Según datos del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán y Amnistía Internacional, las autoridades iraníes se han embarcado en una campaña de ejecuciones, que se ha cobrado la vida de, al menos, 251 personas entre el 1 de enero y el 30 de junio del año en curso. Ambas organizaciones han advertido que, de continuar las ejecuciones a este espeluznante ritmo, pronto sobrepasarán el total de 314 registradas durante todo el año 2021.
La mayoría (146) de las personas ejecutadas en 2022 habían sido declaradas culpables de asesinato, aunque, tal y como está ampliamente documentado, las ejecuciones se llevan a cabo, de manera sistemática, tras juicios manifiestamente injustos. Otras 86, como mínimo, fueron ejecutadas por delitos de drogas que, de conformidad con el derecho internacional, no se deben castigar con la muerte. El 23 de julio, en la provincia de Fars, las autoridades ejecutaron en público a un hombre, tras dos años de suspensión de las ejecuciones públicas durante la pandemia.
“Durante los seis primeros meses de 2022, las autoridades iraníes ejecutaron, al menos, a una persona al día por término medio. La maquinaria del Estado está perpetrando homicidios a escala masiva en todo el país, en lo que puede definirse como un atroz ataque contra el derecho a la vida. La impactante cifra de ejecuciones de Irán durante la primera mitad de este año hace pensar, con pavor, en el año 2015, cuando se produjo otro alarmante repunte de las ejecuciones”, afirma Diana Eltahawy, directora regional adjunta para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.
“Este nuevo aluvión de ejecuciones, incluso en público, demuestra una vez más hasta dónde llega la falta de sintonía de Irán con el resto del mundo, ahora que 144 países han rechazado ya la pena de muerte por ley o en la práctica. Las autoridades iraníes deben establecer de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con miras a la abolición definitiva de la pena capital”, afirma Roya Boroumand, directora ejecutiva de la organización iraní de derechos humanos Centro Abdorrahman Boroumand.
Las cifras recopiladas por el Centro Abdorrahman Boroumand y Amnistía Internacional proceden de diversas fuentes, entre ellas personas presas, familiares de personas ejecutadas, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, además de noticias de los medios de comunicación estatales y de medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos independientes.
Probablemente la cifra real sea superior, dado el secretismo que envuelve el número de condenas a muerte que las autoridades imponen y llevan a cabo.
Ejecuciones masivas en las prisiones
La información recopilada revela que, desde principios de 2022, las autoridades vienen consumando ejecuciones de manera habitual en todo Irán.
El pasado 15 de junio, las autoridades de la prisión de Rajai Shahr (provincia de Alborz) ejecutaron, al menos, a 12 personas. Poco antes, el 6 de junio, había habido otra ejecución masiva de, como mínimo, 12 personas más en la prisión de Zahedan (provincia de Sistán y Baluchistán) .
El 14 de mayo, las autoridades ejecutaron a nueve personas: tres en la prisión de Zahedan, una en la prisión de Vakilabad (provincia de Jorasán Razaví), cuatro en la prisión de Adelabad (provincia de Fars) y una en la prisión de Dastgerd (provincia de Isfahán).
Según una fuente informada entrevistada por Amnistía Internacional el pasado mes de junio, desde principios de 2022, las autoridades de la prisión de Rajai Shahr —una de las que albergan más personas condenadas a muerte— vienen ejecutando a cinco personas por semana por término medio, y algunas semanas ha habido hasta 10 ejecuciones. La cifra concuerda con las cartas públicas escritas por separado, a lo largo de los últimos meses, por los defensores de derechos humanos Saeed Eghabli y Farhad Meysami, ambos injustamente recluidos en la prisión de Rajai Shahr. En ellas, el primero ha mencionado ejecuciones semanales de hasta 10 personas en la prisión de Rajai Shahr, mientras que el segundo ha advertido de que el número total de ejecuciones podría superar las 200 al terminar el año 2022.
La referida fuente informada afirmó también que el fiscal asociado (dadyar) de la prisión de Rajai Shahr había comunicado recientemente a los presos que la Oficina de Aplicación de Condenas había escrito a las familias de unas 530 víctimas de asesinato para pedirles que decidan, antes de finales de marzo de 2023, si perdonar o promover la ejecución de las personas condenadas por el asesinato de sus familiares.
