“Las autoridades iraníes están usando el pretexto de lo que llaman ‘condiciones de guerra’ para intensificar su represión de la disidencia mediante detenciones arbitrarias masivas, la aceleración de actuaciones judiciales manifiestamente injustas, ejecuciones de motivación política, duras condenas de prisión y confiscaciones de bienes”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Desde el ataque militar ilegal lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, las autoridades iraníes han detenido arbitrariamente a más de 6.000 personas entre manifestantes, periodistas, profesionales de la abogacía, defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes y miembros de minorías étnicas y religiosas. Altos cargos judiciales han ordenado procedimientos acelerados contra las personas detenidas, incluso por cargos que conllevan la pena capital, en medio de la preocupación generalizada por las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos, así como por el uso de “confesiones” forzadas en juicios farsa manifiestamente injustos. Durante el mismo periodo, las autoridades han impuesto penas de prisión de decenas de años y han llevado a cabo al menos 39 ejecuciones políticas.
Las autoridades sometieron a un aislamiento sistemático a más de 90 millones de personas, violando así su derecho a la libertad de información, con el cierre de Internet más prolongado y asfixiante del que se tiene noticia —de 88 días de duración—, al tiempo que criminalizaban la actividad online calificándola de “espionaje”, punible con la pena de muerte. Internet se restableció con restricciones el 26 de mayo de 2026.
“Las autoridades iraníes están aprovechando la crisis para erosionar aún más los derechos humanos de la población en Irán, que ya está sufriendo las consecuencias devastadoras de los ataques aéreos ilegales de las fuerzas de Estados Unidos e Israel, así como de décadas de crímenes de derecho internacional a manos de la República Islámica”, ha declarado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.
“Para mantener su control del poder, las autoridades han desencadenado un ataque en toda regla contra la población en Irán, dirigido contra cualquier persona que se atreva a criticar la República Islámica, compartir con el mundo exterior información sobre los ataques aéreos estadounidenses o israelíes o las violaciones de derechos humanos, o simplemente tratar de eludir lo que se ha convertido en el cierre de Internet más prolongado del que se tiene constancia para comunicarse con sus seres queridos o acceder a información independiente”.
“Las autoridades iraníes deben levantar todas las restricciones restantes al acceso a Internet y dejar de imponer su cierre a la población iraní. Además, deben poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, proteger de la tortura y otros malos tratos a todas las que están privadas de libertad, revelar la suerte y el paradero de las que son víctimas de desaparición forzada, y poner fin de inmediato a todas las ejecuciones con vistas a establecer una moratoria oficial de la pena de muerte”.
Las autoridades también han amenazado abiertamente con nuevos homicidios masivos de quienes expresen disidencia o defiendan la caída del sistema de la República Islámica, y han calificado a quienes las critican de “traidores” y “colaboradores del enemigo”.
El cierre de Internet impuesto por las autoridades desde el 28 de febrero de 2026 dificultó gravemente la documentación pormenorizada de las violaciones de derechos humanos. Para este comunicado de prensa, Amnistía Internacional habló con 10 fuentes informadas fuera de Irán entre familiares de víctimas, defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas con información sobre violaciones. La organización también ha analizado vídeos publicados en Internet, ha estudiado mensajes de texto oficiales enviados por las autoridades, ha examinado declaraciones oficiales e informaciones de medios de comunicación estatales, y ha revisado informaciones de medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos con sede fuera de Irán.
Criminalización del uso de Internet
La represión generalizada se ha llevado a cabo en medio de un cierre sin precedentes en todo el país del acceso al Internet global que duró 88 días.
