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Presión sobre los partidos políticos egipcios para que cumplan las expetativas del "25 de enero"

Mujeres egipcias celebran la noticia de la dimisión del presidente Hosni Mubarak. © AP/PA Photo/Tara Todras-Whitehill

Los partidos políticos egipcios deben acometer 10 reformas fundamentales en materia de derechos humanos para hacer realidad la promesa de un nuevo Egipto formulada por la “Revolución del 25 de enero”, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

A falta de un mes para las elecciones parlamentarias, la organización pide a todos los candidatos a las elecciones egipcias que firmen un “manifiesto” para demostrar que tienen la intención firme de acometer una reforma significativa en materia de derechos humanos.

“Los partidos políticos que concurren a las elecciones del próximo mes tienen una gran responsabilidad; la población egipcia tiene derecho a esperar que al fin se materialicen unos cambios que, casi un año después del 25 de enero, aún parecen estar muy lejos”, ha señalado Amnistía Internacional.

“La justicia y el fin de la represión estaban entre las principales reivindicaciones de los manifestantes de Egipto. Ahora los partidos políticos deben exponer sus planes para abordar el legado de abusos y formular compromisos concretos sobre derechos humanos”.

“La población egipcia, gobernada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, teme que un régimen represivo sea sustituido por otro. Ahora espera de sus dirigentes políticos que tomen medidas decisivas que pongan fin a la injusticia y los abusos que han hecho estragos en Egipto en estos 30 años”.

Cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas asumió el poder en febrero, se comprometió a levantar el estado de excepción; sin embargo, se ha ampliado la ley que lo regula. Y, a pesar de la aparente abolición del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, las detenciones arbitrarias no han descendido y miles de civiles han sido injustamente juzgados ante tribunales militares.

Amnistía Internacional ha pedido también el fin de la marginación de las mujeres en la vida política egipcia, con la publicación de un nuevo documento sobre los obstáculos que encuentran las mujeres para participar en la vida pública del país.

Tras las elecciones de 2005, sólo 9 de los 454 escaños del Parlamento estaban ocupados por mujeres, cinco de las cuales habían sido designadas por el presidente Mubarak. La cifra aumentó en las elecciones de 2010 debido a la introducción de un sistema de cuotas, aunque al final todas las mujeres que ocuparon un escaño eran del Partido Nacional Democrático, el partido en el poder, ahora disuelto.

En el documento Women Demand Equality in Shaping New Egypt, Amnistía Internacional pide a las autoridades egipcias que tomen medidas concretas para que las mujeres ocupen un lugar preponderante en la construcción del futuro del país.

“El optimismo de principios de año, cuando las mujeres tuvieron un papel crucial en las protestas contra el ex presidente Mubarak, ha decaído ante la evidencia de que las mujeres siguen estando en gran medida excluidas de la participación política”, ha señalado Amnistía Internacional.

“Ha llegado el momento de que el gobierno y los partidos políticos se atengan a su compromiso declarado con los derechos de las mujeres, con acciones reales que apoyen sus aspiraciones”.

 

Estos son los 10 compromisos del Manifiesto de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Favor de Egipto:

 

1. Poner fin al estado de excepción y reformar las fuerzas de seguridad. Derogar la Ley del Estado de Excepción. Someter a las fuerzas de seguridad a una reforma fundamental y acorde con las leyes y normas internacionales. Dar a conocer públicamente su estructura y cadena de mando, y establecer un órgano de vigilancia que investigue los informes de abusos con independencia e imparcialidad.


2. Poner fin a la detención en régimen de incomunicación y combatir la tortura. Los detenidos deben tener, por ley y en la práctica, contacto regular y sin demora con el mundo exterior, incluidos familiares, abogados de su elección y servicios médicos independientes. No deben tolerarse la tortura y otros malos tratos, sino penalizarse con arreglo al derecho internacional. Deben investigarse los informes de tortura y otros malos tratos. Los lugares de detención deben darse a conocer en listas públicas y ser objeto de inspecciones regulares, independientes, sin restricciones y sin previo aviso.

 

3. Garantizar juicios justos. Toda persona acusada de un delito debe ser juzgada con las debidas garantías por un tribunal establecido por ley que sea competente, independiente e imparcial. Los juicios militares a civiles y los juicios ante tribunales de excepción deben terminar, las personas declaradas culpables deben quedar en libertad si no se celebra un nuevo juicio ante tribunales civiles.


4. Defender el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Las leyes que penalizan el ejercicio pacífico de estos derechos deben modificarse para estar en consonancia con las leyes y normas internacionales o ser derogadas. Son: varios artículos del Código Penal, la Ley de Asociaciones y la Ley núm. 34 de 2011, que penaliza las manifestaciones y huelgas.


5. Investigar los abusos cometidos en el pasado. Debe haber una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen del presidente Hosni Mubarak. En ella se deben hacer recomendaciones para evitar abusos en el futuro y se debe proporcionar verdad, justicia y reparación a las víctimas.

 

6. Hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas. Las personas deben tener acceso a servicios públicos indispensables, como el agua, el saneamiento y la asistencia médica, con independencia de su lugar de residencia o sus ingresos. Deben respetarse los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a la huelga y el derecho a un salario mínimo digno.


7. Defender los derechos de las personas que viven en asentamientos precarios. Las personas que viven en asentamientos informales deben ser consultadas de manera significativa y poder participar activamente en las decisiones que afectan a su futuro. Deben tener seguridad legal de tenencia. Los desalojos forzosos, que son peligrosos, humillantes e ilegítimos según el derecho internacional, deben terminar. Debe existir un plan general para dar solución a las condiciones inadecuadas de alojamiento que ponen en peligro la salud y la vida de las personas.

 

8. Poner fin a la discriminación. Las disposiciones legales que discriminan a las personas por motivos de raza, color, religión, origen étnico, nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad de género, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, u otra condición deben abolirse o reformarse para que se ajusten a las leyes y normas internacionales. Algunas de esas disposiciones están en el Decreto Presidencial 291/2005 sobre lugares de culto cristianos. Deben impedirse los ataques sectarios, realizar investigaciones completas y llevar ante la justicia a los autores de los ataques.

 

9. Proteger los derechos de las mujeres. Las mujeres deben ser socias de pleno derecho en el proceso de reforma política y de los derechos humanos. Debe reconocerse en la legislación que mujeres y hombres tienen los mismos derechos en el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia. Las mujeres deben tener protección jurídica frente a la violencia doméstica –que incluye la violación conyugal– y el acoso sexual. Deben modificarse los artículos 260-263 del Código Penal para autorizar el aborto en el caso de mujeres y niñas sobrevivientes de violación e incesto, o de embarazos que entrañan grave riesgo para la salud. Debe modificarse la Ley núm. 126 de 2008 para prohibir la mutilación genital femenina en todos los casos.

 

10. Abolir la pena de muerte. Debe declararse la suspensión de las ejecuciones hasta que sea abolida la pena de muerte.

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