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Las autoridades ejecutan en secreto y hacen caso omiso de las peticiones de reforma

Activistas de Amnistía Internacional Japón en un acto contro la pena de muerte. © Amnesty International

La ejecución de dos hombres en Japón el viernes representa una burla a los crecientes llamamientos que se están haciendo en el país para que se ponga fin al uso de la pena capital, ha manifestado Amnistía Internacional.

Mitsuhiro Kobayashi, de 56 años, y Tsutomu Takamizawa, de 59, fueron ahorcados el viernes de madrugada, el primero en un centro de detención de Sendai y el segundo, en  uno de Tokio. Ambos habían sido declarados culpables de asesinato.

“Es espeluznante que las autoridades japonesas sigan mandando gente a la horca a pesar de estar tan seriamente cuestionado en el país el uso de la pena de muerte”, ha señalado Hiroka Shoji, investigadora de Amnistía Internacional sobre el este de Asia.

La falta de salvaguardias jurídicas adecuadas para quienes se enfrentan a la pena de muerte en Japón ha sido muy criticada. Se manifiesta, por ejemplo, en la negación a los acusados de la debida asistencia letrada desde el momento de su detención, la falta de un proceso obligatorio de apelación en los casos de pena de muerte y la reclusión prolongada en régimen de aislamiento.  

Se sabe que han sido ejecutados también o continúan condenados a muerte varios presos con enfermedades mentales.

“Este homicidio cometido con el beneplácito del Estado es la forma más extrema de pena cruel e inhumana. El gobierno debe suspender todas la ejecuciones pendientes como primer paso para la abolición de la pena capital”, ha añadido Hiroka Shoji.

Con estas dos últimas son ya tres las ejecuciones llevadas a cabo en Japón en 2014. Desde la formación del gobierno del primer ministro Abe en diciembre de 2012 han sido ahorcadas 11 personas y hay en total 127 condenados a muerte.  

“El gobierno del primer ministro Abe está haciendo caso omiso de los derechos humanos –ha afirmado Hiroka Shoji–. Los últimos dos años se han caracterizado por la adopción de una serie de medidas regresivas, entre las que figura la negativa a atender los llamamientos de los órganos de la ONU a abordar las violaciones de derechos humanos.”  

Se pusieron  de relieve graves fallos del uso de la pena de muerte en Japón en marzo, cuando un tribunal ordenó dejar en libertad provisional a Hakamada Iwao, quien llevaba más de 40 años condenado a muerte tras haber sido sometido a un juicio injusto.  

El fiscal había apelado contra la decisión de conceder a Hakamada un nuevo juicio, a pesar de que el tribunal afirmaba que era probable que la policía hubiera presentado prueba falsas.  

Las ejecuciones están envueltas en el secreto en Japón, donde es habitual advertir a los condenados sólo unas horas antes o, en algunos casos, no notificárselo en absoluto. A las familias se les suele informar de la ejecución una vez llevada a cabo.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza o las circunstancias del delito; la culpabilidad, inocencia u otras características del condenado, o el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena capital constituye una violación del derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.