El 25 de mayo de 2026, el presidente Masoud Pezeshkian ordenó al Ministerio de Información y Tecnología de las Comunicaciones que restableciera el acceso al Internet global. Este acceso comenzó a restablecerse al día siguiente, en medio de informaciones sobre restricciones aún vigentes al acceso a aplicaciones de redes sociales y sistemas de filtrado. Aún no está claro si se mantendrá la conectividad de Internet en un contexto de anuncios contradictorios de organismos oficiales, como el centro de medios de comunicación del poder judicial, que parecen cuestionar la legalidad de la orden presidencial que restablece Internet. Además, siguen preocupando la censura, la vigilancia y el procesamiento de personas que tratan de eludir las restricciones con el uso de redes virtuales privadas (VPN).
El bloqueo de Internet sirvió de pilar central de la estrategia de represión de las autoridades al crear condiciones en las que se pueden cometer crímenes generalizados de derecho internacional con impunidad.
Las autoridades introdujeron un sistema discriminatorio de acceso a Internet por niveles que permitía solo a un pequeño número de personas usuarias aprobadas previamente —como las vinculadas a instituciones del Estado y algunos sectores profesionales aprobados— acceder a un Internet global menos restringido mediante servicios de “Internet Pro” al mismo tiempo que negaban a la población en general el acceso a Internet y la conexión entre sí y el mundo exterior. Dado que el acceso a través de Internet Pro estaba ligado a tarjetas SIM registradas de las personas usuarias y a sistemas de verificación de identidad, a muchas les preocupaba que no fuera seguro frente a la vigilancia estatal.
Las autoridades han criminalizado activamente los intentos de la población de acceder a Internet.
La fuerza policial de Irán, conocida por su acrónimo FARAJA, el Ministerio de Inteligencia y la Guardia Revolucionaria Islámica emitieron advertencias directas a la población a través de mensajes de texto, presentando las actividades ordinarias en Internet como un asunto de seguridad nacional y amenazando a quienes accedieran al Internet global mediante VPN o conexiones por élite con la detención, el enjuiciamiento, la confiscación de bienes y otros castigos establecidos en la Ley sobre Espionaje, que prevé la pena de muerte.
Los mensajes de texto que ha leído Amnistía Internacional indican que las autoridades han enviado mensajes coercitivos a personas, identificadas mediante su actividad digital, que eluden las restricciones de Internet. Estos mensajes acusaban expresamente a las personas destinatarias de delinquir, haciendo referencia a direcciones IP, VPN o al uso de Internet vía élite, y amenazaban con medidas como el bloqueo de servicios de teléfono móvil y tarjetas SIM, y la remisión del caso a las autoridades judiciales, al mismo tiempo que advertían de que cualquier presunta relación con “Estados hostiles” o el “régimen sionista” daría lugar al enjuiciamiento en aplicación de la Ley sobre Espionaje.
Uno de estos mensajes enviados por la FARAJA y examinado por Amnistía Internacional advertía a la persona de que, si seguía accediendo a Internet, bloquearían su línea. Sendos mensajes a otras dos personas advertían de que su uso “no autorizado” e “ilegal” de Internet mediante VPN y proxis “es un delito” y que iban a bloquear todos sus servicios de comunicación. Los tres mensajes amenazaban con la remisión del caso a las autoridades judiciales, lo que conllevaría un enjuiciamiento penal en el que se podrían imponer duras condenas de prisión o la pena de muerte.
Amnistía Internacional examinó otros ocho mensajes de texto enviados por las autoridades en los que se advertía de que fotografiar zonas dañadas en ataques aéreos y compartir ese tipo de contenido con medios de comunicación o plataformas de Internet se consideraría “colaborar con el enemigo” y conllevaría consecuencias legales. Los mensajes también instaban a las personas a delatarse unas a otras en caso de “actividad sospechosa”.
Las autoridades han presentado el uso de tecnologías alternativas de Internet que tratan de eludir el cierre de Internet, especialmente los sistemas de élite Starlink, como una forma de espionaje o de “colaboración con Estados hostiles”. En una declaración del 17 de marzo de 2026, el Ministerio de Inteligencia anunció que se habían incautado “cientos” de dispositivos Starlink y advertió de que adquirir o usar este tipo de sistemas era un delito punible con la muerte.
