rehenes y los han ejecutado sumariamente.
En agosto, la Red Siria de Derechos Humanos calculaba que quedan alrededor de 111.000 personas en paradero desconocido, aunque se cree que la mayoría están en manos del gobierno sirio. No se puede determinar la cifra exacta porque no existe acceso a la inmensa mayoría de los centros de detención, especialmente a los que administran las fuerzas de inteligencia, para las personas ajenas a ellos. Las personas detenidas por los servicios de seguridad del gobierno o muchos grupos armados no estatales de Siria son sometidas habitualmente a desaparición forzada o recluidas en régimen de incomunicación, y las familias no pueden obtener información sobre el paradero de sus seres queridos o lo que les ha sucedido.
Grupos que representan a familias de personas que han estado detenidas, así como la sociedad civil siria y organizaciones internacionales de derechos humanos, han defendido incansables a las víctimas de tortura y a los miles de personas desaparecidas, detenidas arbitrariamente y secuestradas, reclamando un organismo independiente y enérgico para investigar millares de desapariciones. Recientemente, 10 asociaciones sirias de víctimas expresaron su opinión sobre cómo debería ser ese organismo.
Coincidente con las opiniones de las asociaciones sirias de víctimas, el informe del secretario general de agosto reconocía las dificultades sistémicas que afrontan las familias en toda Siria cuando buscan información sobre sus seres queridos en paradero desconocido y ponía de relieve las insuficiencias de los esfuerzos actuales. El secretario general también expuso la propuesta de mandato y prioridades de un nuevo organismo para este fin, que incluían proporcionar apoyo adecuado a víctimas y sobrevivientes, y a sus familias. Este organismo ofrecería una única vía para registrar nuevos casos, y se coordinaría con otros mecanismos existentes para servirse de la información disponible acumulada y agilizar los esfuerzos para afrontar esta cuestión.
“Han pasado 11 años desde que comenzó el conflicto, y el gobierno sirio y los grupos armados de la oposición siguen haciendo desaparecer o secuestrando a cualquiera que se oponga a ellos, mientras sus aliados, Rusia y Turquía, no hacen nada para acabar con estas violaciones de derechos”, afirmó Diana Semaan, directora adjunta en funciones de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Mientras decenas de miles de personas permanecen en centros de detención u otros lugares, las familias carecen de vías fiables para conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos. La falta de voluntad política para abordar esta cuestión sólo ha servido para prolongar el sufrimiento de las familias. La propuesta del secretario general de la ONU ofrece una vía para que se haga cumplir el derecho de las familias a la verdad, y los Estados miembros deben sumarse a ella.”
La Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria ha respaldado totalmente la propuesta del secretario general y sus miembros han anunciado, en un artículo de opinión para Al Jazeera English, que pondrá a disposición del nuevo mecanismo la considerable cantidad de información que ha recogido la Comisión en 11 años. Los miembros de la Comisión también advirtieron que cuanto más se tarde en establecer este mecanismo, más difícil será aclarar dónde están y la suerte que han corrido las personas en paradero desconocido y las que son objeto de desaparición forzada. “Las familias llevan demasiado tiempo esperando una acción en el ámbito internacional”, han afirmado. “Ya es hora de actuar.”
Los Estados miembros deben hacer todo lo que esté en su mano para garantizar que se establece con rapidez por medio de la Asamblea General un nuevo organismo internacional en consonancia con las recomendaciones del secretario general. “Los países con influencia en Siria deben asimismo presionar a las partes en el conflicto para que actúen con rapidez a fin de resolver lo que ya se considera una de las mayores tragedias del conflicto sirio”, han declarado Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Rusia e Irán, los defensores más destacados del gobierno sirio, deben presionar a éste para que publique inmediatamente los nombres de todas las personas que han muerto en centros de detención sirios e informe a sus familias y devuelva los cuerpos a éstas. También deben presionar al gobierno para que facilite información sobre el paradero de todas las personas objeto de desaparición forzada y lo que les ha ocurrido, poner fin a la práctica de la desaparición forzada y permitir que agencias humanitarias independientes accedan a centros de detención.
Los países que apoyan a los grupos armados no estatales, como Turquía, Arabia Saudí y Estados Unidos, deben obligar a los grupos a los que respaldan a que revelen lo ocurrido a las personas detenidas bajo su custodia y permitan el acceso de las agencias humanitarias a sus centros de detención.
