El 14 y 15 de mayo, los ministros y ministras de Asuntos Exteriores de los Estados miembros del Consejo de Europa se reunirán en Chisinău, Moldavia, para adoptar una declaración política sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la migración que cuestiona tanto el futuro de los derechos de las personas migrantes y refugiadas consagrados en el Convenio como la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.
“Esta declaración política podría señalar el inicio de un peligroso retroceso del respeto, por parte de los Estados, de la autoridad e integridad del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un sistema de derechos humanos de dos niveles basado en la condición migratoria constituye una afrenta al principio básico de que los derechos humanos son universales”, ha manifestado Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
“Está en juego el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe enviar a alguien a un país en el que corra un peligro real de sufrir tortura u otras violaciones graves de derechos humanos. Este principio, garantizado por el Convenio Europeo, se aplica a todas las personas, independientemente de su condición migratoria o de la manera en la que hayan entrado en un país, e independientemente también de las consideraciones de seguridad nacional. Socavar la prohibición de la tortura en casos de migración no sólo reduciría la protección de uno de los grupos más marginados de las sociedades europeas, sino que además podría debilitar su aplicación en otras situaciones.”
“Cuando la clase política alega que el nivel de protección otorgado en los casos de migración debe ser revisado con vistas a una nueva ‘era’, se está retirando a una política que considera que algunas personas son menos merecedoras de derechos que otras por razón de su condición migratoria y, en última instancia, de su nacionalidad y/o presunta raza. Esto nos perjudica a todos.”
“Durante más de 75 años, el Convenio ha garantizado la libertad de prensa y los derechos de las personas LGBTI+, las minorías, las mujeres, las personas con discapacidad, el medio ambiente y mucho más. Con el aumento de las prácticas autoritarias, el racismo y la xenofobia, y en un momento en el que el orden jurídico internacional se enfrenta a unas amenazas sin precedentes, Europa debe reforzar la protección de los derechos humanos y el sistema regional que los garantiza, no socavarlos activamente.”
“Los derechos humanos se concibieron para hacer frente a momentos como este. Cuando la política de la división facilita el uso de chivos expiatorios y cuando la compasión se presenta como debilidad, estas protecciones existen para impedir que repitamos los peores momentos de nuestra historia.”
Información complementaria
Tras meses de ataques contra el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2025 los Estados miembros del Consejo de Europa pidieron una declaración política que aborde el cumplimiento del Convenio en el contexto de la migración.
A partir de un documento que contiene elementos para la declaración política, adoptado en una reunión intergubernamental del Consejo de Europa a finales de marzo, Amnistía Internacional entiende que la declaración probablemente cuestionará el nivel de protección otorgado a los derechos de las personas migrantes y refugiadas en virtud del Convenio y también la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.
Las declaraciones políticas son herramientas adoptadas por los representantes de alto nivel de los Estados miembros del Consejo de Europa para abordar o plantear opiniones o preocupaciones específicas en torno a cuestiones de interés común, como, en este caso, cuestiones relativas al funcionamiento del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Amnistía Internacional asistió como observadora a la reunión del Comité Director para los Derechos Humanos a fin de preparar elementos con vistas a la Declaración de Chisinău sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la migración.
En una carta conjunta, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) pidieron a los Estados miembros del Consejo de Europa que se resistan a los intentos de socavar el sistema del Convenio.
