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La pena de muerte impuesta a 152 amotinados es una injusticia más

Uno de los miembros del cuerpo de Fusileros de Bangladesh reacciona contra la pena de muerte a las afueras de la corte que juzga el caso en Dhaka. © MUNIR UZ ZAMAN/AFP/Getty Images

Las condenas a muerte impuestas hoy por un tribunal de Bangladesh a 152 personas que participaron en un motín en 2009 son una perversión de la justicia, ha declarado Amnistía Internacional.

“No se ha hecho justicia con la sentencia de hoy que, de ejecutarse, sólo causará 152 violaciones de derechos humanos más”, afirmó Polly Truscott, directora adjunta del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

Los condenados son algunos de los cientos de miembros del cuerpo de Fusileros de Bangladesh que han sido declarados culpables de homicidios ilegítimos, toma de rehenes y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante el motín de febrero de 2009. Amnistía Internacional condenó anteriormente la violencia y pedido que los responsables fueran juzgados en juicios justos.

“No hay duda de que el motín de 2009 fue una serie brutal de sucesos que se saldó con decenas de muertes y una población traumatizada. Es comprensible que las autoridades de Bangladesh deseen dar por zanjado este episodio, pero recurrir a la pena de muerte sólo agrava el sufrimiento”, añadió Truscott.

Con estas condenas, Bangladesh ha desaprovechado una oportunidad para reforzar la confianza en el Estado de derecho garantizando que los tribunales civiles imparten justicia. Por el contrario, las condenas parecen concebidas para satisfacer un deseo de cruel venganza. La pena de muerte es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia, y no se ha demostrado que tenga un efecto disuasorio en la delincuencia.”

El 25 de febrero de 2009, apenas dos meses después de que tomara posesión un gobierno recién elegido, estalló un motín en gran escala en el cuartel general de los Fusileros de Bangladesh de la capital, Dacca.

El motín se extendió rápidamente a los cuarteles de los Fusileros de todo el país y los amotinados presuntamente mataron al menos a 74 personas, entre ellas seis civiles y 57 oficiales del ejército, un soldado y nueve jawans (rango inferior de los Fusileros). El gobierno necesitó 33 horas para negociar el final del motín.

Miles de miembros de los Fusileros de Bangladesh fueron detenidos por su supuesto papel en el motín. En 2009, Amnistía Internacional recogió testimonios de familiares de detenidos acusados de participar en la rebelión, así como de las autoridades.

Decenas —y posiblemente cientos— de personas fueron sometidas a tortura y a algunas se les negó la asistencia de un abogado durante semanas o meses. Amnistía Internacional documentó algunos de los métodos de tortura descritos por fusileros detenidos, como la privación de sueño durante varios días seguidos, palizas, el uso de pinzas para aplastar los testículos, la inserción de agujas bajo las uñas y las descargas eléctricas.

El uso generalizado de la tortura pudo haber contribuido a la muerte de decenas de fusileros detenidos.

Tras el motín, el cuerpo de Fusileros de Bangladesh fue rebautizado como Guardias de Fronteras de Bangladesh.

“Aunque Bangladesh tiene sin duda la obligación de garantizar que las numerosas víctimas de estos terribles abusos y sus familias reciben justicia, la pena de muerte es el castigo cruel e inhumano por excelencia. Bangladesh debe establecer una moratoria de todas las ejecuciones como primer paso para la abolición de la pena capital”, concluyó Truscott.

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