Madrid.- El pasado 7 de diciembre Haitam Mejri, de 35 años, murió tras recibir al menos once descargas de arma táser, además de golpes, presión sobre el cuello y tórax y ser rociado con espray irritante, por parte de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en un locutorio de Torremolinos. Amnistía Internacional considera que la actuación policial no es compatible con lo que disponen los estándares internacionales sobre uso de la fuerza contra una persona que en ningún momento constituyó una amenaza vital para los agentes, y solicita una investigación para determinar si la muerte constituyó una violación del derecho a la vida como consecuencia de un uso excesivo de la fuerza que pueda ser calificado como tortura o malos tratos.
“Hemos observado con gran preocupación, no solo cómo se desarrolló la actuación policial, sino también la respuesta que proporcionó la Secretaría de Estado de Interior a una pregunta parlamentaria sobre este caso, avalando el empleo en modo directo del táser, así como el hecho de que la investigación judicial se encuentre en estos momentos archivada provisionalmente. Una actuación de violencia policial como esta no puede quedar impune, como tantas otras han quedado”, señala Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional sobre armas. “¿Tendremos que esperar otra muerte más para que se regule mejor el uso de este tipo de armas potencialmente letales?”, denuncia Canales.
La información a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional corrobora el hecho de que esta actuación policial deba ser investigada con prontitud y exhaustividad. Por un lado, la víctima, ya inmovilizada, fue objeto de numerosas agresiones por los seis agentes del CNP que participaron en dicho operativo. Amnistía Internacional ha podido constatar cómo la primera descarga con dispositivo de electroshock (Taser) contra Haitam se produjo cuando los agentes ya le habían engrilletado una de las muñecas, recibiendo al menos cuatro descargas, también un puñetazo en la cara, ya en situación de inmovilización. Varias de estas descargas le fueron aplicadas en su espalda. Tras proceder los agentes a engrilletar la segunda muñeca a Haitam, Haitam siguió recibiendo descargas mientras un policía le hacía una maniobra de inmovilización con la rodilla en el cuello, apoyando claramente todo su peso, ejerciendo presión sobre cuello y tórax, una maniobra que hasta donde consta a la organización se mantuvo por espacio superior a los diez minutos. Después, y pese a encontrarse bajo esta maniobra de inmovilización, Haitam continuó recibiendo descargas.
Amnistía Internacional, que sigue documentando el caso y se ha puesto en contacto con la Fiscalía y con la Secretaría de Estado del Ministerio de Interior para exigir una investigación sobre los hechos y revisar los protocolos de uso de táser, considera que existen indicios para determinar que se han vulnerado los artículos 2 (derecho a la vida) y 3 (prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
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El Juzgado de Instrucción nº1 de Torremolinos encargado de la investigación de los hechos ha archivado provisionalmente la causa a la espera del informe forense, sin haber practicado ninguna otra diligencia de investigación, como la declaración a los agentes intervinientes o a testigos presenciales de los hechos. Para Amnistía Internacional esto resulta sorprendente y muy preocupante, cuando ya hay bastantes indicios que indican que es necesaria una investigación, no solo los anteriormente mencionados sino también el hecho de que los agentes, que portaban cámaras unipersonales, interrumpieron la grabación deliberadamente tras percatarse de que las cámaras estaban grabando. Y no avisaron a los sanitarios que acudieron a lugar del uso que habían hecho de las armas táser.
Amnistía Internacional ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por el uso de dispositivos de descarga eléctrica en el mundo, debido a la alarmante falta de regulación. En el caso de España, la organización ha señalado cómo la incorporación de las pistolas táser en el equipamiento policial debería ir precedida de una evaluación exhaustiva sobre las necesidades operativas que justifican su adquisición, debido a los riesgos que conllevan de causar lesiones graves o incluso la muerte, y la posibilidad de abusos en su utilización.
El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha referido a las fuertes reservas del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa respecto del uso de armas de electrochoque, en especial cuando se aplican en modo de contacto directo, ya que causan un dolor intenso y una incapacidad temporal. A este respecto, ha subrayado que los agentes de la ley debidamente formados disponen de muchas otras técnicas de control cuando se encuentran a distancia de contacto de una persona a la que deben someter.