Según medios de comunicación afines al Estado del interior de Irán, el prolongado cierre de Internet ha destrozado medios de subsistencia en todo el país, hundiendo pequeños negocios y acabando con los ingresos de millones de personas que dependen de la conectividad digital.
Detenciones arbitrarias masivas, enjuiciamientos y bloqueo de activos
Las autoridades han detenido arbitrariamente en todo el país a miles de personas, algunas de ellas menores, so pretexto de la seguridad nacional e incluso por actos pacíficos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
El 17 de mayo de 2026, el jefe de la policía de Irán, Ahmadreza Radan, anunció que habían sido detenidos más de 6.500 “traidores y espías” desde el 28 de febrero de 2026. Según las autoridades iraníes y los medios de comunicación estatales, se han practicado arrestos masivos en provincias de todo el país, incluidas las de Alborz, Ardebil, Isfahán, Fars, Gilan, Golestán, Hamedán, Ilam, Kermán, Juzestán, Lorestán, Markazi, Jorasán del Norte, Qazvin, Qom, Semnán, Teherán, Azerbaiyán Occidental y Yazd.
Las autoridades y los medios de comunicación estatales desacreditan sistemáticamente a las personas detenidas etiquetándolas de “traidoras”, “terroristas”, “mercenarias”, “grupos contrarrevolucionarios”, “agentes de potencias extranjeras” y “colaboradoras del enemigo”.
Entre las acusaciones formuladas contra ellas, tal como anuncian las autoridades e informan los medios de comunicación estatales, figuran las de presunta colaboración con Israel y/o Estados Unidos; posesión, venta o uso de equipos Starlink; compartir contenido sobre el conflicto en redes sociales; expresar opiniones a favor de los ataques aéreos contra la República Islámica y/o celebrar la muerte de altos cargos; enviar imágenes de lugares afectados por ataques aéreos de Israel y Estados Unidos a medios de comunicación “hostiles”, incluidos medios de comunicación en lengua persa fuera de Irán; difundir noticias falsas y rumores para perturbar la opinión pública; escribir consignas en lugares públicos; cooperar con medios de comunicación “terroristas”; “insultar la independencia y la libertad de Irán y a los símbolos sagrados del islam”, y “realizar actividades de propaganda contra el país, la bandera y símbolos nacionales y religiosos”.
Declaraciones oficiales, información recabada por Amnistía Internacional de familias de víctimas y de defensores y defensoras de los derechos humanos, así como informaciones de medios de comunicación y organizacionesde derechos humanos de fuera de Irán, indican que las autoridades también han aprovechado la excusa de la guerra para seguir aplastando a la sociedad civil. Las autoridades han detenido arbitrariamente, amenazado y/o citado a declarar a cientos de manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía, periodistas y otras personas que trabajan en medios de comunicación, activistas de la sociedad civil, activistas de los derechos laborales, estudiantes, docentes, familias de manifestantes y viandantes asesinados ilegalmente o ejecutados arbitrariamente que buscan justicia, y a miembros de minorías étnicas —como la árabe ahwazí, la baluchi y la kurda— y de minorías religiosas, como la fe bahaí y la cristiana.
Entre las personas perseguidas se encuentran profesionales de la abogacía que representan a personas procesadas en causas de motivación política. Por ejemplo, según grupos de derechos humanos, la fiscalía de Teherán citó a Amir Raisian y a Milad Panahipour el 29 de abril de 2026 y los acusó formalmente de “difundir mentiras” y de “difundir propaganda contra el sistema” por expresar públicamente su preocupación en relación con el debido proceso en el caso de su cliente, Ehsan Hosseinipour Hesarloo, de 18 años, que podría ser ejecutado en relación con las protestas de enero de 2026.
