Las autoridades iraníes han ejecutado a más de 1.000 personas en lo que va de 2025, la cifra más alta de ejecuciones anuales en Irán que la organización ha registrado en al menos los últimos 15 años, según Amnistía Internacional. La organización insta a las autoridades iraníes a que establezcan una moratoria inmediata de las ejecuciones como primer paso, y hace un llamamiento urgente a otros Estados para que intervengan de inmediato y presionen a las autoridades iraníes, para que suspendan todas las ejecuciones previstas.
El número de personas ejecutadas por las autoridades iraníes en los nueve meses que van de año ya ha superado la sombría cifra total de 972 ejecuciones del año pasado.
Desde las protestas Mujer, Vida, Libertad de 2022, las autoridades iraníes han aumentado el uso de la pena de muerte como herramienta de represión estatal y para aplastar la disidencia, en un contexto de alza continua de las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas. Tras la escalada de hostilidades entre Israel e Irán en junio de 2025 a raíz de los ataques militares israelíes contra Irán, las autoridades también han intensificado el uso de la pena de muerte so pretexto de la seguridad nacional.
“La escalada continua de ejecuciones en Irán ha alcanzado proporciones aterradoras, ya que las autoridades iraníes siguen utilizando sistemáticamente la pena de muerte como herramienta de represión y para sofocar la disidencia, en lo que constituye un ataque escalofriante al derecho a la vida”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.”
“La pena de muerte es abominable en todas las circunstancias, y aplicarla a gran escala tras juicios que de manera sistemática son manifiestamente injustos agrava aún más la injusticia. Entre las personas objeto de estos ataques completamente impunes figuran disidentes políticos, miembros de minorías étnicas oprimidas, manifestantes y personas condenadas a muerte por delitos de drogas.”
“La comunidad internacional debe tomar medidas firmes y urgentes para presionar a las autoridades iraníes a que suspendan de inmediato todas las ejecuciones programadas, anulen todas las condenas a muerte e impongan una moratoria oficial sobre todas las ejecuciones con miras a la abolición total de la pena de muerte. Dada la impunidad sistemática de las ejecuciones arbitrarias, los Estados también deben buscar vías eficaces para hacer rendir cuentas a las autoridades iraníes, entre otras cosas ejerciendo la jurisdicción universal sobre toda autoridad de la que se sospeche razonablemente que es penalmente responsable de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de los derechos humanos.”
Entre las personas en situación de riesgo se encuentran las que están condenadas a muerte por delitos relacionados con las drogas o por cargos excesivamente amplios y vagamente definidos, como “enemistad contra Dios” (moharebeh), “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) y “rebelión armada contra el Estado” (baghi), tras juicios manifiestamente injustos ante los tribunales revolucionarios.
Las investigaciones de Amnistía Internacional han demostrado sistemáticamente que los tribunales revolucionarios, que ejercen jurisdicción sobre delitos relacionados con la seguridad nacional y las drogas, carecen de independencia e imponen condenas severas, incluida la pena de muerte, tras juicios manifiestamente injustos, y que a las personas juzgadas ante dichos tribunales se les niega sistemáticamente su derecho a un juicio justo. El 17 de septiembre de 2025, las autoridades iraníes ejecutaron arbitrariamente a Babak Shahbazi, quien había sido condenado a muerte por un tribunal revolucionario en mayo de 2025 tras un juicio manifiestamente injusto en el que las autoridades nunca investigaron sus denuncias de tortura y otros malos tratos.
La aplicación de la pena de muerte ha tenido un impacto desproporcionado sobre las minorías marginadas, especialmente las pertenecientes a las comunidades afgana, baluchi y kurda. Al menos dos mujeres kurdas, la trabajadora humanitaria Pakhshan Azizi y la disidente Verisheh Moradi, están condenadas a muerte y corren el riesgo de ser ejecutadas.
La población afgana residente en Irán también se ha visto muy afectada por el aumento. El número de personas afganas ejecutadas por las autoridades iraníes se triplicó con creces, pasando de 25 en 2023 a 80 en 2024. Esta tendencia alarmante coincide con una proliferación de los discursos racistas y xenófobos por parte de las autoridades iraníes —que en 2025 continúa— y se produce en medio de una oleada sin precedentes de expulsiones masivas forzadas de personas de nacionalidad afgana que afecta incluso a las nacidas en Irán que llevan décadas residiendo en el país.
El aumento sostenido del número de ejecuciones por delitos relacionados con las drogas que se viene produciendo desde 2021 ha continuado este año, lo que supone una violación del derecho y las normas internacionales, que prohíben estrictamente el uso de la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas.
Desde que comenzó la escalada de las hostilidades entre Israel e Irán, altos cargos públicos iraníes como Gholamhossein Mohseni Eje’i, presidente de la Magistratura, han pedido la aceleración de los juicios y ejecuciones por “apoyar” a Estados hostiles, incluido Israel, o “colaborar” con ellos. En este contexto de llamamientos preocupantes por partes de las autoridades, el Parlamento iraní también aprobó una ley que, de ser ratificada por el Consejo de Guardianes, ampliaría el uso de la pena de muerte, haciéndolo extensivo incluso a delitos relacionados con la seguridad nacional formulados de manera imprecisa, como “cooperación con gobiernos hostiles” y “espionaje”.
Desde el 13 de junio de 2025, al menos diez hombres han sido ejecutados por cargos de motivación política, ocho de los cuales habían sido acusados de espiar para Israel. Amnistía Internacional ha documentado decenas de personas más en riesgo de ejecución por cargos similares de motivación política, entre ellas el académico sueco-iraní Ahmadreza Djalali y la defensora de los derechos de las mujeres y los trabajadores Sharifeh Mohammadi, cuya sentencia condenatoria y pena de muerte fueron confirmadas por la Sección 39 del Tribunal Supremo en agosto de 2025. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el máximo exponente de pena cruel, inhumana y degradante.
