Madrid/Ceuta.- Amnistía Internacional ha llevado a cabo una nueva investigación sobre terreno, en Ceuta, en la que documenta cómo las torturas y los malos tratos por parte de militares contra personas migrantes en la ciudad han continuado en las últimas semanas, a pesar de losanuncios del Ministerio de Defensa de abrir una investigación sobre lo sucedido, tras lasinformaciones publicadas por AI y algunos medios de comunicación, comoeldiario.es, entre otros.
La organización ha documentado palizas y agresiones frecuentes con puñetazos, patadas, golpes con porras e incluso uso de taser por parte de militares, generalmente regulares, a personas que se encontraban indefensas durmiendo en la calle, ocurridas después del 30 de septiembre (cuando publicó su primera investigación sobre estos hechos), y que han provocado fracturas de extremidades y también de órbitas, contusiones o poli contusiones, heridas erosivas, hematomas en la zona lumbar o brechas en la cabeza compatibles con golpes de porra -en zonas muy vulnerables en las que resulta peligroso golpear, entre otros. Estas agresiones ocurren de noche, en lugares donde duermen las personas migrantes, que son despertados a golpes.
Amnistía Internacional también ha documentado otras violaciones de derechos humanos anteriores al 30 de septiembre, entre las que se incluyen algunas de las más graves torturas y humillaciones llevadas a cabo por militares. Lamenta, además, desconocer la respuesta de las autoridades hasta el momento anteuncrimen de derecho internacional como la tortura pero que, en todo caso, de haberse dado, no ha impedido la comisión de nuevos actos de violencia contra personas migrantes en Ceuta.
Por último, también ha recabado algunos testimonios sobre malos tratos por parte de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil que también deben ser investigados.
“Tras el anuncio del Ministerio de Defensa de la apertura de una investigación, era de esperar que cesaran los malos tratos, pero no ha sido así: son persistentes, y muestran la impunidad con la que los perpetradores de violaciones de derechos humanos han actuado y, en algunas ocasiones, siguen actuando”.
“El personal militar involucrado en hechos de violencia no parece haber sido apartado de sus puestos, tal y como señalan algunos testimonios recabados por Amnistía Internacional, que reconocen a sus agresores y han contado cómo los amenazan para impedir que cuenten o denuncien las torturas sufridas”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Hemos hablado con personas migrantes que no logran dormir en toda la noche por miedo a que los militares les despierten a porrazos, puñetazos y patadas”, añade.
La organización ha vuelto a documentar, gráfica y audiovisualmente, accediendo a partes médicos y testimonios, cuerpos magullados de migrantes con lesiones que parecen compatibles con golpes de defensas rígidas -porras reglamentarias usadas por militares-, patadas a migrantes tendidos en el suelo, fracturas en extremidades (sobre todo piernas) y traumatismos en la cabeza que presentan heridas con puntos, que los migrantes refieren han sido causadas por agresiones de soldados durante el mes de octubre.
Sobre las tres de la madrugada del 24 de octubre, R*. padre de tres hijos, se despertó cuando dormía en la carretera de Sidi Embarek por el contacto directo de un arma taser en el pecho. Le dieron varias descargas que le dejaron tan aturdido que, al levantarse para escapar no se dio cuenta de que llevaba todavía mantas encima, se tropezó y se cayó de bruces. Todavía con marcas del golpe en la cara, explicó a Amnistía Internacional, asustado: "Me mareé, vomité y me desvanecí, pero nadie me llevó al hospital. Cuando volví a despertar me fui andando, pero no conté lo que había pasado por miedo a preocupar a mi familia".
El tunecino M., de 40 años, se encontraba a las siete de la mañana durmiendo en playa Benítez con otros tres chicos marroquíes cuando llegaron cuatro soldados y le dieron puñetazos en la cara, hasta hacerle un moratón que le ha quitado durante dos semanas la visión de un ojo. Contó a Amnistía Internacional que era la segunda vez que sufría abusos por parte de los militares. "La primera vez, cuando les vi venir, mis compañeros me dijeron que huyera, pero yo pensaba que no tenía nada que ocultar, así que me quedé. Un soldado rajó mi tienda y me robaron el móvil, la documentación, 50 euros, el tabaco y los teléfonos".
