Los nuevos poderes anunciados por el presidente de Egipto pisotean el Estado de derecho y presagian una nueva era de represión, ha dicho Amnistía Internacional. Las modificaciones a la Declaración Constitucional de Egipto que se anunciaron ayer otorgan en la práctica al presidente facultades ilimitadas, impidiendo cualquier impugnación legal de sus decisiones hasta que el próximo año se elija una nueva cámara baja del Parlamento (la Asamblea Popular). Las modificaciones también permiten al presidente emprender las acciones y tomar las medidas que considere necesarias “para proteger al país y los objetivos de la revolución”.
En un discurso pronunciado hoy, el presidente Mohammed Morsi afirmó que actúa para acelerar la reforma y asegurar los logros conseguidos con el levantamiento. Sin embargo, pisotear el Estado de derecho no es la forma de garantizar los derechos humanos y asegurar que se hace justicia con las víctimas de la “Revolución del 25 de enero”. Amnistía Internacional insta al presidente egipcio a que respete el principio de igualdad de todos los ciudadanos –él incluido– ante la ley retirando las recientes enmiendas que le otorgan inmunidad en sus decisiones.
Además, “la ley que protege la revolución” –también anunciada anoche– permitirá al nuevo fiscal general prolongar las detenciones “hasta seis meses” para “proteger la revolución” mientras se investiga a las personas detenidas por cargos relativos a disposiciones del Código Penal sobre delitos relacionados con la prensa y los medios de comunicación, organización de protestas, huelgas laborales y “matonismo”. Tales disposiciones restrictivas se han utilizado habitualmente para castigar el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. En virtud de este decreto, que recuerda a la criticada ley del estado de excepción, podrá mantenerse detenidas a las personas por cargos falsos hasta seis meses antes de que finalmente sean llevadas a juicio.
Las modificaciones a la Declaración Constitucional disponen también la reapertura de las investigaciones y procesamientos en relación con los homicidios y las lesiones de manifestantes, así como los delitos de “terrorismo” perpetrados contra los “revolucionarios” por funcionarios del “régimen anterior” según una nueva ley. La nueva legislación elimina las disposiciones del Código de Procedimiento Penal de Egipto que impiden celebrar un nuevo juicio basándose en nuevas pruebas o circunstancias. También es aplicable a los delitos de “terrorismo” tipificados en la Ley Antiterrorista de 1992, criticada desde hace tiempo por su vaga definición de este término. Según los informes, el nuevo fiscal general de Egipto afirmó que el ex presidente Hosni Mubarak y el ex ministro del Interior Habib Adly, así como otros altos funcionarios de este Ministerio, volverían a ser juzgados. Tanto Mubarak como Adly habían sido condenados a cadena perpetua en junio de 2012 por el homicidio de manifestantes en la “Revolución del 25 de enero”, un juicio en el que resultaron absueltos otros seis altos cargos de seguridad. La nueva ley establece asimismo la figura de los fiscales y jueces especializados para examinar este tipo de casos. Las normas internacionales de derechos humanos permiten la celebración de nuevos juicios en casos de absolución en circunstancias excepcionales, cuando han salido a la luz nuevas pruebas. Sin embargo, Amnistía Internacional teme que en la práctica esta nueva disposición pueda ser utilizada de forma abusiva por el ejecutivo para socavar el poder judicial y los derechos de los acusados.
El decreto del presidente Morsi retira al poder judicial la facultad de disolver la Asamblea Constituyente y la cámara alta del Parlamento (Consejo de la Shura). Estaba previsto que a comienzos de diciembre el Tribunal Supremo Constitucional fallara sobre la formación de la Asamblea Constituyente y el Consejo de la Shura, y muchos esperaban que ordenara su disolución, como había hecho con la Asamblea Popular en junio de 2012.
En octubre, el presidente intentó sin éxito destituir al fiscal general –algo que no figura entre sus facultades según las leyes egipcias– tras la absolución de todos los acusados en el juicio de la “Batalla del Camello”, relativo a los enfrentamientos entre manifestantes a favor y en contra de Mubarak en la plaza Tahrir en febrero de 2011. Los tribunales penales han absuelto a la mayoría de los agentes de policía acusados del homicidio de manifestantes durante el levantamiento de 2011. Por lo general, los jueces han considerado que las pruebas contra los agentes eran insuficientes, o que el uso de la fuerza por parte de la policía había estado justificado para proteger las comisarías del ataque de los manifestantes. Si bien Amnistía Internacional criticó estas absoluciones, la organización considera que la rendición de cuentas y la justicia no pueden conseguirse socavando el sistema judicial, sino reformándolo y fortaleciéndolo.
Hoy, miles de egipcios han salido a la calle en todo el país para protestar por el decreto presidencial, dictado tras los actos de violencia y los enfrentamientos que venían produciéndose desde el 19 de noviembre entre la policía antidisturbios y los manifestantes en la plaza Tahrir y la cercana calle de Mohamed Mahmoud, que conduce al Ministerio del Interior. Ayer fue incendiado el estudio de la cadena de televisión Al Yazira en la plaza Tahrir. Según los informes, el fuego fue provocado por unos manifestantes. El 20 de noviembre, Mohamed Gaber Salah, miembro del movimiento prodemocrático Juventud del 6 de Abril, resultó gravemente herido por perdigones, mientras que decenas de manifestantes más sufrieron lesiones en enfrentamientos con la policía antidisturbios cerca de la calle Mohamed Mahmoud y otras calles cercanas a la plaza Tahrir. Las protestas conmemoraban el primer aniversario de las protestas masivas de 2011 contra el régimen militar, en las que las fuerzas de seguridad mataron a más de 50 manifestantes.
