En Colombia, defender los derechos humanos o el medio ambiente puede convertirse en una actividad de alto riesgo. El país se sitúa desde hace años entre los más peligrosos del mundo para las personas que defienden el medio ambiente, según Global Witness. La historia de Jani Silva, defensora de la Amazonía colombiana, pone rostro a esa realidad y a los riesgos que sufren quienes protegen la tierra, la biodiversidad y a sus comunidades.
1. ¿Qué está pasando con los y las activistas medioambientales en Colombia?
En Colombia, alzar la voz para defender derechos humanos, el territorio o el medio ambiente puede costar la vida. Lo que debería ser una labor esencial para las comunidades (organizarse, reclamar justicia, proteger la tierra y la naturaleza) se ha convertido en una actividad de alto riesgo para miles de líderes ambientalesen el país.
No son casos aislados. Es una violencia constante que afecta sobre todo a comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas. Allí, defender la tierra, reclamar justicia o enfrentarse a proyectos que dañan el territorio puede convertir a una persona en objetivo de amenazas, estigmatización y ataques.
La violencia no se limita a los asesinatos. Incluye amenazas constantes, vigilancia, desplazamientos forzados, campañas de desprestigio y procesos de criminalización que buscan silenciar voces y debilitar la organización comunitaria. A pesar de las alertas y compromisos institucionales, la impunidad sigue siendo la norma y Colombia continúa entre los países más peligrosos del mundo para quienes defienden derechos humanos y el medio ambiente.

Vista aérea de las refinerías de petróleo de Colombia, contrastadas con paisajes naturales exuberantes, ilustrando los conflictos ambientales que enfrentan los activistas como Jani Silva. © Luca Zanetti
2. ¿Cuántas personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en Colombia en los últimos años?
Colombia concentra una parte desproporcionada de los asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en el mundo. Según el informe más reciente de la organización Global Witness, en 2024 se documentaron 146 asesinatos y desapariciones de larga duración de personas defensoras del ambiente y el territorio a nivel global. De ellos, 48 ocurrieron en Colombia. Es decir, casi uno de cada tres ataques mortales registrados en el mundo tuvo lugar en un solo país.
No es una excepción puntual. Por tercer año consecutivo, Colombia encabeza la lista de países con más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, por delante de Guatemala, México o Brasil. En 2023, la misma organización ya había registrado 79 casos en Colombia, la cifra más alta para un solo país desde que comenzaron a documentar estos crímenes en 2012.
Aunque en 2024 el número registrado descendió a 48, Global Witness advierte de que esta reducción no refleja necesariamente una mejora real. En contextos de violencia e intimidación, muchos casos no se denuncian o no se registran adecuadamente, lo que puede ocultar la verdadera magnitud del problema.
Si se amplía la mirada, el patrón es aún más preocupante. Entre 2012 y 2024, al menos 2.253 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas o desaparecieron en el mundo, muchas de ellas en América Latina y, de manera destacada, en Colombia.
Otros análisis regionales y organizaciones de derechos humanos coinciden en esta tendencia: Colombia lleva años siendo uno de los países más letales para quienes defienden la tierra, los bosques, el agua y la Amazonía, en un escenario marcado por la violencia estructural y la impunidad.
3. ¿Por qué Colombia es uno de los países más peligrosos para las personas que defienden el medio ambiente?
Colombia no solo es uno de los países más biodiversos del mundo, también es uno de los más peligrosos para quienes defienden esa riqueza. Sus grandes reservas de recursos naturales hacen que muchos territorios estén en el centro de disputas por el control de la tierra, los bosques, el agua o los minerales.
En muchas de estas zonas persisten dinámicas de conflicto armado, con presencia de grupos armados y redes criminales que compiten por el control del territorio. Al mismo tiempo, se desarrollan proyectos extractivos y actividades económicas que impactan gravemente los ecosistemas. Quienes se organizan para defender esos espacios suelen quedar expuestas a amenazas y ataques.
Buena parte de estas áreas son rurales, con escasa presencia institucional y graves dificultades para garantizar protección efectiva. En la práctica, muchas personas defensoras del medio ambiente permanecen durante años expuestas a amenazas, atentados y campañas de estigmatización, con altos niveles de impunidad.