Como parte de la represión de la disidencia, las autoridades judiciales también han dictado órdenes de carácter general de identificar, bloquear y confiscar activos como cuentas bancarias, inmuebles y otras participaciones financieras de personas acusadas de cooperar con “Estados enemigos” o “medios de comunicación hostiles”.
En marzo de 2026, el poder judicial anunció el despliegue de un sistema digital denominado Saham para permitir la rápida identificación y confiscación de activos de personas a las que calificó de “terroristas y agentes mercenarios vinculados al enemigo sionista y otros países hostiles”. Desde entonces, las autoridades han anunciado la confiscación de los activos de más de 750 personas a las que se refiere como “traidores” y “agentes enemigos” que residen dentro y fuera de Irán, como periodistas de la diáspora.
Desapariciones forzadas, tortura y “confesiones” forzadas
Las autoridades han sometido a personas detenidas a reclusión en régimen de aislamiento, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, “confesiones” forzadas y denegación de acceso a un abogado.
Entre las que han sido objeto de desaparición forzada está la destacada abogada y defensora de los derechos humanos Nasrin Sotoudeh, que fue detenida arbitrariamente en Teherán el 1 de abril de 2026 y permaneció desaparecida alrededor de seis semanas. Según una fuente informada, tras su detención, las autoridades negaron a la familia toda información sobre su suerte y su paradero. Nasrin quedó en libertad bajo fianza el 13 de mayo de 2026.
Otras dos abogadas de derechos humanos, Astareh (Maryam) Ansari y Elham Zera’atpisheh, son asimismo víctimas de desaparición forzada desde su detención, en la provincia de Fars, el 3 y el 4 de mayo de 2026, respectivamente.
La periodista y defensora de los derechos humanos Mary Mohammadi, cristiana conversa, está sometida a desaparición forzada desde finales de febrero de 2026. Según una fuente informada, había viajado desde Teherán a Ahvaz, en la provincia de Juzestán, y estuvo en contacto con su familia hasta aproximadamente el 26 de febrero de 2026, cuando cesó la comunicación. Las autoridades se han negado a revelar a su familia su suerte o su paradero, pero, según la información recabada por Amnistía Internacional, la periodista estuvo recluida inicialmente en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia, en Ahvaz, hasta el 2 de abril, cuando fue trasladada a un lugar no revelado.
En otro caso documentado por Amnistía Internacional, las autoridades sometieron a varias semanas de desaparición forzada a un familiar de una persona defensora de los derechos humanos que trabajaba en un medio de comunicación en el extranjero para presionarla a fin de que dejase de informar sobre violaciones de derechos humanos en Irán.
Amnistía Internacional teme que estas y otras personas detenidas corren un grave peligro, sobre todo en el contexto de las denuncias de tortura y otros malos tratos en detención, y muertes bajo custodia en circunstancias sospechosas.
Amnistía Internacional ha documentado la existencia de tortura y otros malos tratos a personas detenidas desde el 28 de febrero de 2026 tales como simulacros de ejecución con ahorcamientos simulados y la introducción de una pistola en la boca, palizas, suspensión de manos y pies, reclusión prolongada en régimen de aislamiento y denegación de comida y atención médica.
Las autoridades también han usado “confesiones” forzadas como instrumento de propaganda, difundiendo vídeos en medios de comunicación estatales antes de las actuaciones judiciales. Amnistía Internacional ha examinado 18 vídeos que muestran decenas de “confesiones” forzadas de personas en estados visibles de angustia “confesando” actividades pacíficas como compartir vídeos de ataques aéreos con medios de comunicación extranjeros. Varios vídeos se emitieron los días en que fueron ejecutadas personas.
