“La comunidad internacional debe levantar con urgencia las restricciones financieras impuestas a Afganistán que están bloqueando el envío de atención médica, alimentos y otros servicios esenciales, y acelerar la entrega de más asistencia humanitaria para evitar una crisis creciente que amenaza la vida de decenas de millones de personas”, ha declarado Amnistía Internacional.
La combinación de suspensión de la ayuda extranjera, bloqueo de activos del gobierno afgano y sanciones internacionales a los talibanes ha hundido a un país que ya tiene un elevado grado de pobreza en una verdadera crisis económica. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH), 22,8 millones de personas (de una población de aproximadamente 39-40 millones) padece inseguridad alimentaria aguda y hambre, mientras el Programa Mundial de Alimentos (PMA) calcula que al menos un millón de niños y niñas sufre ya desnutrición aguda. La ONU afirma que, para evitar el desastre, hacen falta más de 200 millones de dólares estadounidenses de ayuda humanitaria al mes.
“Los niveles actuales de asistencia humanitaria son insuficientes para abordar una crisis en la que millones de personas afganas se hunden en la pobreza y corren el riesgo de sufrir hambre. En los últimos meses, hemos visto a los países prometer y comprometerse a enviar ayuda a Afganistán, pero este apoyo aún no ha llegado a quienes más lo necesitan”, afirmó Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia Meridional.
“En apenas unos meses, la situación ya es crítica. En el sector público y en el privado, la gente no ha recibido su salario, no tiene acceso a dinero y no puede permitirse comprar ni siquiera productos esenciales. La inseguridad alimentaria es un problema en todo el país. Afganistán está frente al precipicio: sin un programa urgente de apoyo internacional selectivo y si no se permite el uso de las reservas del gobierno afgano para ayudar a la población del país, se dan las condiciones propicias para que se produzca una catástrofe humana en los próximos meses.”
Los talibanes siguen en listas de grupos sancionados internacionalmente y, tras la captura de Kabul por el grupo el 15 de agosto, los donantes extranjeros de Afganistán han retenido y retirado fondos del país. Según el Banco Mundial, antes de la toma del poder por los talibanes, las ayudas representaban el 43% del producto interior bruto de Afganistán y alrededor del 75% de su gasto público.
La situación ha dejado el sistema bancario del país al borde del colapso. Hay largas colas frente a los bancos y los cajeros automáticos, que no dispensan dinero en metálico. El precio de los productos ha subido vertiginosamente mientras el valor de la moneda del país ha caído en picado.
En agosto, la administración Biden congeló 9.500 millones de dólares estadounidenses del Banco de Afganistán, el banco central del país. La UE siguió su ejemplo el 17 de agosto retirando 1.400 millones de dólares en desarrollo y ayuda de emergencia (que había comprometido para el periodo comprendido entre 2021 y 2025) a los sectores de la asistencia médica, la agricultura y la aplicación de la ley. La retirada de los fondos de la UE precipitó el cierre inmediato de al menos 2.000 centros de salud que atendían a unos 30 millones de personas en el país.
El FMI ha congelado el acceso de los talibanes a 460 millones de dólares de fondos. Otras instituciones internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo han suspendido también los pagos a sus proyectos en Afganistán.
Los trabajadores y trabajadoras del sector público llevan meses sin cobrar, y, según los medios de comunicación locales, siguen pendientes de pago los salarios de alrededor de 1,2 millones de personas que trabajan en el sector privado, pues ni el gobierno ni las entidades empleadoras tienen acceso a fondos para hacer pagos. Según el Programa de Desarrollo de la ONU, la tasa de pobreza del país, actualmente del 72%, llegará al 97% a mediados de 2022.
La inseguridad alimentaria ya amenazaba el país incluso antes de la toma del poder por los talibanes, pues Afganistán padeció cuatro años de sequía extrema, recesión económica y desplazamiento interno masivo. Hay más de 4 millones de personas internamente desplazadas en Afganistán —de las que más de 570.000 han sido desplazadas desde enero— que viven en condiciones desesperadas.
Aunque la comunidad internacional ha hecho toda una serie de promesas de ayuda humanitaria, los equipos y las cantidades de efectivo prometidos no serán suficientes para hacer frente a la escala de la crisis que afronta el país. Además, con el acceso casi imposible a muchas zonas del país durante el invierno, también es esencial que toda la ayuda se planifique cuidadosamente y se entregue a tiempo.
“La ayuda humanitaria y el uso de fondos públicos para servicios esenciales no debe politizarse. Los países donantes deben elaborar con urgencia un plan de acción integral para la distribución de ayuda financiera y humanitaria en consulta con las ONG y otras agencias humanitarias en el terreno. Esto debe incluir vigilancia internacional y una mejor información pública periódica que garantice que la ayuda llega a quienes más la necesitan. Al mismo tiempo, los talibanes deben cooperar dando acceso sin restricciones a las agencias de la ONU y los grupos humanitarios para que hagan su labor”, concluyó Yamini Mishra.
“La máxima prioridad de la comunidad internacional debe ser prevenir las muertes y el sufrimiento de la población de Afganistán y proteger sus derechos humanos. Todos los gobiernos y organizaciones internacionales deben revisar las políticas existentes, incluida la congelación de ayuda, activos y transacciones financieras, a favor de una solución que permita el uso de fondos del banco central para cubrir necesidades esenciales, como el pago a trabajadores y trabajadoras, con el fin de prevenir una catástrofe humanitaria y de derechos humanos. Esto podría conllevar el levantamiento de sanciones a las autoridades talibanas condicionado al uso de los fondos.”
Información complementaria
En la conferencia de la ONU celebrada en Ginebra en septiembre, la comunidad internacional prometió 1.200 millones de dólares estadounidenses en ayuda humanitaria y para el desarrollo. En la Cumbre del G20 de octubre, la UE prometió 1.150 millones de dólares para evitar la crisis humanitaria en Afganistán.
