Madrid/Lugo.- Más de 200 socios y socias de Amnistía Internacional España se reunirán este fin de semana, 18 y 19 de abril, en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo con motivo de la 52ª Asamblea General de la organización. Durante estas jornadas se hará balance del trabajo desarrollado en el último año y se abordarán las líneas estratégicas que marcarán el próximo plan de acción.
En esta edición, se pondrá especial atención en las consecuencias en materia de derechos humanos que conllevan las prácticas autoritarias de Gobiernos que gozan de una impunidad cada vez mayor en diferentes lugares del mundo. Para ahondar en ello, Carolina Román, Responsable Internacional de Campañas de la organización intervendrá en uno de los espacios de la Asamblea; y Claudia López, hermana de la abogada y presa de conciencia salvadoreña Ruth López aportará, mediante su experiencia personal, un ejemplo del impacto que las prácticas autoritarias tienen en las personas que se oponen a ellas. También el activista y miembro de AI Venezuela, Yendri Velásques, compartirá su experiencia con los y las socias.
Además, los y las socias de Amnistía Internacional llevarán a cabo un acto de calle el sábado por la tarde para pedir la protección de la población civil en Oriente Medio, mediante una marcha que partirá desde el Cubo de Mosqueira y llegará hasta la plaza de Santa María. En el acto, se realizará una performance y se leerá un manifiesto centrado en cómo la población civil en Oriente Medio está viviendo una tragedia insoportable: Israel continúa con su genocidio en Gaza, sin que la comunidad internacional ponga remedio, ataca el sur de Líbano, y añade otro frente más atacando a Irán, junto a Estados Unidos, con nefastas consecuencias en toda la región. Cientos de civiles han muerto, incluidos menores, y decenas de escuelas, hospitales y hogares han quedado destrozados, provocando que miles de personas tengan que huir de sus casas.
"La violencia sigue golpeando a quienes no escogieron estas guerras. No estamos ante hechos inevitables, sino ante decisiones que vulneran las normas fundamentales del derecho internacional. Proteger a la población civil es una obligación. Atacar a civiles, bloquear la ayuda humanitaria o destruir infraestructuras esenciales no son daños colaterales: son crímenes de guerra", señalan en el manifiesto.