Esa misma fuente explicó, además, que, durante los últimos meses, las reiteradas declaraciones del presidente de la Magistratura, Gholamhossein Mohseni Ejei. y de otras altas instancias judiciales sobre la necesidad de abordar la masificación de las prisiones habían suscitado el temor generalizado, entre la población reclusa, de que el aumento de las ejecuciones estuviera relacionado con las iniciativas oficiales destinadas a reducir el número de personas presas. Estos temores se ven avalados por los datos del Centro Abdorrahman Boroumand, que en el pasado ha observado pautas según las cuales los repuntes de ejecuciones parecen coincidir con los periodos en que las autoridades formulan declaraciones reiteradas sobre su deseo de abordar la acumulación de casos atrasados y de reducir la masificación.
Renovado aluvión de ejecuciones por delitos de drogas
La ejecución de, al menos, 86 personas por delitos de drogas en los seis primeros meses de 2022 hace retrotraerse a las nefastas prácticas antidrogas de los años comprendidos entre 2010 y 2017, en los que la mayoría de las ejecuciones registradas fueron por delitos de drogas.
En noviembre de 2017, en vista de la intensa presión internacional —incluido el cese de la facilitación de fondos, por parte de algunos países europeos para operaciones antidrogas de las fuerzas policiales iraníes— las autoridades acometieron reformas legales a fin de eliminar la pena de muerte para determinados delitos de drogas.
En 2018 y 2020, las autoridades redujeron considerablemente las ejecuciones por delitos de drogas. Sin embargo, en 2021, al menos 132 personas fueron ejecutadas por este tipo de delitos, es decir, el 42% del total registrado, y más de cinco veces la cifra correspondiente de 2020 (23).
La comunidad internacional —incluidas la UE y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito— debe tomar con urgencia medidas de alto nivel para pedir a las autoridades iraníes que erradiquen la pena capital como castigo para todos los delitos de drogas. Asimismo, si colabora en iniciativas contra el tráfico de drogas, la comunidad internacional debe cerciorarse de no contribuir con ello, ni directa ni indirectamente, a la privación arbitraria del derecho a la vida, rasgo definitorio de las operaciones antidrogas iraníes.
La minoría baluchi, desproporcionadamente afectada
Al menos 65 (el 26%) de las ejecuciones registradas durante el año 2022 corresponden a personas de la empobrecida minoría étnica baluchi, que constituye apenas alrededor del 5% de la población de Irán. De éstas, más de la mitad (38) fueron por delitos de drogas.
“El empleo desproporcionado de la pena capital contra la minoría baluchi iraní pone en evidencia la arraigada discriminación y represión que ésta lleva sufriendo desde hace decenios, y resalta la crueldad inherente a la pena de muerte, que se ceba con la población más vulnerable, tanto en Irán como en cualquier otro lugar del mundo”, afirmad Roya Boroumand.
Tanto el Centro Abdorrahman Boroumand como Amnistía Internacional se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado para matarla. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
Información complementaria
En Irán, el número de ejecuciones del año 2021 fue el más elevado desde 2017. Este incremento comenzó en septiembre de 2021, cuando el presidente de la Magistratura, Ebrahim Raisi, asumió la presidencia de la República y el líder supremo designó como nuevo presidente de la Magistratura a, Gholamhossein Mohseni Ejei, exministro de Inteligencia.
Las autoridades iraníes consumaron una ejecución pública en 2022, ninguna en 2021, una en 2020, 13 en 2019 y 13 en 2018. Según los anuncios oficiales, a principios de 2022 fueron condenadas a ejecución pública, al menos, dos personas más en la provincia de Isfahán y una en la provincia de Lorestán.
En Irán se impone la pena capital tras juicios sistemáticamente injustos, en los que, de manera habitual, se admiten como prueba “confesiones” extraídas mediante tortura. El relator especial de la ONU sobre Irán ha afirmado que “dadas las arraigadas deficiencias legales [...] casi todas —si no todas— las ejecuciones son privaciones arbitrarias de la vida”.
De conformidad con la legislación iraní, la pena de muerte se aplica a numerosos delitos, incluidos delitos económicos, violaciones y robos a mano armada. También se pueden castigar con la muerte actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, las relaciones sexuales extramatrimoniales y las expresiones consideradas “insultantes para el profeta del Islam”, además de otros delitos definidos de manera imprecisa, como los de “enemistad con Dios” y “propagación de la corrupción en la Tierra”.