"Los militares me llevaron a un callejón sin salida y cuando se cercioraron de que nadie miraba me empezaron a pegar con porras, me daban patadas, puñetazos, y me rociaron con espray pimienta en los ojos y en la cara", recuerda H., de 27 años, que fue agredido el 5 de octubre por un grupo de seis u ocho militares en los alrededores del supermercado Mercadona. Recibió varios de esos golpes cuando estaba ya tirado en el suelo, donde le dejaron los militares después de la paliza siendo atendido por miembros de una organización no gubernamental y trasladado al hospital. “Desde entonces siento temor y procuro no estar cerca de ellos”, asegura, con miedo.
Menores golpeados: bofetadas por respuestas
Aunque las cifras podrían ser mayores, se estima que todavía, más de tres meses después de la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos, siguen durmiendo al menos 500 menores migrantes no acompañados en las calles de Ceuta. Aunque, según datos del gobierno de la ciudad de Ceuta 3.626 menores han sido ya registrados por las autoridades y sacados de la calles, cientos de menores continúan esperando un recurso de emergencia donde ser atendidos, en total desprotección, sin acceso a una alimentación adecuada, y expuestos a la violencia, tanto de miembros de las fuerzas militares y de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como de particulares.
Varios de los menores con los que se ha entrevistado la organización relatan abusos por parte de los militares, como porrazos, mientras duermen en la calle; también robos y rotura de móviles y otras pertenencias, incluida su propia documentación, así como amenazas de agresión, y humillaciones.
Z., de 17 años, fue agredido dos veces por parte de personal militar, el 18 y el 23 de octubre. Durante la primera agresión dormía entre coches en la zona de Los Rosales cuando aparecieron los militares por detrás, y le dieron en la cabeza con la porra. Salió corriendo y cuando se quiso dar cuenta estaba lleno de sangre. Consiguió llegar al hospital y le pusieron diez puntos en la cabeza, que le acababan de quitar cuando le entrevistó la organización. Durante la segunda agresión recibió golpes de porra en las piernas, mientras intentaba escapar de los militares, que le dijeron en dariya que se "fuera de aquí". “Ahora cuando los militares me ven cojeando pasan de mí”, explica, aunque se esconde para hablar con AI.
Todos los menores entrevistados temen que les roben sus escasas pertenencias. "El móvil es la única forma que tengo de hablar con mi madre, pero cuando les pregunté por qué me lo rompían dijeron que me callara o me rompían a mí también", lamenta M., de 15 años, que relata que a comienzos de septiembre los militares le dieron un rodillazo en la boca y le intentaron partir la pierna golpeándola en sentido contrario al movimiento de la articulación.
Los hermanos saharauis A. y H., de 17 y 16 años, también estaban durmiendo en la calle a principios de octubre, cuando llegó al lugar un grupo de unos 8 soldados. A. cuenta cómo le despertaron a patadas, lo cegaron con linternas y cuando les preguntó que por qué les pegaban la respuesta fueron varios bofetones en la cara, como se muestra en elvídeo publicado por eldiario.es. Tras esos bofetones, y pese a haberse alejado tal y como le ordenaban, recibió más golpes de porra. A. es una de las personas migrantes que indica reconocer a su agresor y relata cómo éste volvió a visitarle para amenazarle: “Me dijo: ‘¿Te acuerdas de mí? Te voy a pegar otra vez’. Sin saber todavía que existía le hablé de un vídeo grabado sobre su agresión y parece que (al militar) le entró algo de miedo”, indica.
