El fallo condenatorio dictado contra 23 agentes de policía brasileños por matar a reclusos en una masacre penitenciaria perpetrada hace dos decenios es un paso “vital” hacia la justicia.
Los agentes fueron condenados ayer a 156 años de cárcel cada uno por su participación en la matanza de 13 reclusos durante un sangriento motín desatado en la prisión de Carandirú, en São Paulo, en 1992, en el que murieron más de un centenar de internos.
“Las víctimas, sus familias y los sobrevivientes de este brutal e impactante crimen llevan 20 años esperando a que se haga justicia”, ha señalado Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil.
“Aunque llegue con tanto retraso, es de esperar que este fallo trascendental dé impulso a un proceso dirigido a llevar ante la justicia a todos los responsables de esas muertes, incluidas las personas que estaban al mando”.
El de Carandirú se ha convertido en un caso representativo de los defectos del sistema de justicia penal de São Paulo y de su incapacidad para hacer frente a las violaciones de derechos humanos. Las autoridades no han investigado el papel representado por altos cargos del gobierno estatal y, por otra parte, en 2006 se anuló la sentencia condenatoria dictada contra el oficial al mando de la operación militar, coronel Ubiratan Guimarães, decisión que fue motivo de controversia.
Está previsto que en los próximos meses varias decenas más de agentes de policía sean juzgados en relación con el caso de Carandirú, pero no que comparezca ningún alto cargo público para rendir cuentas.
Los abogados de los agentes de policía que han sido declarados culpables han afirmado que van a recurrir los fallos de este fin de semana.
Antecedentes
El 2 de octubre de 1992 se enviaron tropas de choque de la policía militar a Carandirú cuando una pelea entre los reclusos que habían tomado el control del Bloque 9 de la prisión desembocó en un motín.A los pocos días de la matanza, una delegación de Amnistía Internacional visitó la prisión para reunir pruebas, que se utilizaron para elaborar un documento excepcional sobre lo ocurrido en cada una de las celdas del Bloque 9.
La delegación pudo, además, evaluar pruebas periciales y documentar el manejo inadecuado de las pruebas de balística, equivalente a un intento de encubrimiento por parte de funcionarios.
En su informe, titulado Brasil: "Ha llegado la muerte", Amnistía Internacional concluyó que el gobernador y el secretario para la Seguridad Pública de São Paulo habían hecho dejación de sus obligaciones al entregar el control absoluto del centro penitenciario a la policía militar y que, por tanto, también eran responsables de lo ocurrido.