También se han denunciado varias muertes bajo custodia. Un caso denunciado a Amnistía Internacional es el de Hesam Alaeddin, quemurió en circunstancias sospechosas mientras estaba detenido. Según una fuente informada, Alaeddin fue detenido en Teherán en abril de 2026 cuando buscaba información sobre su hermano, que había sido detenido unas semanas antes en relación con la supuesta posesión de un dispositivo Starlink. La fuente dijo que las autoridades telefonearon a su familia varias semanas después de su detención para decirles que fueran a recoger su cadáver. Amnistía Internacional sigue sin saber con exactitud ni el momento ni las circunstancias exactas de su muerte.
En otro caso, Hossein Ghavi (Silavi), de la oprimida minoría étnica árabe ahwazí, murió bajo custodia después de ser detenido por la organización de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica en Ahwaz, provincia de Juzestán, a finales de marzo de 2026. Según informesde organizaciones de derechos humanos de fuera de Irán, las autoridades lo habían acusado de filmar zonas bombardeadas y enviar imágenes a medios de comunicación fuera del país. El 2 de abril de 2026, las autoridades telefonearon a su familia y le dijeron que había muerto, aunque no informaron de la causa del fallecimiento.
Juicios acelerados, ejecuciones y duras penas de prisión
Las autoridades han intensificado el uso de la pena de muerte como herramienta de opresión política, indicando abiertamente la aceleración de las actuaciones judiciales por cargos punibles con la pena capital que se siguen contra personas acusadas de presunta colaboración con Israel y/o Estados Unidos.
La máxima autoridad judicial de Irán, el presidente de la Magistratura, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha invocado en reiteradas ocasiones la seguridad nacional y las “condiciones de guerra” para amenazar a la población con castigos duros. Por ejemplo, en la primera semana de ataques de Estados Unidos e Israel, el 4 de marzo de 2026, advirtió de que las personas que “actúen conforme a los deseos e intereses ilegítimos del enemigo agresor serán tratadas de forma firme y severa”.
Incluso después del anuncio del frágil alto el fuego, el 19 de abril de 2026, en una reunión con miembros del Consejo Supremo de la Magistratura y fiscales provinciales, Gholamhossein Mohseni Ejei dio instrucciones a los funcionarios para que acelerasen el enjuiciamiento de “soldados rasos y cómplices del enemigo agresor”, subrayando la necesidad de una velocidad extrema.
Otras autoridades judiciales de todo el país, incluidos fiscales de Hamedán, Juzestán, Qazvin, Jorasán Razaví, Semnán y otras provincias han proferido amenazas similares.
Desde el 28 de febrero de 2026, las autoridades han ejecutado arbitrariamente al menos a 39 personas por cargos de motivación política después de juicios manifiestamente injustos empañados por la tortura: 16 manifestantes, nueve disidentes, 10 personas acusadas de espionaje para Estados Unidos y/o Israel y cuatro acusadas de “rebelión armada contra el Estado” (baghi). Decenas de personas más siguen en peligro.
Las autoridades también han impuesto duras condenas de prisión. Por ejemplo, el 23 de mayo de 2026, el director del departamento de justicia de la provincia de Semnán, Mohammad Sadegh Akbari, anunció que dos mujeres habían sido condenadas a 26 y 27 años de prisión, respectivamente, por “establecer contacto con redes hostiles y enviar contenido visual e información que necesita el enemigo para dirigir acciones de hostigamiento contra el honorable pueblo de Irán”, y añadió que las duras penas de prisión servirían de “lección” a otras personas.
“La comunidad internacional no debe permitir que las autoridades iraníes usen el conflicto como cortina de humo para reforzar su aparato represivo y cometer crímenes de derecho internacional con impunidad. Los derechos humanos de Irán y la crisis de impunidad exigen acciones diplomáticas internacionales urgentes y sostenidas para impedir que las autoridades cometan más crímenes atroces, así como establecer vías para la justicia internacional, incluso mediante la remisión por el Consejo de Seguridad de la ONU a la Corte Penal Internacional de la situación de Irán”, concluyó Erika Guevara Rosas.
