Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Buscar

El fallo condenatorio de un presentador de televisión por “injurias al presidente”, otro golpe a la libertad de expresión

Tawfiq Okasha. © Particular

El fallo condenatorio de un presentador egipcio por “injurias al presidente”, dictado el lunes, supone otro golpe a la libertad de expresión; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

 

Un tribunal de la gobernación de Luxor condenó a Tawfiq Okasha a cuatro meses de cárcel. Él no estaba presente cuando se dictó sentencia pero, según informes, se le ordenó pagar una fianza para permanecer en libertad en espera de la apelación.

 

 

De acuerdo con la información recibida, el juicio se celebró tras la denuncia de un ex parlamentario por los comentarios que el presentador había emitido sobre el presidente Morsi en su programa de debate, “Egipto hoy”.

 

Tawfiq Okasha es un conocido detractor del gobierno de Morsi y, según informes, ya ha sido objeto de otras causas parecidas por difamación. En la actualidad está sometido también a otro proceso judicial por presunta incitación a la violencia contra el presidente Morsi. En agosto fue suspendido su canal de televisión, Al Faraeen, al parecer por causa de sus declaraciones sobre las autoridades. En el momento de redactarse esta información la cadena seguía sin emitir.


Este fallo condenatorio es el último de una sucesión de ataques a la libertad de expresión en Egipto, donde en los últimos meses varias personas, incluidos periodistas y presentadores, se han enfrentado a una investigación criminal o a cargos por difamar a las autoridades. También se han presentado cargos contra otras personas por “difamar la religión”.


Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades que acepten las críticas públicas sobre sus posturas y acciones, por ofensivas que sean. Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Egipto tiene la obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, la difamación continúa tipificada como delito en el derecho egipcio y quienes critican públicamente a las autoridades se exponen a ser encarcelados. El artículo 179 del Código Penal egipcio, en virtud del cual fue al parecer condenado el lunes Tawfiq Okasha, establece una pena máxima de dos años de cárcel por el delito de “injurias al presidente”.


El uso de cargos por difamación en Egipto ha merecido las críticas del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria. En su decisión sobre un bloguero egipcio, pronunciada en noviembre de 2008, el Grupo de Trabajo afirmó que las autoridades egipcias debían tratar los delitos de difamación, libelo y calumnias conforme al derecho civil y que no debían dictarse penas de cárcel en tales casos.


Si se encarcela a Tawfiq Okasha solamente por “injurias” al presidente, Amnistía Internacional lo considerará preso de conciencia y pedirá su libertad inmediata e incondicional.


Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades egipcias que supriman de la legislación todas las disposiciones que reprimen la libertad de expresión, en particular la legislación sobre difamación que permite condenar a prisión a personas que han criticado a las autoridades.


Información general

 

La decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de noviembre de 2008 decía así: “El derecho fundamental a la libertad de opinión y de expresión, que está en el centro mismo del sistema de derechos humanos, debe prevalecer cuando se trata de crítica política, incluso cuando esta crítica se centra en las actividades de personas concretas que han asumido altas responsabilidades políticas.”


En los últimos meses, Amnistía Internacional ha documentado los casos de varias personas juzgadas por cargos relacionados con la libertad de expresión. Entre ellas están Islam Affifi, director de periódico sometido a juicio por “injurias al presidente” publicadas en Al Dostor, y Alber Saber Ayad, activista juzgado por “difamar la religión”.


La organización está investigando asimismo otros casos, incluidos informes de personas sometidas a investigación criminal por difamación de miembros del poder judicial, y de personas de diversas religiones acusadas y condenadas por blasfemia. Entre estos figuran los de un chií acusado de profanar una mezquita, dos musulmanes acusados de difamación del cristianismo por quemar un ejemplar de la Biblia y un cristiano condenado a seis años de cárcel por publicar en Internet imágenes consideradas ofensivas para el islam.