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Las autoridades deben retirar los cargos contra el propietario de la televisión tunecina por emitir "Persépolis"

Manifestantes tunecinos reaccionan ante la victoria del partido Enhanda en las pasadas elecciones de octubre. Autor: Magharebia bajo licencia cc by 2.0

Las acciones penales entabladas contra el propietario de una televisión tunecina que emitió la película Persépolis constituyen un atentado contra la libertad de expresión, ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del juicio, que comienza el lunes.

Nabil Karoui, propietario de Nessma TV, va a ser sometido a juicio en Túnez capital el 23 de enero por los cargos de "violar valores sagrados" y "alterar el orden público", presentados a raíz de que su cadena emitiera Persépolis, película animada francesa, tachada de blasfema debido a una escena en que aparece una representación de Dios. Si es declarado culpable, podría ser condenado hasta a tres años de prisión.

“Resulta muy preocupante que se lleve a Nabil Karoui a juicio simplemente por emitir una película con escenas fantásticas de Dios", ha manifestado Philip Luther, director interino del programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las autoridades tunecinas deben hacer valer el derecho de Nabil Karoui a la libertad de expresión y retirar estos cargos inmediatamente”, ha añadido.

Persepolis, película premiada sobre la revolución de Irán de 1979 contada desde la perspectiva de una niña, provocó airadas reacciones cuando Nessma TV la emitió en octubre. 

El 14 de octubre lanzaron bombas incendiarias contra la casa de Nabil Karoui tras una manifestación frente a la sede de Nessma TV. Se cree que el ataque fue obra de activistas salafistas. Se presentó una demanda, firmada por 144 abogados, entre otras personas, contra el propietario y dos empleados de Nessma TV.

Algunos periódicos tunecinos han sufrido numerosos ataques en los últimos meses, perpetrados, según informes, por agentes de seguridad, entre otros.

Mohamed Ali Ltifi, del periódico Al Oula, fue golpeado por la policía y obligado a apearse de un tren tras mostrar su carnet de prensa cuando viajaba en transporte publico en Túnez capital el miércoles pasado. No le dieron ninguna explicación.

El reportero de Nessma TV Sofiene Bin Hamida fue agredido el 11 de enero, cuando informaba de una manifestación ante el Ministerio del Interior.

Se trataba de una manifestación organizada por la policía para protestar contra la suspensión de un agente presuntamente implicado en muertes de manifestantes durante el alzamiento.

Sofiene Ben Hamida ha contado a Amnistía Internacional que cree que sus agresores formaban parte de un grupo extremista que participaba en una contramanifestación simultánea.

Días antes, agentes de policía vestidos de civil agredieron a dos periodistas, Sanaa Farhat, del diario en lengua francesa Le Temps, y Maha Ouelhezi, escritora del sitio de noticias Web Manager Center, cuando informaban de una manifestación ante el Ministerio de Educación Superior.

Los agentes agarraron a Sanaa Farhat del cabello y la arrastraron y golpearon.

“Aunque Túnez está haciendo avances en algunos aspectos en materia de derechos humanos, es evidente que tiene aún mucho camino por delante en lo que se refiere al respeto del derecho a la libertad de expresión", ha señalado Philip Luther.

El reciente informe de Amnistía Internacional Año de rebelión: El estado de los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África documenta cómo, en lo que respecta a los derechos humanos,  el gobierno provisional de Túnez tiene todavía que llevar a cabo la reforma exhaustiva que los manifestantes llevan un año demandando.

Un año después de la huida del ex presidente Zin el Abidín ben Alí del país, las autoridades han tomado algunas medidas iniciales positivas, como firmar importantes tratados de derechos humanos y, en general, permitir mayor libertad a la prensa y las organizaciones de derechos humanos.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad del país siguen en gran medida sin tener que rendir cuentas, y las víctimas de violaciones de derechos humanos están todavía esperando que se haga justicia, afirma Amnistía Internacional en su informe.

En marzo de 2011, el temido Departamento de Seguridad del Estado, responsable de años de abusos durante el gobierno de Ben Alí, fue abolido. No obstante, se cree que sus miembros se han integrado sin más en otras fuerzas de seguridad igualmente opacas y exentas de rendir cuentas.

Desde al caída de Ben Alí, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de sentadas y otras manifestaciones pacíficas que han sido disueltas por la fuerza y en las que se ha golpeado a los participantes.