La muerte de Haitam Mejri tras una intervención policial en Torremolinos ha generado una fuerte demanda de justicia. Amnistía Internacional pide que se investigue lo ocurrido para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza, si la actuación policial fue desproporcionada y si se vulneraron derechos humanos.
¿Qué pasó con Haitam Mejri en Torremolinos?
El 7 de diciembre de 2025, Haitam Mejri se encontraba en un locutorio de Torremolinos cuando el propietario del establecimiento avisó a la policía.
Tras la llegada de seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía, se produjo una intervención para reducirlo. Durante esa actuación, según la información disponible, Haitam Mejri fue inmovilizado y recibió múltiples descargas de pistola táser, además de otros medios de fuerza como espray irritante y técnicas de sujeción física. Después de la intervención policial, Haitam Mejri entró en parada cardiorrespiratoria y falleció.
La familia de Haitam Mejri ha recurrido el archivo de la causa y pide que se investigue su muerte para esclarecer lo ocurrido. © Particular
¿Qué ha pasado con la investigación de la muerte de Haitam Mejri?
La investigación sobre la muerte de Haitam Mejri fue archivada provisionalmente en abril de 2026 por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Torremolinos. Según la información disponible, esta decisión se adoptó sin llegar a tomar declaración a los agentes implicados en la intervención.
Ante este archivo, la familia de Haitam Mejri ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Provincial de Málaga, al considerar que no se han investigado de forma suficiente las circunstancias de su muerte.
¿Por qué Amnistía Internacional pide investigar la muerte de Haitam Mejri?
Amnistía Internacional considera que la muerte de Haitam Mejri debe ser objeto de una investigación exhaustiva, independiente e imparcial para aclarar lo ocurrido durante la intervención policial y determinar posibles responsabilidades.
En primer lugar, la organización subraya que está en juego el derecho a la vida, protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando una persona muere bajo custodia o como consecuencia de una actuación policial, el Estado tiene la obligación de investigar de manera efectiva si esa muerte pudo evitarse y si se respetaron las garantías legales.
Además, Amnistía Internacional advierte sobre el uso de la fuerza por parte de agentes policiales, que debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Según estos estándares, la fuerza solo puede emplearse cuando sea estrictamente necesario y en la medida adecuada para la situación. En este caso, la organización pide esclarecer si la actuación fue proporcional o si pudo constituir un uso excesivo de la fuerza.
Por último, Amnistía Internacional alerta de los riesgos asociados al uso de armas como las pistolas táser, especialmente cuando se utilizan sobre personas en estado de agitación, bajo los efectos de sustancias o en situaciones de vulnerabilidad. La organización lleva tiempo señalando que su uso en estas situaciones puede aumentar el riesgo de consecuencias graves, incluida la muerte, por lo que insiste en la necesidad de revisar cómo y cuándo se emplean.
Ante estos elementos, Amnistía Internacional reclama que no se archive el caso sin una investigación completa que permita determinar si en la muerte de Haitam Mejri se produjeron vulneraciones de derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y otros malos tratos.
¿Cuándo puede considerarse excesivo el uso de la fuerza policial?
El uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad está regulado por principios claros en el derecho internacional de los derechos humanos. En términos generales, se considera excesivo cuando no cumple con los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
En primer lugar, la legalidad implica que cualquier uso de la fuerza debe estar previsto en la ley y ajustarse a normas claras. La necesidad exige que solo se recurra a la fuerza cuando no existan alternativas eficaces, como la mediación o la desescalada de la situación. Además, la proporcionalidad obliga a que el nivel de fuerza utilizado sea el mínimo imprescindible en función del riesgo real al que se enfrentan los agentes o terceras personas.
El uso de la fuerza puede considerarse excesivo cuando se emplean medios más intensos de lo necesario, cuando se prolonga en el tiempo sin justificación o cuando se aplica sobre personas que ya han sido reducidas o no representan una amenaza real. También puede serlo cuando se utilizan dispositivos potencialmente peligrosos sin evaluar adecuadamente las condiciones de la persona afectada o el contexto de la intervención.
Asimismo, la ausencia de control y supervisión posterior puede agravar la consideración de uso excesivo. La rendición de cuentas es un elemento clave: todas las actuaciones deben poder ser revisadas para determinar si se ajustaron a los estándares legales y, en su caso, depurar responsabilidades.
