Ante las detenciones que tuvieron lugar anoche en torno a la calle Antonio López del barrio de Usera, en Madrid, y que terminaron con la detención del activista antiracista y exdiputado autonómico de Podemos, Serigne Mbaye, en el portal de su domicilio y otra seis personas más, entre ellas un periodista y un colaborador de El Salto y cuatro vecinos de la zona, el responsable de investigación de Amnistía Internacional, Daniel Canales, ha señalado: “La organización ha iniciado una investigación sobre el caso ya que hemos visto con preocupación imágenes de detenciones que pueden ponen en riesgo la integridad de los detenidos. También queremos recordar, una vez más, que se deben prohibir las identificaciones por perfil racial de forma expresa en la ley, introduciendo los denominados formularios de parada, que permitan identificar prácticas discriminatorias”.
“Asimismo, nos preocupa los indicios de uso excesivo de la fuerza por parte de algunos agentes durante las detenciones”, lamenta Canales, que indica que la organización ha podido visionar imágenes en las que se actúa contra Serigne Mbaye y contra un vecino para su detención, que se encuentra boca abajo en mitad de la calzada, acabando inmovilizado con la rodilla de un agente sobre su espalda. “Este tipo de maniobras de alta intensidad conllevan riesgos para la integridad, y resultan excesivas respecto de personas ya bajo control, que no están ni estaban ejerciendo violencia grave”.
Todas las personas detenidas han quedado en libertad a lo largo de la noche. Se les atribuyen, según distintos medios, delitos de atentado contra la autoridad y lesiones, resistencia y desobediencia.
La versión policial asegura que Mbaye y un grupo de personas se enfrentaron violentamente a la policía, después de que uno de los individuos al que iban a detener tratara de huir. También se indica que cinco policías resultaron con lesiones.
“Desconocemos por el momento la realidad de estas aseveraciones realizadas por la policía. Pero no es la primera vez que en AI constatamos discrepancias entre versiones y atestados policiales y la versión de quienes sufren actuaciones policiales que pueden suponer violaciones de derechos humanos. Hemos denunciado casos como el de Javitxu, que entró en prisión solo con base en la versión policial. Hemos conocido casos también en los que, tras una actuación policial con, incluso, resultado de muerte, sindicatos policiales apresuradamente las justifican con base en prejuicios o información falsa, como en el caso de Haitam”.
También son numerosos los casos documentados por AI de identificaciones policiales con sesgo racial, así como aquellos en los que preguntar a un agente policial por los motivos de una identificación acaban en sanciones por aplicación de la Ley Mordaza.
Fin de las redadas por perfil racial
Tal y como recordamos en nuestro último comunicado, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en un informe de 2024 realizado sobre trece países europeos, muestra que las personas negras tienen un mayor riesgo de ser objeto de controles policiales. En España el 34% de los hombres afrodescendientes fueron objeto de paradas e identificaciones policiales en los cinco años anteriores a la investigación. Entre las personas a las que la policía detuvo durante el año anterior al informe, en el Estado español el 66% consideró que su última detención se debió a la discriminación racial, siendo el segundo país con la tasa más alta del los países europeos.
Los controles policiales racistas son una práctica arraigada que contribuye a generar desconfianza hacia las fuerzas policiales, aumenta la infradenuncia de vulneraciones de derechos y refuerza el sentimiento de indefensión entre las personas afectadas. Además las paradas, identificaciones y redadas racistas tienen graves consecuencias para las personas, afectando a su salud física y emocional, al verse sometidas a controles injustificados en espacios públicos, y profundizan la estigmatización social al tiempo que vulnera libertades y derechos fundamentales.
Para acabar con ellas es necesario modificar el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, incluyendo la prohibición expresa de las paradas e identificaciones basadas en el perfil racial o étnico.