Torturas previas al 30 de septiembre: “Nunca podré olvidar lo que me hicieron”
Además de 18 casos recientes de violación de derechos humanos a personas migrantes por parte de miltares, la organización ha documentado diez casos más, cuatro de ellos a menores, de torturas y trato cruel, inhumano o degradante, anteriores al anuncio de una investigación por parte del Ministerio de Defensa. De todos ellos, cuatro son casos muy graves que siguen un patrón similar al que la organización documentó en su primera visita a Ceuta, y que consiste en un secuestro y traslado en vehículo militar a zonas apartadas, la imposición de bridas para inmovilizar sus manos y tratos inhumanos que pueden constituir tortura.
M. es un joven de 20 años, que se ganaba la vida haciendo de mimo en las calles. Estaba por la zona de los Rosales cuando unos militares le subieron en un vehículo militar y le condujeron, durante aproximadamente quince minutos, a un lugar, cree, cercano a la zona del CETI. Allí, después de llamar a más efectivos, y rodeado de entre 16 y 17 soldados que se reían de él, le llevaron detrás de uno de los vehículos militares y le obligaron a quitarse toda la ropa, incluido los calzoncillos. Su cara seguía pintada de mimo cuando uno de ellos cogió un teléfono para grabarle y le ordenó que bailara. Como estaba en pánico y no podía hacerlo, empezaron a pegarle. Tras temer por su vida, bailó unos minutos, hasta que vio que su cuerpo no respondía más. Insistieron, le pegaron de nuevo y uno de ellos sacó un arma, la cargó y apuntándole con ella le espetó: "como no bailes te voy a enterrar aquí mismo". "Desde ese día no duermo, apenas salgo a la calle, y cuando lo hago tengo la sensación de que los militares me miran. Aquí me conoce todo el mundo por hacer de mimo. Aunque he denunciado, lo que me han hecho nunca lo voy a poder olvidar", relata.
A. fue llevado a un bosque, después de haber sido aprehendido en la zona de las naves. Junto con O., el caso que Amnistía Internacional denunció en la anterior investigación, fueron amordazados y maniatados, y transportados en el maletero de un coche militar. Al bajar, los amarraron a un árbol y les pegaron una brutal paliza con porras y puñetazos. Cuando los soltaron, todavía con bridas en los brazos, “no sabía si aquello era un sueño o la realidad. Me quedaba inconsciente y volvía a despertar”, relata. Tuvo que esperar hasta que amaneciera para poder saber cómo volver al centro y acudir al hospital. A. es uno de los pocos que se ha atrevido a denunciar su caso ante los tribunales: “Tengo esperanza en que la justicia española tome cartas sobre el asunto”, asegura, a pesar de que teme por su salud mental: “No consigo dormir hasta que está amaneciendo y en ese pequeño espacio de tiempo en que logro dormir me levanto sobresaltado, gritando. Tengo miedo de volver a Marruecos porque no sé si me voy a volver loco”.
B. compraba tabaco cuando vio aparecer a cuatro soldados, después llegaron más. Lo llevaron a unas escaleras apartadas de playa Benítez, vigiladas por un soldado a cada lado y ahí, maniatado con bridas, le empezaron a pegar: puñetazos en el ojo, patadas en las costillas, golpes en la cabeza con una carcasa de móvil metálica, pinchazos en la nuca con una navaja sin llegar a cortar la piel. Sacaron una pistola, la cargaron y le apuntaron en la cabeza, "te voy a pegar un tiro en la cabeza, te voy a enterrar y nadie va a saber dónde estás". Otro soldado le amenazó con que le iban a violar. También le apagaron cigarros en la piel.
N., de 22 años, iba con su primo hacia la zona Loma Colmenar para dormir, sobre las 22 horas del 11 de septiembre, cuando llegaron varios militares. Intentaron engañarles diciéndoles que les iban a ayudar pero, como no lo creyó, intentó huir y, al hacerlo, quedó suspendido de un puente de unos cuatro metros de altura. Un militar le golpeó los nudillos hasta que cayó del puente y se rompió un tobillo. Desde arriba, los militares se reían mientras le hacían fotos. Una persona le llevó al hospital en moto, tuvo que esperar en la calle durante tres horas hasta ser atendido, gritando y llorando por el dolor. Tras recibir asistencia de urgencia, le echaron sin darle muletas y sin medicación para el dolor; solo una enfermera, por propia iniciativa, le proporcionó tres analgésicos.