Barco en el Amazonas, donde las comunidades indígenas y campesinas navegan a través de un paisaje amenazado por la deforestación y los intereses económicos que buscan explotar los recursos naturales. © VMLY&R/WHISKY
4. ¿Qué es un o una líder social o ambiental en Colombia?
En Colombia, una persona es considerada líder social cuando su comunidad la reconoce como alguien que organiza, representa y defiende derechos colectivos. No es necesario tener un cargo formal: lo que define este liderazgo es el trabajo que realiza y el respaldo de la comunidad.
Estas personas impulsan procesos relacionados con los derechos humanos, la defensa de la tierra y el territorio, el medio ambiente, la participación política o los derechos de las víctimas del conflicto. Su labor está orientada a mejorar las condiciones de vida de sus comunidades y a proteger sus derechos.
En el caso de los y las líderes ambientales, ese papel se centra en la defensa de la naturaleza y del derecho a un ambiente sano. Suelen organizar a la comunidad, acompañar procesos colectivos y denunciar daños al entorno, a menudo enfrentándose a intereses que ponen en riesgo esos territorios.

Jani Silva, líder ambiental y defensora de la Amazonía, trabaja incansablemente para proteger la biodiversidad y los derechos de las comunidades en el Bajo Putumayo, Colombia. © ANZORC
5. ¿Quién es Jani Silva, defensora de la Amazonía colombiana?
Jani Silva es una líder social y ambiental colombiana y una de las principales defensoras del territorio y la Amazonía en la región del Bajo Putumayo, en la frontera con Ecuador.
Es representante legal y una de las impulsoras de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica (ADISPA), una Zona de Reserva Campesina que reúne a más de 700 familias en unas 22.000 hectáreas. Estos territorios están pensados para proteger la economía campesina, la biodiversidad y la vida de las comunidades, promoviendo formas sostenibles de desarrollo y construcción de paz.
Desde hace décadas, Jani Silva ha trabajado junto a su comunidad para defender la tierra, frenar la deforestación y fortalecer alternativas económicas locales, como la agricultura y la apicultura, frente a modelos que amenazan el territorio. En su defensa de su comunidad y territorio se ha enfrentado por igual a guerrilleros, paramilitares y multinacionales extractivas, convirtiéndose en referente y modelo para otras líderes comprometidas con el medio ambiente.
Su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. En 2023, Jani fue nominada al Premio Nobel de la Paz“por su dedicación a la protección de la Amazonía y su labor social en la comunidad de Putumayo”. En Colombia, hasta ahora, solo una persona ha recibido efectivamente este galardón: el expresidente Juan Manuel Santos, premiado en 2016 por la firma del Acuerdo de Paz con las extintas FARC.
En 2024 recibió del Congreso de la República de Colombia la prestigiosa Orden de la Democracia “Simón Bolívar”. Y en 2025 recibió el Premio de la Paz de Hesse, en Alemania, por sus más de 40 años de compromiso con la justicia social, la protección del medio ambiente y la cohesión social en la región amazónica de Putumayo.
En enero de 2026, Forbes Colombia incluyó a Jani Silva en una lista de 137 personas que están transformando el país desde distintos ámbitos gracias a su liderazgo y su trabajo.
Pero, a pesar de estos reconocimientos, Jani Silva sigue viviendo bajo amenaza por su labor como defensora del territorio.