En este sentido, el análisis de si hubo uso excesivo de la fuerza no depende únicamente del resultado final, sino del conjunto de decisiones adoptadas durante la intervención y de si estas respetaron los principios que rigen la actuación policial en un Estado de derecho.
Las pistolas táser pueden causar la muerte, facilitar malos tratos y provocar lesiones físicas y psicológicas. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional piden que se limite estrictamente su uso y se revisen sus protocolos.
¿Qué problemas plantea el uso de pistolas táser en la policía en España?
Las pistolas táser son dispositivos diseñados para incapacitar temporalmente a una persona mediante descargas eléctricas. Aunque se presentan como armas “menos letales”, su uso por parte de la policía en España plantea riesgos desde el punto de vista de los derechos humanos y la seguridad.
Uno de los principales problemas es la falta de transparencia y control sobre su uso. No siempre existe información pública detallada sobre en qué situaciones se emplean, con qué frecuencia o cuáles son sus consecuencias, lo que dificulta evaluar si se ajustan a los estándares internacionales.
También preocupa el riesgo para la salud. Diversos organismos han advertido de que las descargas eléctricas pueden provocar efectos graves, especialmente en personas con determinadas condiciones médicas o en situaciones de vulnerabilidad, como estados de agitación extrema o consumo de sustancias.
Otro aspecto clave es la posibilidad de uso indebido o excesivo. Al tratarse de un arma percibida como menos peligrosa que las armas de fuego, existe el riesgo de que se utilice en situaciones en las que no sería necesario recurrir a la fuerza, o como alternativa a técnicas de desescalada.
Además, organizaciones de derechos humanos han señalado la necesidad de establecer protocolos claros, formación específica y mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que su uso sea realmente excepcional, proporcional y supervisado.
El derecho internacional obliga a investigar las muertes tras intervenciones policiales y a garantizar verdad, justicia y reparación.
¿Qué dice el derecho internacional sobre las muertes tras intervenciones policiales?
El derecho internacional de los derechos humanos establece que, cuando una persona muere como consecuencia de una actuación policial o bajo custodia del Estado, existe una obligación clara de investigar lo ocurrido. Esta investigación debe ser pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, y orientada a determinar si el uso de la fuerza fue legal y a identificar posibles responsabilidades.
Este deber se deriva, entre otros, del derecho a la vida. Según la jurisprudencia internacional, no basta con determinar la causa de la muerte: las autoridades deben analizar cómo y por qué se produjo, incluyendo la actuación de los agentes implicados.
Además, existen estándares internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Estos principios establecen que la fuerza solo puede emplearse cuando sea estrictamente necesaria, de forma proporcional a la situación y como último recurso. En particular, el uso de medios potencialmente peligrosos debe estar sujeto a controles estrictos y a una evaluación constante de riesgos.
Dentro de este marco, las muertes tras intervenciones policiales requieren un escrutinio reforzado. Las autoridades deben garantizar no solo que se investigue lo ocurrido, sino también que el proceso sea transparente y permita a las víctimas y sus familias acceder a la verdad, la justicia y la reparación.
Este conjunto de obligaciones forma parte del marco general de protección de los derechos humanos, cuyo objetivo es evitar la impunidad y asegurar que el ejercicio de funciones policiales se realice con pleno respeto a la dignidad y los derechos fundamentales.
¿Qué pide Amnistía Internacional en el caso de Haitam Mejri?
Amnistía Internacional pide que la muerte de Haitam Mejri sea investigada de forma exhaustiva, independiente e imparcial, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido durante la intervención policial y determinar posibles responsabilidades.
En concreto, la organización reclama que no se cierre el caso sin practicar todas las diligencias necesarias, incluidas la toma de declaración a los agentes implicados y el análisis completo de las circunstancias en las que se produjo la intervención. También insiste en que se evalúe si el uso de la fuerza fue proporcional y si se respetaron los derechos humanos de Haitam Mejri, en particular su derecho a la vida.
Además, Amnistía Internacional subraya la importancia de garantizar verdad, justicia y reparación para la familia, así como de adoptar medidas que eviten que hechos similares puedan repetirse en el futuro.
Para ello, la organización ha puesto en marcha una recogida de firmas dirigida a las autoridades para exigir una investigación efectiva. Haitam Mejri murió tras una intervención policial en Torremolinos en la que se utilizó una pistola táser. Firma para exigir que se esclarezca lo ocurrido y se depuren responsabilidades.