Malos tratos por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
La organización también ha documentado en esta nueva investigación siete casos de malos tratos por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algunos en el marco de operativos policiales para desalojar a migrantes de zonas donde duermen. Desde persecuciones con porrazos que provocan caídas desde muros de gran altura y rotura de móviles en la cabeza a, sobre todo, tratos degradantes a la hora de ir a denunciar o pedir filiación para poder entrar en un centro, en el caso de los menores.
Uno de los ejemplos es el caso de R. La organización lo encontró durmiendo en la calle con las dos piernas dañadas (una vendada y otra escayolada) y comiendo algunas viandas que algún vecino le había llevado, roto de dolor. Dormía en esa misma zona el pasado 24 de octubre cuando se despertó al ver la porra levantada de un policía a punto de pegarle. Para esquivar los porrazos saltó de un muro que era más alto de lo esperado. Al caer sintió que se había roto algo porque el dolor era insoportable. "Me pusieron contra la pared. Me decían que me pusiera de pie, pero yo decía que no podía, y me quedé tirado durante una hora más o menos". Al fin, le llevaron al hospital y allí le atendieron.
Criminalización de las organizaciones de ayuda a personas migrantes
Amnistía Internacional ha investigado también la actuación policial bajo orden judicial que tuvo lugar el pasado 22 de octubre en la sede de la organización no gubernamental No Name Kitchen (NNK) y se ha entrevistado con varios de sus miembros presentes en la misma y accedido a documentación pertinente. La organización ya denunció con anterioridad el hostigamiento contra NNK, a través de detenciones de activistas, la circulación de fotografías de los documentos de identidad de sus activistas por grupos de WhatsApp y redes sociales, y la atribución falsa de haber proporcionado espray pimienta a personas migrantes o el hecho ocurrido el 12 de septiembre, cuando su sede en Ceuta permaneció bloqueada por un vehículo militar, lo que dificultó el reparto de comida.
Amnistía Internacional considera que el registro de la sede de No Name Kitchen y el procedimiento penal por cargos de organización criminal no contiene, hasta ahora, bases sólidas de acusación y supone una escalada en el intento de acallar a quienes ayudan y proporcionan ayuda humanitaria a personas migrantes.
Para la organización resulta especialmente preocupante el posicionamiento adoptado por la Fiscalía en este caso, solicitando prisión provisional para dos activistas, que no forman parte de NNK. Una actuación de la Fiscalía de Ceuta que contrasta radicalmente con la falta de proactividad en la investigación de alegaciones de torturas y malos tratos por parte de personal militar.
"En los últimos añoshemos denunciado cómo en Europa se ha amenazado, difamado, intimidado, hostigado y castigado en los tribunales a personas que han prestado ayuda a población refugiada y migrante, simplemente por el hecho de ayudar a quienes lo necesitaban. Estamos empezando a ver, en Ceuta, una tendencia similar, y nos preocupa. Ya habíamos mostrado nuestra inquietud por el hecho de que miembros de las fuerzas de seguridad obstaculizaban, en algunos casos, la acción de ONGs al intentar repartir compresas y otros productos de higiene a las mujeres, como contó una activista de Brigadasde Apoyo Mutuo a AI. Miembros de otras organizaciones locales como Luna Blanca también fueron objeto de insultos y acoso, por particulares, por su labor humanitaria que consistía principalmente en proporcionar comida caliente a las personas migrantes”.
“Lo único que hacen estas organizaciones en Ceuta es proporcionar alimentos, atención médica y acompañamiento a personas muy vulnerables, la mayoría de las cuales están viviendo en la calle. Criminalizarles es impedir que trabajen y dejar aún más desamparados a quienes ya se encuentran en una situación precaria", declara Esteban Beltrán.
Peticiones de Amnistía Internacional
Por un lado, la organización considera que se debe ordenar a las fuerzas armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad el cese inmediato de todo ataque u hostigamiento contra personas migrantes, incluyendo palizas, humillaciones y vejaciones, así como las iniciativas de perfilamiento racial.