Jani Silva en el corazón de la Amazonía colombiana, defendiendo la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, un territorio clave para la biodiversidad y el bienestar de más de 700 familias. © ANZORC
6. ¿Por qué está amenazada de muerte Jani Silva?
Jani Silva está amenazada de muerte por su labor como defensora de la Amazonía colombiana, la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica y los derechos de las comunidades campesinas que viven allí. Según Amnistía Internacional, ha sufrido amenazas de muerte como represalia por su trabajo en una región disputada por grupos armados y economías ilegales.
La propia Jani lo resume así:
Desde 2020, Amnistía ha documentado múltiples incidentes de seguridad contra ella. Entre ellos, persecuciones por personas desconocidas, vigilancia física y digital (incluida vigilancia ilegal del Ejército), amenazas de muerte y disparos a pocos metros de su casa. También se ha identificado un plan para asesinarla, atribuido a un grupo armado de la zona.
En septiembre de 2024 recibió una nueva amenaza telefónica en la que le dijeron: “la vamos a volar con todo y camioneta”, en referencia incluso a los vehículos de su esquema oficial de protección.
Aunque cuenta con medidas de la Unidad Nacional de Protección, Amnistía Internacional considera que la respuesta del Estado ha sido insuficiente y advierte que Jani sigue en grave riesgo por defender la tierra, el agua y la Amazonía en Putumayo.
7. ¿Cómo consiguió Jani Silva el apoyo de más de 400.000 personas en el mundo?
En abril de 2021, el caso de Jani Silva traspasó las fronteras de Colombia gracias a una campaña impulsada por Amnistía Internacional. En el marco de Escribe por los Derechos, más de 415.000 personas de decenas de países participaron en la iniciativa conocida como la “Carta del mundo para Jani Silva”, un gesto colectivo de apoyo, reconocimiento y agradecimiento por su labor en la defensa de la Amazonía.
La campaña visibilizó su situación a nivel internacional y lanzó una petición directa al gobierno colombiano para que garantizara su protección y pusiera fin a las amenazas contra su vida.
Su impacto fue significativo: la movilización contribuyó a que el gobierno adoptara la Resolución 1301/2021, orientada a reforzar las medidas de protección para Jani Silva y su comunidad, más de 700 familias de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica en la selva amazónica.

El Amazonas colombiano, territorio protegido por defensores del medio ambiente como Jani Silva, quien combate la deforestación y los proyectos extractivos en la región.© Freepik
8. ¿Sigue en riesgo la vida de Jani Silva hoy?
Sí. La información más reciente de Amnistía Internacional y de otros medios especializados indica que la vida de Jani Silva sigue en grave riesgo. En septiembre de 2024, Amnistía documentó una nueva amenaza directa contra ella. En esa misma acción urgente, Amnistía detalló amenazas, actos de estigmatización y hostigamientos recurrentes contra Jani Silva y ADISPA desde al menos 2017. Un perfil publicado por Mongabay Latam en marzo de 2025 seguía describiéndola como una defensora bajo amenaza y señalaba que en los cinco años anteriores había recibido más de diez amenazas, sin que estas hayan cesado pese a los reconocimientos internacionales.
Teniendo en cuenta que no hay acciones judiciales que hayan esclarecido las amenazas contra Jani ni procesado judicialmente a las personas responsables, y que el territorio del Bajo Putumayo sigue bajo la presencia de grupos armados no estatales y la expansión de actividades económicas que chocan con el modelo sostenible promovido por ADISPA, la situación de riesgo de Jani no ha desaparecido ni está resuelta.
9. ¿Por qué es importante proteger a las personas que defienden el medio ambiente?
Porque sin ellas, muchos abusos quedarían ocultos y muchos ecosistemas desaparecerían.
Las personas defensoras del medio ambiente no solo protegen bosques, ríos o especies, también defienden derechos básicos como el acceso al agua, a la tierra o a una vida digna. Cuando son atacadas o silenciadas, las comunidades pierden a quienes organizan, denuncian y reclaman justicia.
Además, están en la primera línea frente a la crisis climática. Muchas protegen territorios clave, como la Amazonía, esenciales para frenar la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Protegerlas es, en la práctica, proteger esos ecosistemas de los que depende la vida de millones de personas.
Pero esa protección no puede recaer solo en ellas. Los Estados tienen la obligación de garantizar su seguridad, investigar los ataques y evitar que se repitan. Sin ese compromiso, la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos queda seriamente debilitada.
