Portugal se ha convertido en el noveno país en ratificar el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permitirá que las personas y grupos del país pidan justicia a la ONU si su gobierno viola estos derechos, que incluyen los relativos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, al saneamiento, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la educación.
La gran decisión del gobierno de Portugal ha sido muy bien recibida, pues demuestra un compromiso serio y pleno en materia de derechos humanos. Es muy oportuno que Portugal ocupe un puesto entre los diez primeros Estados en ratificar el Protocolo, ya que desempeñó un papel clave en el impulso de las negociaciones dentro de la ONU y presidió el grupo de trabajo encargado de redactar el Protocolo.
Los ocho Estados restantes adheridos hasta el momento al Protocolo son Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Eslovaquia y España. Resulta decepcionante la ausencia de países africanos y la presencia de tan solo uno asiático en la lista.
El Protocolo entrará en vigor a los tres meses de haber sido ratificado por 10 países, pero solo será legalmente vinculante en los Estados que se hayan adherido al mismo, lo cual significa que miles de millones de personas seguirán sin poder acogerse a él hasta que sus gobiernos se decidan a asumir sus responsabilidades.