Además, en opinión de Amnistía Internacional, por sus características y medios de ejecución, tanto los malos tratos físicos como la humillación o ataques a la dignidad de las personas migrantes en Ceuta por parte de miembros de las fuerzas militares españolas pueden ser consideradas crímenes de derecho internacional derivándose un deber directo de investigación por parte de las autoridades competentes.
La organización se ha dirigido por carta a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Defensa, pidiendo órdenes expresas para el cese de la violencia contra migrantes en Ceuta, y solicitando información acerca de la investigación anunciada por el Ministerio de Defensa, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento. Tampoco conoce la organización las diligencias de oficio llevadas a cabo por parte de Fiscalía y juzgados de Ceuta sobre las violaciones de derechos humanos denunciadas por Amnistía Internacional y algunos medios de comunicación, como exigen los estándares internacionales. Por ello, insiste en que es fundamental que se lleve a cabo una investigación de manera pronta, imparcial, independiente y exhaustiva sobre las alegaciones de abusos contra personas migrantes, incluyendo los que pueden constituir actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, apartando, de forma cautelar, a los militares implicados en agresiones a migrantes, y determinando, de forma imparcial, las responsabilidades penales y disciplinarias correspondientes.
Tampoco se ha informado a la organización sobre la adopción de medidas que garanticen que las víctimas puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia y, en su caso, a una eventual reparación, teniendo en cuenta su situación de extrema vulnerabilidad.
En este sentido Amnistía Internacional ha recordado a la Fiscalía de Ceuta la obligación de cumplir con la Observación General número 3 de la Convención Contra la Tortura que incide especialmente en la necesaria protección a las víctimas que buscan justicia y que “debe protegerlas en todo momento, así como a sus familias y testigos de la intimidación y las represalias antes, durante y después de las actuaciones judiciales, administrativas o de otra índole…”.
Por ello AI, entre otras medidas,ha reclamado a la Fiscalía instar a la concesión de autorizaciones temporales de residencia a las personas que interpongan denuncias por la violencia sufrida por parte de militares, así como a quienes puedan ser presentadas al procedimiento como testigos y se encuentren en situación administrativa irregular.
Por último, y a la luz de los procedimientos judiciales abiertos a organizaciones como No Name Kitchen, AI considera que se debe cerrar la investigación por organización criminal, e insiste en que se debe garantizar que periodistas, personal de organizaciones humanitarias y activistas de derechos humanos puedan ejercer su labor en Ceuta sin ser objeto de agresiones, amenazas ni obstáculos.
Más información
En estos enlaces podrás encontrar vídeos con los testimonios de los que se habla en el comunicado, así como algún caso más no mencionado en el mismo. También encontrarás imágenes en bruto de los golpes documentados. Esta denuncia es solo una parte de las investigaciones que está llevando a cabo Amnistía Internacional en Ceuta, que mantiene preocupaciones sobre las condiciones de acogida, especialmente de los y las menores migrantes, así como los procedimientos de triaje, protección internacional, devolución y retorno de personas extranjeras, y sobre la falta de cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en materia de derecho de asilo, tutela judicial efectiva y principio de no devolución de personas a un país donde corran riesgos de sufrir vulneraciones de derechos humanos
En total, desde el 30 de julio, Amnistía Internacional ha documentado 50 casos de torturas, malos tratos y trato cruel, inhumano o degradante por parte de militares, en la mayoría de los casos, pero también de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como Policía Nacional o Guardia Civil. Amnistía Internacional ha visitado dos veces Ceuta para recabar información sobre violaciones de derechos humanos: entre el 10 y el 15 de septiembre y el 23 y 26 de octubre.
Queremos agradecer la labor de organizaciones sobre terreno, como No Name Kitchen y Border Resistance y su colaboración con Amnistía Internacional, y los valientes testimonios de personas migrantes maltratadas.
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*Nombres anonimizados para proteger la identidad de las personas.
