Las autoridades huzíes de facto en Yemen han remitido a al menos ocho personas que realizaban labores humanitarias y de derechos humanos para su procesamiento por cargos de espionaje punibles con la muerte desde el 18 de agosto de 2026; así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Se trata de dos miembros del personal de las Naciones Unidas (ONU), un consultor de la ONU y cinco personas más que trabajaban con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales sobre múltiples asuntos, como la salud, los derechos humanos y la ayuda humanitaria.
Los huzíes deben detener de inmediato estos procesamientos y poner en libertad de inmediato y sin condiciones a las ocho personas cuyos casos han sido remitidos para su enjuiciamiento junto con decenas más de personas que trabajaban para la ONU u organizaciones de la sociedad civil y han sido detenidas arbitrariamente por los huzíes en los últimos dos años.
El procesamiento es la última escalada de la represión ejercida por las autoridades huzíes contra la sociedad civil en la parte de Yemen que tienen bajo su control, con oleadas sucesivas de arrestos de yemeníes dirigidas contra el personal de la ONU y de organizaciones de la sociedad civil desde el 31 de mayo de 2024. Los huzíes han detenido arbitrariamente a más de 100 de estos funcionarios/as y trabajadores/as, los han recluido sin cargos y les niegan acceso a asistencia letrada y a sus familias.
Muchas de estas detenciones comenzaron como desapariciones forzadas. Una desaparición forzada tiene lugar cuando se priva a una persona de su libertad y se niega su detención o se oculta su situación o paradero, dejándola fuera de la protección de la ley.
Mientras los combates se intensifican una vez más en Yemen, los huzíes han actuado maliciosamente para procesar a al menos a ocho miembros del personal de la ONU y de organizaciones de la sociedad civil por cargos que, si hay fallo condenatorio, acarrean la pena de muerte”, ha manifestado Diala Haidar, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen.
“Exigir la liberación inmediata del personal de la ONU y de organizaciones de la sociedad civil de Yemen debería ser una prioridad máxima para los gobiernos, y no una cuestión secundaria.”
Human Rights Watch y Amnistía Internacional hablaron con siete personas que tenían conocimiento directo de los casos, incluidos familiares de las personas detenidas.
Las ocho personas remitidas para su procesamiento continúan bajo custodia y su estado de salud ha empeorado: al menos dos tienen diabetes y no reciben asistencia médica adecuada, y una corre peligro de glaucoma. Otra tiene cáncer de estómago y ha recibido sesiones de quimioterapia durante la detención.
Según algunos familiares, las personas detenidas les contaron que fueron obligadas a admitir las acusaciones de espionaje mediante tortura o amenazas de tortura.
Desde 2015, Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos en que las autoridades huzíes utilizaron cargos de espionaje para actuar contra opositores políticos y silenciar la disidencia pacífica. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado el uso de la tortura por los huzíes para obtener confesiones.
“Es indignante que estas personas puedan ser condenadas a muerte sólo por prestar asistencia médica y alimentaria o por promover los derechos humanos, la paz y el diálogo”, ha dicho Niku Jafarnia, investigadora de Human Rights Watch sobre Yemen y Bahréin.
“Es fundamental que otros gobiernos incrementen sus esfuerzos diplomáticos para lograr la liberación de decenas de miembros del personal de la ONU y de organizaciones de la sociedad civil de Yemen, sobre todo si se tienen en cuenta los ataques que han sufrido las prisiones en el conflicto.”
Imponer la pena de muerte tras un juicio injusto convierte su uso en un castigo arbitrario y una violación de las normas jurídicas internacionales, según ambas organizaciones. Además, con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, sólo es legítimo imponer la pena de muerte por los “más graves delitos”, que se limitan al homicidio intencional según se ha interpretado. Ninguna de las personas procesadas ha sido acusada de actos semejantes. Amnistía Internacional y Human Rights Watch se oponen a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias.
Las ocho personas remitidas a la Fiscalía Penal Especializada de Saná (capital de Yemen) están acusadas de “espionaje” y “ayudar al enemigo” (artículos 127 y 128 del Código Penal de Yemen), delitos punibles con la muerte. La fiscalía también ha formulado acusaciones imprecisas y excesivamente generales sobre el trabajo humanitario y de derechos humanos de las personas detenidas, alegando que tenían “objetivos ocultos y maliciosos” como parte de un plan premeditado para “destruir los valores de la sociedad”.
El Tribunal Penal Especializado de Saná, constituido en 1999, es competente para juzgar una diversidad de delitos relacionados con la seguridad que se consideran perjudiciales para la seguridad del Estado y el interés público. A medida que los huzíes consolidaron su control de los territorios, también afianzaron su control sobre el poder judicial y han utilizado este tribunal como instrumento de represión política.
Las ocho personas detenidas han sido privadas de acceso adecuado a asistencia letrada.
Sami Kallabi, de 41 años, que trabajaba para la ONU en el momento de su arresto el 6 de junio de 2024, tiene cáncer y está recibiendo quimioterapia en un hospital militar. Pese a su estado crítico de salud, tiene prohibido recibir visitas de familiares y las autoridades huzíes se niegan a revelar dónde está recluido.
Labib Shayef, de 57 años, es consultor y también fue detenido el 6 de junio de 2024 en su despacho de Saná. Desde entonces sólo le han permitido recibir una visita de su familia, en agosto de 2025. Su salud se ha deteriorado mucho bajo custodia. Tiene diabetes y contrajo hepatitis B estando detenido, pero no tiene acceso a asistencia médica adecuada.
La fiscalía lo ha interrogado sobre su trabajo para organizaciones locales e internacionales, incluidos programas relacionados con el género y la paz.
En el momento de su detención, Ali al Mudhwahi era consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y asesor del Ministerio de Salud Pública y Población de los huzíes, según contó su esposa, Safiah Mohammed, a Human Rights Watch. Ali al Mudhwahi dijo por teléfono a su esposa que las autoridades lo habían sometido a “aislamiento, tortura y fuerte presión psicológica” durante toda su detención.
Los huzíes, que se oponen a la vacunación, han intentado obligarlo a decir que las vacunas “sólo son instrumentos de espionaje” y que él es un “espía reclutado por la Organización Mundial de la Salud”, según Safiah.
Información complementaria
Desde el 31 de mayo de 2024, los huzíes han llevado a cabo incursiones en zonas bajo su control y han detenido arbitrariamente a 13 miembros del personal de la ONU y no menos de 50 personas que trabajaban para organizaciones de la sociedad civil yemeníes e internacionales. Desde entonces, los huzíes han detenido arbitrariamente a decenas más de miembros del personal de la ONU y de organizaciones de la sociedad civil. En febrero de 2026, al menos 73 miembros del personal de la ONU y de organizaciones de la sociedad civil, todos yemeníes, continuaban bajo custodia de los huzíes.
El 11 de febrero de 2025, un trabajador de ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos murió bajo custodia huzí. Su muerte acrecienta el temor por la seguridad y el bienestar de otras personas que permanecen recluidas arbitrariamente en centros de detención dirigidos por los huzíes, dado su historial de tortura y otros malos tratos contra las personas detenidas.
Muchas de las personas detenidas fueron arrestadas sin que se les mostrara una orden de detención y sometidas a desaparición forzada durante meses hasta que se reconoció su detención y se dio a conocer su paradero. Aunque algunas recibieron atención médica, otras muchas no, incluidas personas que padecían enfermedades graves.
