La decisión de la Audiencia Nacional de España de extraditar a un solicitante de asilo a Kazajistán pese a existir indicios convincentes de que está expuesto a sufrir tortura allí viola el derecho internacional y debe revocarse de inmediato, ha manifestado Amnistía Internacional.
La Audiencia Nacional de España ha aprobado hoy la solicitud de extradición de Aleksandr Pavlov, de 37 años, ex jefe de seguridad de Mukhtar Ablyazov, figura de la oposición kazaja que huyó de este país de Asia central en 2009.
"El historial de tortura y malos tratos de Kazajistán está bien documentado –ha señalado Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en cuestiones de lucha contra el terrorismo y derechos humanos–. Aleksandr Pavlov corre realmente riesgo de sufrir tales abusos si es enviado de regreso allí. En virtud del derecho internacional, España tiene la obligación absoluta de impedir que sea así”. "Si España extradita a Aleksandr Pavlov, lo hará con pleno conocimiento de que es probable que sufra daños. Todo lo que le ocurra en Kazajistán será consecuencia de esta medida".
La decisión final sobre la extradición de Aleksandr Pavlov deberá tomarla ahora el Consejo de Ministros del gobierno de España, que tiene atribuciones para hacer caso omiso de la postura de la Audiencia.
"El gobierno español no debe transferir a Aleksandr Pavlov a Kazajistán, ni siquiera si el gobierno kazajo ofrece garantías diplomáticas de que no sufrirá tortura ni otros malos tratos ni será sometido a un juicio injusto a su regreso –ha añadido Julia Hall–. El historial de las autoridades kazajas muestra que tales garantías son falsas promesas”.
Pavlov fue detenido en España en diciembre de 2012, tras incluirse su nombre en la lista de personas buscadas de INTERPOL a instancias de las autoridades kazajas. Posteriormente, Kazajistán solicitó su extradición, que fue autorizada en principio por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ha confirmado hoy ésta.
En Kazajistán, Aleksandr Pavlov está acusado de “expropiación o malversación de bienes” y de “conspiración para perpetrar un atentado terrorista”. Su abogado y él afirman que estas acusaciones son falsas.
Amnistía Internacional ha mantenido bajo observación varias causas abiertas contra activistas políticos y de la sociedad civil de Kazajistán, en las que el procesamiento penal estaba relacionado con las opiniones disidentes de los acusados y su vinculación con Mukhtar Ablyazov. Estas causas se han visto empañadas por violaciones del derecho a un juicio justo y en general se cree que la influencia política ha contribuido a que se dicten en ellas sentencias finales condenatorias.
Mukhtar Ablyazov, para quien trabajaba Pavlov, huyó de Kazajistán en 2009 y fue reconocido como refugiado en el Reino Unido en 2011. Actualmente está detenido en Francia, a la espera que se tome una decisión sobre su extradición a Ucrania o Rusia. Si es enviado a alguno de estos países, estará expuesto a que lo transfieran desde allí a Kazajistán, donde también corre riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos.
El 31 de mayo de 2013, la esposa y la hija de Mukhtar Ablyazov fueron expulsadas ilegalmente de Italia y transferidas a la fuerza a Kazajistán, lo que constituyó una violación de la legislación italiana y del derecho internacional.
Tatiana Paraskevich, otra persona asociada también a Mukhtar Ablyazov, se encuentra detenida en la Republica Checa y corre igualmente riesgo inminente de extradición a Ucrania o Rusia, donde estará expuesta a ser transferida a Kazajistán y sufrir graves violaciones de derechos humanos.
La tortura y los malos tratos son métodos habituales de interrogatorio en Kazajistán y se utilizan también para castigar a los presos convictos.
De acuerdo con el derecho internacional, todos los Estados tienen la obligación absoluta de no devolver a nadie a ningún país donde corra riesgo real de sufrir persecución u otros abusos o violaciones graves de derechos humanos.
