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Preocupación por juicio injusto, tortura y posible "desaparición"

Londres.- A Amnistía Internacional le preocupan las denuncias de tortura y el juicio injusto de unas 70 personas acusadas de delitos relacionados con un presunto intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial el 8 de octubre de 2004. A la organización también le preocupa que tres de los condenados sin estar presentes en el juicio (juzgados in absentia) corren peligro de "desaparecer" o ser sometidos a torturas o malos tratos.

 

Veintidós hombres y una mujer fueron condenados a largas penas de prisión por un Consejo de Guerra en Bata, Guinea Ecuatorial. Al menos seis fueron juzgados in absentia. El juicio, que tuvo lugar del 6 al 19 de septiembre de 2005, no se ajustó al derecho internacional y las normas internacionales sobre juicios justos. Los condenados no tienen derecho a recurrir.

 

Estas 23 personas formaban parte de un grupo de unos 70 oficiales y ex oficiales del ejército y familiares del presunto líder del intento de golpe. Contra los acusados, entre los que había varias mujeres, se presentaron cargos tales como socavar la seguridad del Estado, rebelión, traición y negligencia, e intentar derrocar al gobierno. La fiscalía había pedido pena de muerte para seis de ellos, entre los que figuraban al menos tres de los juzgados in absentia: el teniente coronel Cipriano Nguema Mba, presunto líder del golpe, el teniente coronel Florencio Elá Bibang y Felipe Esono Ntumu, Pancho.

 

Nueve personas, entre ellas los juzgados in absentia, fueron condenadas a 30 años de cárcel por socavar la seguridad del Estado e intentar derrocar al gobierno. Otras 11, incluida una mujer, Florencia (o Florentina) Nchama Mba, fueron condenadas a 21 años de cárcel como encubridoras de estos mismos delitos. Francisco Mba Mendama, Efe Pulé (también condenado a 30 años por socavar la seguridad del Estado) y otros dos fueron condenados a 25 años de cárcel por traición. Una persona fue condenada a 12 años de cárcel.

 

Amnistía Internacional acoge con satisfacción el hecho de que el tribunal no impuso penas de muerte.

 

Sin embargo, a la organización le preocupa lo siguiente:

 

- No se tuvieron en cuenta ni se investigaron las denuncias de tortura formuladas durante el juicio.

 

- La mayoría de los acusados fueron detenidos en el distrito de Mongomo, este de Rio Muni (territorio continental) en octubre y noviembre de 2004, y desde entonces permanecieron recluidos en régimen de incomunicación en la cárcel de Bata. A Amnistía Internacional le preocupa que las declaraciones que, según los informes, consiguieron de ellos bajo tortura durante esta etapa de incomunicación se utilizaron como pruebas, violando con ello el derecho internacional.

 

Según los informes, todos los acusados menos dos afirmaron en el tribunal que los habían torturado bajo custodia, y algunos aún tenían señales visibles de tortura. Al parecer un hombre no pudo entrar ni salir del tribunal por su propio pie, pues no podía andar. Según los informes, una mujer sufre hemorragias vaginales a consecuencia de las torturas.

 

Amnistía Internacional pide que las denuncias de tortura se investiguen con carácter de urgencia de forma imparcial e independiente y que todos los presuntos implicados sean puestos a disposición judicial.

 

- El juicio no se ajustó a las normas internacionales sobre juicios justos. Al menos seis personas fueron juzgadas in absentia, contraviniendo las leyes guineanas y el derecho internacional. En ningún caso los abogados defensores recibieron el auto de procesamiento completo, sólo las declaraciones de sus clientes. Además, la petición de los defensores de contrainterrogar a los acusadores se rechazó. Los condenados no tienen derecho a recurrir la declaración de culpabilidad ni la pena impuesta.

 

- La seguridad de tres de los condenados in absentia corre grave peligro. A la organización le preocupa que el comandante de marina Juan Ondó Abaga, condenado a 30 años de cárcel, el ex teniente coronel Florencio Elá Bibang, y Felipe Esono Ntumu, Pancho hayan "desaparecido" de hecho. Al anunciar las sentencias el 20 de septiembre, la radio estatal guineana dijo que estaban fuera del país. Sin embargo, Amnistía Internacional tiene informes de que están en la prisión de Black Beach, en Malabo, desde que fueran secuestrados en Benín y Nigeria este mismo año.

 

Al parecer, el ex comandante de marina Juan Ondó Abaga, refugiado residente en Benín, fue secuestrado en este país por personal de seguridad ecuatoguineano en enero de 2005, y llevado a la prisión de Black Beach, donde, según los informes, ha sido torturado.

 

El ex teniente coronel Florencio Elá Bibang y Felipe Esono Ntumu, Pancho, huyeron de Guinea Ecuatorial en octubre de 2004. Ambos, junto con Antimo Edú, que no se sabe que haya sido juzgado, fueron detenidos en Lagos, Nigeria, a finales de abril de 2005, y recluidos en régimen de incomunicación, primero en las instalaciones de los Servicios de Información del ejército en Lagos, y luego en las de los Servicios de Seguridad del Estado en Abuja. Según los informes, desde allí fueron secuestrados el 3 de julio de 2005 por agentes de seguridad de Guinea Ecuatorial, al parecer con la connivencia de la seguridad nigeriana. Los informes indican que fueron brutalmente torturados en la prisión de Black Beach. También se sabe que Florencio Elá Bibang está gravemente enfermo de hepatitis C.

 

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Guinea Ecuatorial que hagan público inmediatamente el paradero de estas personas y les permitan recibir visitas de sus familiares y amigos, ver a sus abogados y ser atendidos por los médicos que elijan.

 

La organización pide también que se investigue de forma independiente e imparcial el secuestro en Nigeria de estas tres personas, y se juzgue a todos los presuntos implicados.

 

A Amnistía Internacional le preocupa que las autoridades nigerianas no hayan protegido del secuestro a estas personas, y les recuerda que están obligadas, en virtud de la Convención sobre los Refugiados, de 1969, de la Organización de la Unidad Africana (OUA), y del derecho internacional consuetudinario, a no devolver a nadie contra su voluntad a un país donde corra peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.

 

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Nigeria que lleven a cabo de inmediato una investigación imparcial sobre el secuestro de los tres hombres, pongan a los responsables a disposición judicial y ofrezcan una reparación plena a las víctimas.