Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Buscar

Se debe mejorar las garantías para la independencia de los jueces

La primera reunión de la Asamblea Constituyente se celebró 22 noviembre de 2011 en Bardo © Samir Abdelmoumen Bajo Licencia CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons

Ahora que la Asamblea Nacional Constituyente de Túnez debate el capítulo de la nueva Constitución relativo a las facultades del poder judicial, Al Bawsala, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro Carter instan a los miembros de la Asamblea a que refuercen las garantías para la independencia de los jueces.

Durante el régimen del ex presidente Zine el Abidine Ben Ali, el poder judicial estaba subordinado al ejecutivo y carecía de independencia. Por tanto, es esencial que la nueva Constitución de Túnez garantice totalmente la independencia de la judicatura y la imparcialidad de la justicia, han declarado las organizaciones firmantes.

“Los tunecinos merecen una Constitución que contenga unas garantías diáfanas de la independencia del poder judicial —ha afirmado Marion Volkmann, directora de la oficina en Túnez del Centro Carter—. La nueva Constitución de Túnez debe alejarse realmente de un pasado caracterizado por las injerencias políticas del poder ejecutivo y garantizar que los jueces tienen las facultades y la independencia necesarias para proteger los derechos humanos.”

Al Bawsala, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro Carter vienen siguiendo el proceso de redacción de la Constitución desde su inicio, en febrero de 2012. En su declaración conjunta del 3 de enero de 2014 formularon varias recomendaciones para reforzar los derechos humanos y las libertades en la carta magna.

El borrador del capítulo sobre el poder judicial contiene varios artículos importantes que incorporan principios generales sobre la independencia de la judicatura. Por ejemplo, el artículo 100 establece: “El poder judicial es una autoridad independiente que garantiza que prevalece la justicia, la supremacía de la Constitución, la soberanía de la ley y la protección de los derechos y las libertades”. La independencia de los jueces se confirma en la medida en que sólo rinden cuentas, en el desempeño de sus funciones, ante la Constitución y la ley. El artículo 106 prohíbe las injerencias externas en el poder judicial.

Las cuatro organizaciones firmantes expresan su satisfacción por estas disposiciones, que son compatibles con las normas internacionales. Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, de la ONU, por ejemplo, exigen que los principios relativos a la independencia del poder judicial estén consagrados en la Constitución del país.

Sin embargo, las garantías contenidas en el borrador de este capítulo son endebles en lo que se refiere a la inamovilidad en el cargo de los jueces, lo que es contrario a normas internacionales como los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura antes citados y los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a Asistencia Letrada Gratuita en África. Aunque se prohíbe la destitución de los jueces y su traslado sin su consentimiento, el borrador prevé excepciones “con arreglo a las garantías previstas en la ley”, una redacción que los poderes ejecutivo y legislativo podrían usar indebidamente y que podría menoscabar la esencia de esta protección.

Por tanto, Al Bawsala, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro Carter recomiendan a la Asamblea Nacional Constituyente que establezca con claridad en el artículo 104 que sólo se podrán imponer medidas disciplinarias a los jueces por conducta indebida grave, algo que determinará el Consejo Judicial Superior  y con arreglo a las garantías del proceso debido.

El borrador de la Constitución prevé en el artículo 111 la creación de un Consejo Judicial Superior con el mandato de “garantizar que prevalece la justicia y el respeto a la independencia del poder judicial, proponer reformas y formular recomendaciones respecto de los proyectos de ley relativos al poder judicial, y decidir sobre la conducta profesional de los jueces y las medidas disciplinarias que se les apliquen”. El borrador propone que la mitad de los miembros de este consejo sean jueces y la otra mitad personas de otras profesiones.

La Comisión para el Consenso, que tiene la tarea de lograr un acuerdo general sobre las cuestiones constitucionales más polémicas, propuso una modificación que elevaría el número de jueces en el Consejo a dos tercios, “la mayoría de ellos elegidos por sus pares y el resto nombrados”; el tercio restante estaría integrado por personas de independencia y experiencia probadas.

Sin embargo, esta redacción no garantiza la plena independencia del poder judicial en dos aspectos. En primer lugar, los jueces elegidos por sus pares podrían ser una minoría en el Consejo, lo que podría dejar este órgano en manos de los miembros nombrados por el poder ejecutivo o por el Parlamento. Varios instrumentos internacionales recomiendan que este tipo de órganos tengan una proporción importante o incluso una mayoría de miembros elegidos por la judicatura. Por ejemplo, la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces de 1998 “prevé la intervención de una autoridad independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, dentro de la cual al menos la mitad de sus miembros son jueces electos por sus pares siguiendo métodos que garantizan la más amplia representación del poder judicial”.

En segundo lugar, la modificación propuesta no indica cómo se seleccionará a los miembros del Consejo que no sean jueces: si lo hará directamente el gobierno o si serán elegidos por el Parlamento o por cualquier otro procedimiento. Esto otorga un exceso de discrecionalidad a las autoridades del gobierno sobre los procedimientos para la selección y no ofrece garantías constitucionales suficientes para la independencia de los otros dos poderes del Estado.

Por tanto, Al Bawsala, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro Carter recomiendan a la Asamblea Nacional Constituyente que declare en el artículo 109 que, como mínimo, la mitad del Consejo Judicial Superior estará integrado por jueces elegidos por sus pares. Asimismo, recomiendan que la Constitución especifique los procedimientos para el nombramiento de los miembros de este órgano a fin de garantizar que los que no pertenezcan al poder judicial gocen de amplia confianza y legitimidad, y que los nombramientos que realice el Parlamento se hagan como mínimo por una mayoría de dos tercios.

La Constitución ha ampliado también las garantías para la independencia de la fiscalía, que “formará parte del poder judicial y gozará de las mismas salvaguardias”. El artículo 112 exige que los fiscales “desempeñen sus funciones de acuerdo con la política estatal en materia de enjuiciamiento con arreglo a los procedimientos previstos en la ley”. Las cuatro organizaciones firmantes recomiendan que la Asamblea Nacional Constituyente mantenga esta redacción y rechace la enmienda que modificaría la frase a “política gubernamental en materia de enjuiciamiento”, y especifique que esta política ha de ser compatible con los derechos y libertades que protegen la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos.


Si desean conocer más detalles u otras disposiciones de la Constitución, consulten los siguientes documentos: